El mecanismo de reparto de refugiados de la UE, implementado en 2023, ha sido ineficaz y lento. En siete meses, se realizaron solo 500 traslados, menos del 6% del objetivo. La reforma del Pacto sobre Migración y Asilo buscaba aliviar la presión sobre los países que reciben más inmigrantes. También pretendía establecer un sistema más justo y eficiente para el registro y procesamiento de solicitudes de asilo. Además, se esperaba que redujera los desplazamientos secundarios. Sin embargo, la reforma no ha beneficiado ni a los países receptores ni a los inmigrantes.
En otros países de la UE, las políticas migratorias han dado un giro drástico. El presidente húngaro, Viktor Orban, rechazó la reforma migratoria de la Unión Europea y afirmó que Hungría es el único país «libre de migrantes» en Europa. Orban atribuyó este resultado a las vallas fronterizas y a la negativa de su gobierno a abrir las fronteras. Según el mandatario, Hungría aplica el único modelo exitoso. Este combina una barrera física que impide el paso de migrantes y la expulsión inmediata de quienes logran cruzar. Orban destacó que no se permite la entrada de nadie hasta que su solicitud de asilo haya sido resuelta.
En los Países Bajos la entrada a la presidencia de Dick Schoof y partidos como el Partido por la Libertad, ha supuesto un endurecimiento de las políticas de asilo. El Gobierno Holandés solicitó una cláusula de exclusión voluntaria de las normas de migración y asilo de la Unión Europea. El resto de países miembros temen que si aceptan dicha propuestas se pueda dar una oleada de solicitantes de asilo hacia los países vecinos. El objetivo holandés es establecer un medidas destinadas a crear un régimen de asilo más estricto para frenar la inmigración irregular.
Italia ha implementado políticas migratorias, varias de ellas fallidas. Durante 2024 trataron de alojar a los solicitantes de asilo en centros de internamiento en Albania, donde debían permanecer hasta que se resuelva su solicitud. sin embargo el Tribunal de Roma emitió una sentencia en la que no validó el internamiento en Albania de los migrantes y ordenó que fueran llevados a Italia, lo que abrió una disputa entre el Gobierno de Meloni y la Justicia.
España continúa aplicando políticas permisivas en materia de inmigración, a pesar de que el tema gana protagonismo en el debate público y se consolida como una de las principales preocupaciones de los españoles. Aunque año tras año se baten récords en la llegada de inmigrantes a las costas, el Gobierno y sus aliados mantienen medidas aún más laxas que las de la propia Unión Europea. Estas políticas facilitan el asilo y destinan una parte considerable del presupuesto a ONG que, según algunos críticos, colaboran indirectamente con las mafias que operan en el Mediterráneo. Además, cualquier propuesta destinada a abordar el problema es rápidamente etiquetada como extremista por parte del oficialismo, bloqueando el debate y creando un discurso moral que desestima las cifras y proyecciones reales.
