El reparto de la carga migratoria es uno de los temas clave dentro de la Unión Europea, especialmente desde la crisis de refugiados de 2015. Actualmente, este reparto se gestiona a través del Sistema de Dublín, vigente desde 2014. Este sistema asigna a los países miembros la responsabilidad de examinar las solicitudes de asilo. En 2023, se concedieron 3,7 millones de permisos de residencia en la UE, de los cuales el 15% fueron por razones de asilo. En España, ese mismo año, se presentaron 163.220 solicitudes de asilo, lo que representa un incremento del 37% respecto al año anterior.

Según el Sistema de Dublín, el país de la Unión Europea al que llega primero el inmigrante es el encargado de examinar su solicitud de asilo. Sin embargo, existe un proceso llamado Transferencia de Dublín, que se aplica cuando el país responsable de tramitar el asilo es distinto al de llegada. En estos casos, el solicitante puede impugnar la transferencia. Además, se priorizan criterios específicos: si el solicitante tiene un visado o permiso de residencia en otro país de la UE, este podrá gestionar la solicitud; lo mismo ocurre si ya había presentado una solicitud previa o tiene familiares residiendo legalmente en algún Estado miembro. En el caso de menores no acompañados, el Sistema de Dublín otorga prioridad al país donde residan familiares o aquel que sea considerado más adecuado para su bienestar.

Aunque en teoría se busca equilibrar la responsabilidad entre los países miembros, en la práctica ha sobrecargado a España, Grecia e Italia, principales puntos de entrada de migrantes. Además, el sistema es criticado por su rigidez y por la saturación de los centros de recepción de inmigrantes.

En 2020 la Comisión Europea propuso reformar el sistema de asilo con el Pacto de Migración y Asilo. Se contaría con un Mecanismo de reparto obligatorio en el que cada país estaría obligado a aceptar una parte de los refugiados, en función de criterios como el tamaño de la población, el PIB y la capacidad económica del país. Sin embargo la obligatoriedad ha llevado al enfrentamiento con países como Hungría, Polonia o República Checa. Por ello se propuso un sistema de solidaridad flexible dirigido a aquellos países que no quisiesen acoger refugiados contribuyesen con ayuda económica o técnica, como tareas de rescate o mejora de infraestructura de acogida. Otros aspectos importantes son los acuerdos con terceros países como Libia o Turquía. El Pacto de Migración y Asilo también contempla simplificar y estandarizar las solicitudes de asilo, crear un fondo específico y aumentar la financiación a las ONGs.