Coincidiendo con la presidencia española de la UE, los ministros de Economías y Finanzas de los miembros de la Unión Europea cerraron el acuerdo donde confirmaron las nuevas normas fiscales y de gobernanza económica de la Unión, que deberán someterse a acuerdo y discutirse en el Parlamento Europeo para su implementación. Siendo año de elecciones europeas, la implantación podría dilatarse hasta finales de 2024.

En algunos medios muy afines al gobierno de Sanchez, se ha mostrado como un triunfo de los políticos españoles. Y lo cierto, es que poco ha tenido que ver. Esta reforma estaba pendiente desde que las reglas de déficit y deuda se mantuvieron en suspenso por el COVID y ha «caído» casualmente con la presidencia española. 

Desde 2020 hasta 2023, debido a la crisis generada por el COVID se relajó la política fiscal europea y se definió una especie de “barra libre” de inyección de dinero público que llega a su fin. En todo caso es necesario recordar, que los cambios que afectan a la política monetaria de la UE son limitados ya que forman parte del tratado constitutivo.

El principal objetivo de la reforma es garantizar unas finanzas públicas y sostenibles, promoviendo el crecimiento sostenible e integrador. Así como la creación de empleo en todos los Estado miembros a través de reformas e inversiones. En cierta manera, quiere flexibilizar el rigor fiscal, que llevo a duros recortes (por ejemplo a Grecia), amenazó a otros países de la UE, y que generó la figura de «los hombres de negro»; expertos de la Unión Europea, que vigilaban los miembros más «díscolos» y les planteaban objetivos con duros recortes.

El objetivo general del marco es reducir las ratios de deuda pública y los déficits de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en ámbitos estratégicos como el digital, el ecológico, el social o la defensa. Este último punto del tema de la defensa (y su gasto en ella), no ha estado tan presente en otras negociaciones, pero la actual situación geopolítica (haciéndose mención específica a la guerra Rusia- Ucrania, pero no limitada a ella) ha hecho que se le dé un peso específico a la política de gasto en la UE. 

Como suele ser habitual, Alemania reclama más dureza y control, y los países mediterráneos algo más de flexibilidad.  Uniéndose a esta petición de flexibilidad Francia, lo que no es habitual en este tipo de negociaciones.

Los Estados miembros se mantienen en el objetivo de un déficit inferior al 3% del PIB y una deuda inferior al 60% del PIB. Estas cifras, que corresponden a los inicios del euro, y no se han cuestionado. En la última publicación oficial de este dato (Último trimestre de 2023) España tenía una deuda del 109,8% del PIB y déficit del 4,3%. En el caso de que alguno de los dos objetivos no se cumpla, se define una senda de ajuste fiscal hacia ese equilibrio que se denomina «trayectoria técnica», que se plasma en un plan nacional a cuatro años, (extensible a siete si se realizan ciertas reformas o inversiones). 

Lo novedoso de este acuerdo es que la fijación de ajustes no será homogénea (como hasta ahora) sino que se adaptará a las condiciones de cada país.  Estableciéndose una negociación entre la Comisión y cada Estado, que además deberá ser refrendada por el Consejo de la UE.

A los países con un déficit público por encima del 3% del PIB, que se estima que serán 10 en 2024 se les exigirá reducir de manera estructural un 0.5% cada año, como se estaba haciendo hasta ahora. El gran cambio es que hasta 2027 la Comisión Europea tendrá en cuenta a la hora de exigir los ajustes el aumento de los intereses (dado la subida de tipo de interés) pero siempre supeditado a que el país se comprometa a hacer inversiones y reformas. Esta reforma fue gracias a la intervención de Italia y se ha considerado uno de los grandes éxitos del Gobierno de Giorgia Meloni.

Alemania en su línea dura, también ha exigido «deberes» a los países que cumplen con los requisitos para «seguir haciendo las cosas bien», así Berlín ha conseguido la introducción  de salvaguardas en el llamado «brazo preventivo» , consistente en que cuando el déficit de los países está dentro del margen del 3% del PIB- pero con una deuda pública superior al 90% del PIB tendrán que recortarla cada año en un 1%, mientras que los países con ratios de entre el 60 y el 90% tendrán que rebajar un 0,5%.

