A pesar de la fortuna del rey alauita, Mohamed VI, el país se encuentra sumido en una trama de corrupción, pobreza y analfabetismo. El último escándalo ha sido protagonizado por El Hadj Ahmed Ben Ibrahim, alias «El pablo Escobar del Sahara» o «El Maliense», reconocido narcotraficante de origen maliense y antiguo pastor de una iglesia, quien confesó en una cárcel de Casablanca la implicación de dos altos cargos del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM)—integrado en el actual gobierno de coalición— en la exportación de 200 toneladas de hachís y 40 toneladas de cannabis.  Esto ha llevado a una de las operaciones anticorrupción de mayor calado en el país que ha conducido a la detención de 25 sospechosos entre los que se encuentran personalidades vinculadas al mundo del fútbol y de la construcción pública. 

Tras ser condenado en 2019 por un tribunal marroquí a 10 años de prisión por la distribución de resina de hachís marroquí hacia Europa, el capo de la droga delató a dos de sus socios más distinguidos y miembros del PAM, a quienes acusó de haberle tendido una trampa tras haberle comprado varios camiones cargados con 40 toneladas de resina de cannabis. El primero, Said Naciri, presidente del club de fútbol Wydad de Casablanca, implicado por «falsificación de documentos oficiales, posesión y distribución de drogas y uso de cheques falsos». El segundo, Abdeni Biui, presidente del Consejo Regional Oriental de Marruecos y propietario de una empresa de obras públicas.

El Hadj Ahmed Ben Ibrahim tenía una fortuna valorada en decenas de millones de euros, pues disponía de propiedades en Brasil, Bolivia, Rusia y la Costa del Sol española. Sumado a esto, disponía del control de varias zonas del occidente de África, cuyos puertos estaban bajo su mandato para movilizar cocaína proveniente de Latinoamérica hasta Europa.

El caso ha salpicado a Aziz el Badraui, quien fuera ex presidente del Raja de Casablanca, encarcelado este mismo mes por un caso de malversación de fondos vinculado al contrato de limpieza del municipio de Bouznika, localidad ubicada entre Rabat y Casablanca. El hecho ha despertado controversias en el mundo del fútbol marroquí, una de las sedes del Mundial de 2030 y la Copa Africana de Naciones. 

En España no parece haberse hecho eco de este entramado. En plena querella por el caso Koldo, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, viajará el próximo 4 y 5 de marzo a Rabat para tratar el plan que dotará a Marruecos de una red ferroviaria interregional de cercanías y de alta velocidad, que incluye a varias empresas españolas. También se abordarán temas relacionados con la colaboración portuaria entre ambos países. 

Según la ONG Transparencia Internacional, la situación en Marruecos ha hecho disminuir el índice de libertad de expresión: Marruecos ocupa el puesto 144, frente al 135 en 2022.  Los casos de corrupción llevados ante los tribunales marroquíes incluyen a 29 parlamentarios de ambas cámaras, lo que es «un indicador del nivel nivel de corrupción alcanzado».