A principios de este año, el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembros (COREPER) aprueba el acuerdo provisional al que llegó el 20 de diciembre de 2023. El acuerdo en cuestión aborda varias cuestiones y estaría compuesto por cinco reglamentos que pasarían a formar parte del Derecho español con fuerza de ley, según las fuentes oficiales:

«Los cinco Reglamentos de la UE acordados por la Presidencia española y el Parlamento abordan todas las fases de la gestión del asilo y la migración: el control de migrantes irregulares cuando llegan a la UE; la toma de datos biométricos; los procedimientos para la presentación y tramitación de solicitudes de asilo; las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de la tramitación de una solicitud de asilo; y la a cooperación y la solidaridad entre Estados miembros y cómo gestionar situaciones de crisis, en particular los casos de instrumentalización de los migrantes».

Estos reglamentos se llevan gestando en una situación en la que Europa lleva tiempo con muchos giros de timón en diversos países debido al caos migratorio que sufre. Se han producido manifestaciones en Dublín, pasando por diversos partidos (siendo uno de ellos JuntsPerCat) e incluso gobiernos europeos que han cambiado de posición respecto de la política migratoria, hacia unas políticas más duras en esta materia. Inevitablemente esto nos lleva a la pregunta, ¿qué proponen estas normas? ¿Tienen capacidad de solventar este problema?

En primer lugar se modificará la base de datos de impresiones dactilares de la Unión Europea (Eurodac) para revisar los movimientos y los itinerarios de los solicitantes de asilo, con la intención de poder controlar posibles movimientos irregulares de estos. «El objetivo del Reglamento de Control es reforzar los controles de las personas en las fronteras exteriores». Y tienen vocación de garantizar que se aplique el procedimiento correcto pudiendo ser este la repatriación a su país de origen.

El Reglamento sobre los Procedimientos de Asilo establece un procedimiento común para los Estados miembros. Por otro lado, también simplifica las normas y establece un procedimiento obligatorio de asilo en el que se comprobará si la persona de verdad se encuentra en esta situación. 

El Reglamento sobre Gestión de Asilo y Migración (RGAM) busca determinar en cada caso qué estado miembro se tiene que ocupar para la tramitación de una solicitud de asilo. También quiere traer un nuevo sistema de «solidaridad» para evitar que algunos estados no puedan hacer frente a las llegadas de migrantes irregulares a su territorio.

Por último, se facultará a los estados para pedir medidas de solidaridad y apoyo a la UE, además de poder adaptar normas en situaciones de crisis migratoria. A todo ello se le suma el hecho de que se han dado varias modificaciones  de diversas normas empezando por la directiva de condiciones de acogida. Las directivas de la UE tienen la función de obligar a llevar a ciertas finalidades a los estados miembros sin imponerles el como con lo que esa modificación cambiaría los objetivos que se les imponen en esta materia.Esto se da después de un año en el que en Europa hay un auge de inmigración ilegal, siendo especialmente llamativo el caso de Canarias y de Lampedusa. Sin embargo aún parece revestida de la tibieza clásica que podemos ver en este tipo de normas y políticas por parte de la Unión Europea además que no parece seguro que con ellas se vaya a conseguir algún tipo de resultado palpable. Mientras hay países que ya están tomando cartas en el asunto por iniciativa propia.