Desde el Gobierno y Bruselas se repite un mismo mensaje: España necesitará incorporar 3,5 millones de inmigrantes en los próximos años para afrontar el fuerte aumento de jubilaciones que se avecina. Pero, ¿es esa la única salida o más bien un relato interesado?
Conviene aclarar un punto esencial: las pensiones públicas no dependen únicamente de las cotizaciones sociales. En España ya se transfieren cada año miles de millones desde los Presupuestos Generales para cubrir parte del gasto. La idea de que la Seguridad Social es una <<caja cerrada>> es, sencillamente, falsa. Lo que garantiza las pensiones no es la aritmética de los cotizantes, sino la capacidad del Estado para sostenerlas a través de su política fiscal.
El primer reto, a menudo olvidado, es el empleo. En mayo de 2025, los datos oficiales sitúan el número de parados registrados en 2,45 millones. A este volumen habría que añadir el importante número de jóvenes cualificados que emigraron, en torno a medio millón, muchos de los cuales podrían regresar si se generan oportunidades laborales dignas con buenos salarios. El objetivo debe ser claro: avanzar hacia el pleno empleo y recuperar a esa población activa, con su experiencia y su potencial de aportar más al sistema. Eso supondría un impulso mucho más eficaz que traer inmigración de baja productividad.
El segundo gran eje es el modelo productivo. Si lo que importa es la capacidad real de generar riqueza, lo sensato es apostar por la reindustrialización, la innovación y la tecnología. España no puede seguir dependiendo de empleos precarios y mal pagados: necesita un cambio hacia actividades de mayor valor añadido que permitan producir más y mejor con menos mano de obra. Con una economía de base sólida, no será necesario importar millones de trabajadores para sostener el crecimiento.
El tercer factor es la soberanía fiscal y monetaria. Aunque España no tiene moneda propia y depende del Banco Central Europeo, puede y debe aspirar a recuperar su soberanía. El límite de las pensiones no está en el número de cotizantes, sino en la capacidad de la economía para producir sin que aparezcan problemas inflacionarios. La política fiscal debe acompañar ese crecimiento, sin estimular la demanda cuando se ha alcanzado el pleno empleo y no se puede producir más en el corto plazo. Se trata de adecuar las políticas a la capacidad productiva real, y no de resignarse a la narrativa de la insostenibilidad.
Por último, está el reto de la natalidad. España se encuentra muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, lo que compromete el futuro mismo de la sociedad. Fomentar los nacimientos no es un asunto cultural ni un simple deseo: es una necesidad existencial, económica y social. Sin relevo generacional interno, cualquier sistema de pensiones se resquebraja a medio plazo.
Además, conviene recordar que el discurso de la supuesta inviabilidad de las pensiones públicas no es nuevo: lleva décadas repitiéndose y ha servido, sobre todo, para abrir espacio a los fondos privados de pensiones y a las aseguradoras. Pero esos fondos no son ninguna garantía. El ejemplo del Reino Unido es revelador: en 2022, tras el llamado mini-budget, los fondos privados de pensiones entraron en crisis y estuvieron al borde del colapso, lo que obligó al Banco de Inglaterra a intervenir de urgencia para evitar un desastre mayor. Es decir, cuando fallan los mercados, siempre acaba interviniendo el Estado. Pretender que la solución pase por privatizar es condenar a los ciudadanos a un sistema más frágil, más caro y, en última instancia, menos seguro.
En conclusión, España no necesita inmigración masiva para sostener las pensiones. Lo que necesita es avanzar hacia el pleno empleo incorporando a sus parados y emigrados al mundo laboral, reindustrializarse para cambiar el modelo productivo, fomentar la natalidad y aspirar a recuperar su soberanía para aplicar un marco fiscal que permita asegurar pensiones públicas a sus ciudadanos en un futuro sólido y próspero.
