En España, la gestión de las ayudas sociales sigue siendo un tema de constante debate, no solo por un enfoque político, sino por su cuestionable efectividad y su reparto desigual. Mientras nuestros mayores, que tanto sacrificaron para construir el país que hoy habitamos, sobreviven con pensiones irrisorias y muchas veces sin apoyo suficiente, otros colectivos parecen beneficiarse de un sistema que en ocasiones se presta al abuso y la ineficiencia.

Los pensionistas en España encarnan una contradicción indignante. Hablamos de una generación que levantó el país tras la Guerra Civil y la dictadura, que trabajó largas jornadas y pagó sus impuestos esperando un retiro digno. Hoy, el coste de la vida se dispara mientras sus pensiones apenas aumentan. En muchas ocasiones, ni siquiera llegan a cubrir los gastos básicos de vivienda, energía o alimentación. ¿Es justo que mientras esto ocurre, otros colectivos reciban ayudas desproporcionadas e injustificadas?

El problema de las ayudas sociales no radica solo en la cantidad destinada, sino en cómo y a quiénes se otorga. Ejemplo claro de esta desigualdad es el Secretariado Gitano, que recibió en 2022 un total de 21,5 millones de euros en subvenciones. Una cifra escandalosa si consideramos que más del 80% de los que trabajan en esta organización no son gitanos. Grupos de “gitanos auténticos”, como se autodenominan, han denunciado esta situación y acusan al Secretariado de enriquecerse a su costa. Lo tildan de engaño y afirman que la comunidad gitana sigue igual de marginada.

El caso del Secretariado Gitano no es único. En Andalucía, la Ley de Servicios Sociales establece que todos los servicios, incluidos los gestionados por entidades privadas, deben cumplir requisitos y controles. Sin embargo, las denuncias por falta de inspecciones y supervisión son constantes. Este descontrol abre la puerta a irregularidades, dejando a los verdaderos necesitados en segundo plano. La mayoría de los que reciben ayudas, al no tener las empresas inspecciones, trabajan de modo sumergido.

Otro caso controvertido es el de los menores extranjeros no acompañados (Menas) y los extutelados. Estas personas reciben una paga mensual que oscila entre los 400 y 700 euros, dependiendo de la comunidad autónoma. Este importe equivale o incluso supera lo que muchos pensionistas reciben mensualmente. ¿Cómo es posible que alguien que ni siquiera ha contribuido al sistema reciba más apoyo que quienes han trabajado toda su vida?

El gasto total destinado a estos colectivos representa una carga considerable para las arcas públicas. Aunque estas ayudas buscan proteger a los más vulnerables, la falta de control y transparencia en su gestión genera un profundo malestar social, alimentando el discurso de que ciertos colectivos son privilegiados en detrimento de otros.

El 63% de los jóvenes gitanos ni estudia ni trabaja. Este dato revela el fracaso de las políticas sociales destinadas a su inclusión. Las ayudas que reciben no parecen traducirse en una mejora real de sus condiciones de vida, sino que perpetúan una dependencia del sistema que no ofrece soluciones a largo plazo. Los propios jóvenes reclaman “pan para mañana”, en alusión a la necesidad de proyectos sostenibles que le permitan prosperar.

El sistema de ayudas sociales en España necesita una reforma urgente. No se trata de eliminar ayudas, sino de garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan. Nuestros mayores, que tanto han dado por este país, merecen prioridad absoluta. También es fundamental establecer mecanismos de control para evitar abusos y asegurar que las ayudas se traduzcan en mejoras reales, no en perpetuar desigualdades o financiar estructuras ineficientes.

Mientras España ignore a quienes lo dieron todo por el país, el sistema no solo será injusto, sino también insostenible. La verdadera justicia social debe empezar por reconocer a nuestros mayores como la columna vertebral de nuestra sociedad y asegurar que vivan con la dignidad que se han ganado.