Estas reformas también han sido criticadas (porque aunque es imprescindible un rigor fiscal) ya que están demasiado centradas en la sostenibilidad de las finanzas de los Estados miembros pero pone en peligro el crecimiento de la UE en su conjunto.  Si se siguen las normas rigurosamente se reducirá notablemente la inversión pública de los Estados miembros más endeudados, lo que hace que las diferencias reales entre países se incrementen. Es importante el control, pero las economías locales necesitan financiar sus necesidades de inversión a largo plazo, y Europa promover una industria ágil y competitiva, capaz de competir con otros bloques que sí están llevando a cabo políticas industriales agresivas.

¿Esto cómo afecta de manera real y práctica a países como España, que claramente no cumplen las normas y sobrepasan de lejos los límites? 

España sale beneficiada con esta reforma de las reglas fiscales, al flexibilizarse en parte las condiciones. También se beneficia con la personalización de los planes de ajuste y su posible extensión, pero sigue estando expuesta a las sanciones en caso de incumplimiento. 

La posibilidad de sanciones adicionales, como la obligación de comparecencia de los ministros ante el Parlamento Europeo en caso de incumplimiento o incluso la congelación de fondos europeos, que inicialmente se incluían como posibilidades,  acabaron desapareciendo del acuerdo final de diciembre de 2023. Lo que con seguridad habrá supuesto un respiro para los políticos españoles, y del resto de  países «incumplidores». En todo caso estas reglas obligan a España a reducir su deuda pública y su déficit estructural a un ritmo acelerado, aunque algo menor que con las reglas anteriores y negociable.

La Comisión Europea y el Banco de España temen que España no llegará al umbral del 3% de déficit el próximo año y anticipa que habrá que hacer esfuerzos para contener el gasto. El mensaje es claro, se acabaron años de política fiscal expansiva, hay que comenzar a controlar el gasto público. 

La vía fácil siempre ha sido culpar a Europa de todos los recortes de gasto e incrementos de impuestos, y realmente son medidas muy restrictivas las que se aplican. Pero la realidad es que también hay que hacer un ejercicio de autocrítica y disciplina política de cómo el país implementa esas normas; si las políticas económicas son las adecuadas o quién finalmente «paga la fiesta», que suele ser el ciudadano de a pie. 

El gobierno de Pedro Sanchez no parece estar muy dispuesto a reducir gasto, dada la delicada situación de su «gobierno de coalición».   Tampoco parece querer revisar algunas medidas de gasto «populistas» y cuestionables o recortar el tamaño y el coste de la maquinaria política española. Tampoco contribuye al ahorro, las políticas de incremento de trabajadores públicos como vía de «crecimiento de empleo», a esto se añade el crecimiento de gasto en pensiones.

Por otra parte, desde las instituciones europeas siempre se ha criticado que se sigue priorizando el gasto corriente frente a la inversión, lo que lastra el crecimiento potencial del país. El gasto corriente está creciendo más rápido de lo esperado, mientras que la inversión financiada nacionalmente  está cayendo. Este tipo de gasto es improductivo puesto que no mejora las infraestructuras del país, el tejido productivo, la competitividad, ni el crecimiento real del empleo ni la mejora de calidad de los trabajos.

Por la parte de ingresos, la vía del crecimiento del PIB no parece realista, de hecho tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo, han reducido las previsiones de crecimiento para 2024. Se prevé un incremento de ingresos, con la eliminación de las medidas anticrisis, como los niveles reducidos o supresión del I.V.A de algunos productos y las deducciones del I.R.P.F.  A lo largo de 2024 el  Gobierno retirará estas medidas de forma gradual ante el final de la emergencia inflacionista, (la inflación no está en los términos de meses anteriores, pero el español de a pie la sigue notando en sus propias carnes), pero esto no será suficiente.

Además, los impuestos extraordinarios aprobados a las energéticas y la banca tienen fecha de caducidad, por lo que dificultarán aún más el crecimiento de los ingresos públicos. De modo que todas las previsiones, indican que en España se necesita una reforma fiscal urgente y se producirán fuertes ajustes fiscales, que se traducirán en nuevos o mayores impuestos con gran probabilidad.No parece responsable no abogar por una reducción del gasto público, y especialmente la reestructuración de este, que incluye más gastos en infraestructuras y en inversiones. Primero porque supone crecimiento, y en segundo lugar una mejor política de gasto permite beneficiarse de la nueva flexibilidad. Si se sigue optando por la estructura de gasto actual, España seguirá con todo lo malo de la política fiscal comunitaria sin sacar partido de las reformas.