En las últimas semanas hemos asistido a otro episodio de acoso y cancelación por parte de colectivos y entidades que supuestamente defienden los derechos de las personas trans. Sandra Mercado, autor de La estafa del transgenerismo: memorias de una detransición, tenía dispuesto realizar un acto para presentar su libro y hablar de su experiencia el pasado viernes 17 de noviembre en la localidad de Vic (Barcelona). La charla, que estaba organizada por Fòrum de Debats, finalmente ha sido suspendida ya que, tal y como ellos cuentan, el ayuntamiento de Vic ha «cedido a las presiones» y ha seguido las «orientaciones» de algunos departamentos de la Generalitat no permitiéndoles utilizar el local habitual para el acto.
Las declaraciones de Sandra Mercado en redes sociales no fueron exactamente de sorpresa. Hizo hincapié en que el acoso que recibe por redes no es nuevo y que tiene que enfrentarse a él cada vez que acude a radio, prensa o es llamado para hacer otro acto. Denuncia que las entidades trans le amenazan y le insultan con todo su poder para que no pueda dar una charla «como hombre homosexual tras su experiencia en la transexualidad». Por otro lado, también expresó su cariño y apoyo a los organizadores a quienes considera unos «valientes» y que también «siguen estando con muchas presiones».
Este ha sido uno de los muchos episodios de censura por parte de ciertos colectivos muy ruidosos que no representan a la sociedad española y que pretenden silenciar cualquier opinión disonante para colar por la puerta de atrás y sin debate sus medidas legislativas con relación al transgenerismo. Estos movimientos van más allá de cancelar ciertos actos que sugieran un debate, tal y como ha ocurrido con Sandra Mercado. Las opiniones que se vierten tanto en redes sociales como en prensa también son perseguidas y buscan un castigo para quienes osen expresarse en contra de lo políticamente correcto. Y aunque el caso más sonado internacionalmente pueda ser el de J.K. Rowling —algunos miembros de estos colectivos pro derechos trans han llegado a quedar para quemar libros de la autora—, hemos tenido otros en España, más o menos sonados, que vamos a repasar a continuación.
Exigen su despido por darle «me gusta» a unos tweets
María Luz Castro es una ingeniera informática que ha dedicado gran parte de su trabajo a los videojuegos. Es profesora en la Universidad de La Coruña y está vinculada a la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV). ¿Su delito? Darle ‘me gusta’ a una serie de tweets de la red social X que mostraban preocupación por los derechos de las mujeres en relación a la reciente legislación trans. Este hecho fue suficiente para que colectivos en pro de los derechos de los transexuales la atacasen en redes sociales y exigiesen su despido durante este pasado mes de octubre.
Numerosas asociaciones defendieron a María Luz Castro y pidieron a la asociación DEV que no la depusiera de su cargo ni sus funciones ante las enfervorecidas presiones de diversos colectivos trans. DEV finalmente informó en un comunicado que había instado a María Luz Castro a ofrecer una réplica, cosa que hizo, justificando sus ‘me gusta’ en su derecho a la libertad de expresión.
Twitter le cancela la cuenta a Paula Fraga
El pasado mes de marzo pudimos asistir a otro acto de censura simplemente por opinar. En este caso, fue la propia empresa Twitter la que suspendió la cuenta de la activista Paula Fraga debido a que expresó su preocupación por la supervivencia del deporte femenino en diversos tweets.
Aquí se refería al sonado caso de la nadadora Lia Thomas, que cuando competía como varón ocupaba el puesto número 462 del ranking para pasar al número 1 del ranking femenino después de transicionar. En declaraciones a diversos medios, Paula Fraga expresó que también ha sido acosada y amenazada por su activismo y nunca ha tenido el respaldo de las instituciones, pues considera que existe un feminismo institucional que no es posible criticar.
Batalla en el juzgado: de Lidia Falcón a Lucía Etxebarría
En otras ocasiones, los ataques no se quedan en las ofensivas exigencias de despido que hemos visto con anterioridad, sino que terminan en el juzgado.
