A menudo la gente se pregunta ¿Por qué el gobierno español ha adoptado la postura marroquí con respecto al Sáhara Occidental? ¿Qué interés puede tener en ello? A nivel geopolítico ceder ante las presiones de Marruecos, a costa de perpetuar la traición al pueblo saharaui y romper las buenas relaciones con Argelia, de donde provienen recursos estratégicos como el gas natural entre otras cosas, y aun a riesgo de seguir padeciendo más chantajes de un país con reivindicaciones territoriales sobre España, y que emplea la inmigración masiva como instrumento politico, supone un suicidio.

El documental, dirigido por Laura Daudén  y Sebastián Ruiz Cabrera, del año 2020, sin duda uno de los mejores, ofrece información directa, clara y concisa, proporciona nombres y apellidos de empresas y responsables, todos ellos colaboradores de la ocupación y la represión  en el Sáhara Occidental bajo el yugo marroquí, y de las penurias en los territorios liberados y de los exiliados.

Tras una introducción histórica sobre el conflicto en la que se habla sobre los Acuerdos de Madrid y de la responsabilidad jurídica de España debido a que comparte la administración del territorio, el reportaje se introduce de lleno en analizar las debidas conexiones y entramados políticos y económicos que condicionan entre otras cosas la política exterior española con respecto al Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental posee valiosos recursos naturales, y bajo el régimen de ocupación marroquí existe poca regularización del trabajo, convirtiendo la región en un foco atractivo para la inversión. España es el principal inversor en Marruecos dentro de los países europeos, 16 empresas españolas del Ibex 35 tienen negocios en Marruecos. Las exportaciones españolas al país del magreb son un 45% de las que se realizan a África. Una de las principales ideas del documental es el papel legitimador de las empresas al simular que los negocios que desempeñan en territorio ocupado es suelo marroquí. La presencia de empresas extranjeras normaliza la ocupación, y Ocupación S.A muestra directamente que empresas son. 

Siemens Gamesa formó parte del proyecto de construcción de 5 grandes parques eólicos, 2 de ellos en territorios ocupados en Bojador y Tiksrad, aportando tecnología y turbinas. Estos 2 parques eólicos abastecen a la mina de fosfatos de Phosbucraa, operada por la empresa palaciega de fosfatos OCP. 

El régimen alauí debe abastecerse de derivados del petróleo en el Sáhara al no tener refinerías, importándolo de España, desde los puertos de Algeciras, Cartagena, Huelva o Tarragona donde ASESA (50% Cepsa, 50% Repsol) posee una refinería, conectados directamente con los puertos de Dajla y El Aaiún, aquí entra en juego Cepsa y Repsol, cuyo papel hace viable la ocupación. 

Cepsa exporta derivados de hidrocarburos, aceite y otros productos, desde 2019 abrió docenas de estaciones de servicio en asociación con DERHEM Holding, empresa de Hassam Derhem, exdiputado socialista en Marruecos, enriquecido por la ocupación. Cepsa y Repsol son los únicos abastecedores de derivados del petróleo al Sáhara ocupado.

Uno de los recursos más expoliados es la arena del desierto, destinada a la rehabilitación de playas y a la fabricación de cementos. El reportaje nos habla de como en 2019 el Ayuntamiento de Mogán trajo 1250 toneladas de arena desde El Aaiún, esta arena se empleó para la rehabilitación de varias playas.

La empresa Proyecto Dover del grupo Yesos Canarias, administrada por Enrique Delgado, obtuvo la concesión del puerto de Arinaga para la instalación de una terminal de áridos, además cuenta con una naviera con 5 barcos cargueros que traen arena desde el Sáhara Ocupado. 

Otra empresa involucrada en estos negocios es CEISA, empresa de propiedad compartida entre la brasileña Votorantim y la Corporación Masaveu Holding del empresario Fernando Masaveu, esta empresa se dedica a la fabricación de cemento. CEISA desarrolla su actividad en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, en esta última cuenta en Arguineguín con su propio puerto, al cual llegan las materias primas saharauis. 

La importación de arena entronca y favorece los principales sectores del archipiélago canario, que son el turismo y la construcción. 

