Además de la Ley de Amnistía, el Gobierno aprobó en diciembre, abusando otra vez de los «asuntos de máxima urgencia», otras tres iniciativas: un decreto anticrisis, un decreto de conciliación laboral y desempleo, y una ley ómnibus que incluye la modificación de la función pública y la modernización de la justicia. Según la ley, estas deben ser validadas por el Congreso en 30 días para seguir vigentes, y así estamos ahora. Esta convalidación es necesaria para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos, valorados en 10.000 millones de euros.

Cuando un decreto incluye varios elementos que no guardan relación entre sí (ómnibus), se deben votar en conjunto; no es posible separar las medidas. Esto presenta la trampa, claramente aprovechada, de combinar medidas sociales poco polémicas y muy mediáticas con otras más controvertidas o ideológicas, poniendo a los diputados en una difícil posición, ya que pueden ser acusados de votar contra medidas de «justicia social» o de evidente beneficio. Sin embargo, también es arriesgado si los apoyos parlamentarios son muy inestables, como es el caso.

El decreto anticrisis consiste en mantener muchas de las medidas ya implementadas por la crisis de Ucrania, como los IVA reducidos para alimentos básicos, electricidad o gas. También incluye una revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital, ayudas al transporte e impuestos energéticos.

El segundo decreto debía incorporar completamente la normativa europea sobre conciliación laboral y protección por desempleo. Elaborado por el Ministerio de Yolanda Díaz, ha sido rechazado por los votos en contra de los cinco diputados de Podemos. Estos, en su línea de «al enemigo ni agua», argumentan que supone un recorte para las pensiones de las personas mayores de 52 años, algo que Sumar niega, acusando a Podemos de votar con la extrema derecha. Una situación muy progresista.

Por último, hablemos un poco del decreto ómnibus, mucho más extenso que los otros dos y que aborda medidas en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

1, Digitalización de la Justicia para agilizar los trámites y procesos administrativos. No solo los independentistas recelan de la norma, también los jueces desconfían por las atribuciones que se conceden al Ministerio de Justicia, que tendrá control total sobre los datos generados en los tribunales al asumir la gestión del acceso ciudadano a los procedimientos. Lo que se llama separación de poderes a la siciliana.

2. Renovación de la Función Pública: el decreto incluye medidas sobre planificación, organización y gestión de los recursos humanos, regula los procesos selectivos y el acceso a la función pública, y mejora la transparencia para evitar abusos, creando la figura del «directivo profesional público». Lo que puede ser más polémico es la evaluación de desempeño, que traerá consigo retribuciones complementarias; progresión en la carrera profesional, incluso sin cambio de puesto de trabajo; criterios para la provisión de puestos; continuidad en el puesto de trabajo; y valoración de las necesidades formativas. Parece que podría perderse la condición de funcionario. Los sindicatos se quejan del excesivo endurecimiento del régimen disciplinario y exigen que el desarrollo de la norma y la letra pequeña pasen por la mesa de negociación.

3. Respecto al mecenazgo, la ley profundiza en los beneficios fiscales para personas y empresas, aumentando de 150 a 250€ la cuantía del micromecenazgo.

El decreto anticrisis y el decreto de justicia (ómnibus) sí se han convalidado, ambos por un solo voto de diferencia, y el primero en una segunda votación debido a un error de un diputado de Sumar. Para conseguir el voto de Junts en última instancia, el Presidente, que nos representa y avergüenza, ha tenido que ceder aún más ante un independentismo desatado.

Así que, además de lo ya negociado con ERC para la investidura, como la condonación parcial de la deuda de Cataluña (15.000 millones), ahora se blinda la vergonzosa Ley de Amnistía, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para impedir que Europa bloquee su ejecución en caso de una denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo. También se transferirán a la Generalitat las competencias de inmigración y fronteras.

Pero hay más. Y es que nunca siete diputados mandaron tanto: han pactado eliminar el IVA del aceite (esta debe ser la única exigencia de Carles que beneficia a todos los españoles, algo que se le habrá escapado), más dinero para transporte, publicar la balanza fiscal según los criterios de la Generalitat (que implica la cesión completa de los impuestos recaudados en Cataluña), reconocer sus derechos históricos en materia de régimen local y revertir el decreto del PP de 2017 (respaldado por el propio Sánchez) para que las empresas que se fueron durante el «procés» vuelvan a Cataluña. Pretendían sancionar a las que no quisieran volver, algo que fue rápidamente denunciado por el presidente de la CEOE.

Todo esto ocurrió después de que la Ministra de Economía dijera el lunes que descartaba incluir las demandas de Podemos o Junts, mientras los demás actores adelantaban su negativa. En fin, una pelea de monos: mucho grito y poco daño, pero el plátano se lo han llevado.

Acabamos de empezar la legislatura y ya en la primera curva estamos viendo lo que nos espera: se tendrán que negociar cuatro presupuestos generales e innumerables leyes con un gobierno en minoría extrema, entregado a socios arrogantes que, tras recoger el botín, amenazan sin tapujos con que sus votos estarán al servicio de Cataluña y no de España. ¿Hasta dónde llegaremos?