En el pasado mes de septiembre, Lucía Etxebarría fue denunciada por Marcos Ventura Arias, quien había sido cargo en la secretaría para Iberoamérica de las Juventudes Socialistas y en el Gobierno de Canarias, que como fundamenta en su denuncia asegura que se trata de «una persona trans no binaria que emplea los pronombres y el género gramatical femeninos para referirse a sí misma». Supuestamente, Lucía Etxebarría habría sugerido la posibilidad de que Marcos Ventura pudiera ser un «hombre». La parte demandante le reclama 11.000 euros en daños. En uno de sus tweets, Lucía Etxebarría se defendía escribiendo «Me acaban de decir que es “repugnante” que yo enseñe a estas fotos PÚBLICAS de un cargo PÚBLICO en una organización PÚBLICA, y que diga que yo aquí veo un hombre. Me encantaría que me respondáis: ¿Cuántas veis aquí a una mujer? Es importante para mí. Gracias.»
Por supuesto, no es el único caso en el que activistas se ven denunciados. Hace ya más de dos años conocimos que fue archivada la denuncia contra el Partido Feminista de Lidia Falcón por unas declaraciones de ésta.
Fueron dos denuncias, la primera presentada por Mar Cambrollé, en representación de la Federación Plataforma Trans, y ampliada en octubre de 2020. La segunda data de julio de 2020 y fue presentada por la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Cataluña, a instancias de la asociación Generem.
Lidia Falcón declaró en un manifiesto de su partido que «los homosexuales tienen como objetivo importante poder alquilar úteros femeninos para producir niños o niñas que quieren conseguir para su propio disfrute como un objeto más que añadir a sus posesiones«. Y en otro manifiesto publicado poco después afirmó que la ley trans «abre la puerta —y esta es su real intención— a legalizar la trata de mujeres para alquilar los úteros que fabriquen niños comprados por los ‘progenitores no gestantes’ con dinero». Finalmente, la fiscalía argumentó que no hubo «propósito de estigmatizar o generar odio, hostilidad, discriminación o violencia hacia el colectivo trans», por lo que la causa fue archivada.
Censurados por defender que el sexo es biológico
Por último, tenemos que hacer referencia tanto a José Errasti como a Marino Pérez. Ambos son autores del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado: éxito y miseria de la identidad de género, y recientemente acaban de publicar junto a Nagore de Arquer «Mamá, soy trans: una guía para familias de adolescentes con conflictos de género». En junio de este año, el propio José Errasti y la psicóloga Silvia Carrasco denunciaron en un comunicado que la cadena TV3, y más concretamente, el programa 30Minuts, habían eliminado la presencia de ambos profesores en el programa, aún cuando ambos habían sido entrevistados ya por el programa de televisión e incluso habían desplazado un equipo a grabar la presentación del libro «Mamá, soy trans» a Oviedo. Ambos fueron entrevistados por su opinión académica y crítica frente al transgenerismo, pero según Errasti, fue el director del programa 30Minuts quien en una llamada telefónica días previos a la emisión del programa le informó que había sido decisión de la dirección de TV3 el no incluir las entrevistas en el programa.
No fue el único episodio de cancelación al que se han enfrentado estos protagonistas. En mayo de 2022, en la presentación en Casa del Llibre en Barcelona de «Nadie nace en un cuerpo equivocado», conducida por Silvia Carrasco y con los autores en la librería y con más de 100 personas, los mossos de esquadra tuvieron que intervenir ante la amenaza de incendiar la librería por parte de aquellos que niegan un debate real y necesario. El acto fue suspendido, al igual que fue suspendida una conferencia que ambos psicólogos iban a dar en la Universidad de las Islas Baleares por las presiones de estos colectivos trans.
Cancelaciones, acoso, ataques, insultos, amenazas… es lo que vienen denunciando quienes se atreven a opinar en contra del pensamiento establecido y contra la cultura de lo políticamente correcto. Sin duda, estamos en tiempos en los que la libertad de expresión puede verse negada para aquellos que entienden que es necesario un debate social en vez de asumir un supuesto Progreso sin base científica.
Ir en contra del discurso oficial tiene un coste, como hemos podido comprobar, aunque bien es cierto que parece que todos estos activistas, científicos y demás protagonistas de la crítica a la ideología transgenerista no están dispuestos a quedar en silencio por mucho que colectivos y entidades trans intenten silenciarlos en nombre del Progreso. Pues no es posible el Progreso sin debate social.