La lista de empresas españolas  que se enriquecen a costa de la invasión marroqui es larga, en 2019 Marruecos fue el segundo cliente de España en armamento. En el sector está la empresa Rodman, fundada por Manuel Rodríguez Vázquez. Entre 2007 y 2010 vendió barcos militares a Marruecos haciéndolos pasar por barcos civiles, saltándose los controles que hay en este tipo de transacciones. Hasta 2019 una de las personas cercanas a Manuel Rodríguez fue la exministra de Medio Ambiente del Gobierno de Zapatero, Elena Espinosa (PSOE). 

UROVESA, creada por José Sierra Fernández con sede en Santiago de Compostela formó parte de un acuerdo entre España y Marruecos para la venta de vehículos blindados en 2006, 1200 vehículos, empleados para la represión en territorio ocupado. La hija de José Sierra, Cecilia Rey es vicepresidenta de la compañía, es exconcejal del PP y preside el Consejo Social de la Universidad Pública de Santiago de Compostela. En 2009 se entregaron 286, la normativa europea y española prohíbe esta venta por ser empleada para vulnerar los Derechos Humanos, se vislumbra la pasividad y complicidad institucional. 

Indra, con un 18,7 % de acciones de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) vende servicios de carácter militar, en el caso de Marruecos trabajan para ampliar la red de satélites de vigilancia, para las ciudades de El Aaiún, Smara y Dajla. 

Se cuenta en el reportaje como  la autorización para la venta de equipos militares es secreta debido a que el organismo gestor, la JIMDDU (Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso) realiza sus reuniones a puerta cerrada gracias a una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Las actas de la JIMDDU son secretas por una decisión del Consejo de Ministros de 1987 (bajo la presidencia del PSOE de Felipe Gonzalez).

Por último el documental trata la cuestión de la pesca. El régimen Alauí es el principal exportador de pescado a España, la mitad es pulpo. El 75 % de la sardina se pesca en las costas  El Aaiún, y el 95 % del pulpo en las costas de Dajla. Agadir (Marruecos) es el puerto de desembarco, y es donde determinan fraudulentamente la procedencia del pescado como producto marroqui y no saharaui. 

La empresa Unión Martín, fundada y presidida por José Lorenzo Noda Martín, es proveedor de productos marinos a Mercadona, en 2014 compró por medio de el fondo de inversiones vasco Alantra, cuyo mayor inversor es Santiago Eguidazu Mayor, el 49% de Palma Pesca, una empresa marroquí con sede en Agadir. Las fábricas que poseen en la Isleta en Gran Canaria se abastecen desde El Aaiún por vía aérea de pescado etiquetado como proveniente de Agadir. 

Amasua Krustagroup, fundada por Amador Suárez Villa (fallecido en 2020), quien creó y presidió la organización patronal CEPESCA (Confederación Española de Pesca), liderada por su hijo Elías Suarez Garmendia. La empresa opera en Marruecos a través de una sociedad llamada Asmaroc.

Por último Ocupación S.A trata los aspectos jurídicos e institucionales, de cómo se viola el derecho de los consumidores a la trazabilidad de los alimentos y  la responsabilidad de las delegaciones del gobierno en el control de las aduanas y su pasividad ante el problema.

En el plano europeo el Frente Polisario recurrió al Tribunal Europeo de Justicia para denunciar los Acuerdos de Pesca y Agricultura con Marruecos, aprobado por las instituciones europeas, debido a que Sáhara Occidental no es Marruecos, pronunciándose el tribunal a favor del Polisario. En 2019 contradiciendo el fallo de la justicia europea, y con apoyo masivo de los partidos españoles el Parlamento europeo aprobó un nuevo acuerdo que incluía explícitamente al Sáhara Occidental. 

Una iniciativa parlamentaria planteó llevar el acuerdo a los servicios jurídicos del parlamento por su incompatibilidad con el fallo del Tribunal Superior de Justicia, tanto PSOE como PP votaron en contra. La complicidad de la Unión Europea es evidente. 

Marruecos persigue normalizar y legitimar la ocupación, y España no defiende su soberanía, en cambio defiende los intereses de las empresas españolas que hacen negocio en el Sáhara ocupado: Siemens Gamesa, Cepsa, Repsol, Yesos Canarias, CEISA, Rodman, UROVESA, Indra, Unión Martín, Amasua Krustagroup… Todas ellas hacen negocios con el régimen marroquí, legitimando sus pretensiones expansionistas, a su vez, viabilizan y colaboran con la represión de la nación saharaui.