Ocho menas magrebíes del Centro de Acogida de la Casa de Campo, en Madrid, han sido detenidos por agredir a los vigilantes y amenazar de muerte a la directora y la subdirectora del centro.

La causa de estos hechos se remontan al mes de agosto, cuando estos jóvenes fueron trasladados desde Canarias a este centro. En septiembre, los vigilantes encontraron en una de sus habitaciones relojes, tablets, teléfonos móviles y otros objetos que sospecharon que podían ser robados. La dirección del centro lo puso en conocimiento de la Policía y, tras una investigación, ha podido confirmar que efectivamente los objetos se correspondían con los denunciados como sustraídos en un parking de autocaravanas cercano. Por ello, uno de estos dos jóvenes magrebíes fue detenido.

Esto enfadó enormemente a los compañeros del arrestado, que iniciaron una revuelta, llegando a insultar y amenazar de muerte a la directora y la subdirectora. Las acusaron de chivatas y les hicieron gestos de cortarles el cuello. Cuando la situación se empezó a poner violenta tuvieron que intervenir los vigilantes de seguridad que, al ser agredidos y verse en inferioridad, dieron aviso a la Policía Nacional, cuya intervención se saldó con ocho detenidos. Sin embargo, en pocas horas, al no dictarse medidas cautelares, los jóvenes fueron devueltos al centro.

Varios de estos menas cuentan ya, en los apenas dos meses que llevan en Madrid, con antecedentes por delitos con violencia. En cuanto al centro, ha sido, desde hace ya tiempo, objeto de polémica por la inseguridad y el aumento de los delitos violentos que ha causado en la zona de Batán y la Casa de Campo. Los mismos trabajadores del centro denunciaron a principio de año haber sufrido robos y amenazas por parte de los residentes, en su mayoría marroquíes. Tampoco es la primera vez que se requiere a la Policía para restaurar el orden en el centro, ni la primera detención efectuada.

La Comunidad de Madrid, que anunció el cierre de este centro hace dos años por no tener las condiciones de seguridad adecuadas, lo ha mantenido abierto por el agravamiento de la crisis migratoria, enviando, incluso, a jóvenes problemáticos que son expulsados de pisos tutelados por mal comportamiento.