La relación comercial y ciertos contratos de España con empresas chinas no resultan del agrado de la UE y de Estados Unidos.
En 2025, la Unión Europea ha tomado diversas medidas frente a las relaciones comerciales con China que afectan directamente a España. Se han impuesto aranceles a productos chinos de bajo coste, se han limitado las licitaciones públicas para empresas chinas y se ha intensificado el debate sobre la dependencia europea de las importaciones procedentes de ese país. Sin embargo, España ha actuado en sentido contrario, liderando un acercamiento diplomático y empresarial hacia China, lo que ha generado tensiones con Bruselas.
Una de las principales medidas de la UE en 2025 es la eliminación de la exención arancelaria para paquetes de menos de 150 euros, con el objetivo de proteger a empresas europeas frente a plataformas como Shein. Entrará en vigor en 2026.
Ese mismo año comenzaron también restricciones en licitaciones públicas. La Comisión Europea excluyó a empresas chinas de contratos de productos sanitarios superiores a cinco millones de euros, denunciando prácticas discriminatorias de Pekín contra fabricantes europeos. Además, lanzó una estrategia contra la política “Buy China”, reforzando la defensa de la industria europea.
La UE considera a China un “rival sistémico” por sus prácticas proteccionistas y sus vínculos con Rusia, aunque al mismo tiempo reconoce su papel como socio estratégico debido a la dependencia tecnológica y comercial.
España, sin embargo, ha mantenido hasta ahora una relación fluida con empresas chinas en sus licitaciones públicas. En 2025, los contratos públicos españoles con estas compañías generaron polémica y advertencias de la UE, especialmente en sectores estratégicos como telecomunicaciones y sanidad.
Los casos más notorios son los de Huawei y ZTE. Bruselas reconvino a España por mantener acuerdos con ambas firmas pese a las acusaciones internacionales de espionaje y robo de datos. La UE alertó de que estos contratos “aumentan el riesgo de injerencia extranjera”, recordando que ambas compañías están vetadas en Estados Unidos y cuestionadas en varios países europeos.
En 2025, la UE aplicó por primera vez el Instrumento de Contratación Internacional (ICI), un mecanismo para limitar el acceso de empresas extranjeras —incluidas las chinas— a licitaciones públicas cuando no existe reciprocidad. España se vio obligada a revisar contratos en curso.
Mientras Bruselas considera que estas adjudicaciones pueden comprometer la seguridad y la competitividad europeas, España ha defendido que busca reforzar sus lazos comerciales con China para equilibrar su balanza comercial. Esto ha colocado al país en el punto de mira comunitario.
Estas contrataciones españolas con Huawei y ZTE tampoco gustan a Estados Unidos. Washington ha llegado incluso a suspender intercambios de inteligencia con España y prepara sanciones específicas. En agosto de 2025, EE. UU. suspendió el intercambio de información sensible con España tras adjudicaciones a Huawei, citando riesgos de espionaje. La administración Trump prepara para 2026 la Secure Act, que castigará a países que mantengan contratos con empresas vinculadas al Partido Comunista Chino. La CIA y otras agencias han recomendado tratar a España como país de riesgo en materia de inteligencia. Pese a los intentos del Gobierno español de tranquilizar a Washington, la desconfianza persiste.
Los principales temores son el espionaje y el robo de datos. Huawei y ZTE han sido acusadas de facilitar acceso indebido a información sensible. La UE considera que los contratos españoles elevan el riesgo de injerencia extranjera, especialmente por su impacto en sectores críticos. España adjudicó a Huawei contratos para gestionar escuchas telefónicas judiciales y sistemas de comunicaciones policiales, lo que preocupa profundamente a Bruselas.
Los contratos más polémicos han sido el firmado en 2025 entre Huawei y el Ministerio del Interior para la infraestructura de almacenamiento del sistema SITEL (interceptaciones judiciales) y el acuerdo iniciado en abril con la Guardia Civil para suministrar hardware de comunicaciones policiales. La Comisión Europea advierte del riesgo de dependencia tecnológica y de posible injerencia extranjera.
Así, mientras Bruselas estudia vetos, Washington responde con medidas más duras. España, en cambio, insiste en que estos acuerdos no comprometen su seguridad nacional.
En 2025, España ha buscado un acercamiento económico a China para equilibrar su balanza comercial, dado que importa ocho veces más de lo que exporta. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, impulsó encuentros en Chengdú con empresas chinas y españolas. El rey Felipe VI pidió resolver las dificultades que enfrentan las empresas españolas en China y reivindicó a España como socio fiable y puerta de entrada a América Latina y a la UE.
Estos pactos y movimientos diplomáticos han permitido que las exportaciones españolas hacia China crecieran un 17%, evitando un desplome en medio de la guerra arancelaria global.
Mientras la UE endurece su postura con aranceles y restricciones, España refuerza sus vínculos comerciales y diplomáticos con Pekín. Esta dualidad refleja tensiones entre la estrategia comunitaria y los intereses nacionales. La posición española es complicada porque en la práctica actúa en sentido contrario al de la UE.
Pese al crecimiento de las exportaciones, la balanza comercial sigue mostrando un fuerte déficit para España: las importaciones desde China son unas ocho veces mayores que las exportaciones. En 2024, España importó 45.174 millones de euros y exportó solo 7.467 millones. En 2025, la brecha se mantiene en torno a 40.000 millones.
Las principales importaciones desde China son bienes de consumo, textiles, electrónica y automóviles. España exporta principalmente medicamentos envasados, productos agroalimentarios y bienes industriales. El Gobierno también busca atraer inversión china.
En 2025, las inversiones chinas en España han crecido notablemente, sobre todo en sectores estratégicos como baterías, automoción, energía verde y alimentación. España se ha convertido en destino prioritario para empresas chinas que buscan implantarse en Europa. En el primer semestre de 2025, la inversión china representó el 5,5% de toda la inversión extranjera recibida. Aunque lejos del récord de 2017 (3.081 millones), la tendencia muestra un renovado interés de Pekín por España como puerta de entrada al continente.
Entre las principales inversiones destacan las gigafactorías de baterías: CATL y Stellantis en Zaragoza (4.100 millones) o Gotion High-Tech con Inobat en Valladolid (casi 5.000 millones). Estas inversiones incluyen el traslado temporal de miles de ingenieros chinos.
En automoción y movilidad eléctrica, BYD ha señalado a Cataluña como ubicación preferente para su nueva planta europea, mientras que Chery Automobile se instaló en las antiguas instalaciones de Nissan en Barcelona en 2024.
Algunas de estas inversiones están siendo revisadas por las autoridades europeas por posible dumping o prácticas destinadas a evitar aranceles.
En energía verde, empresas como Hygreen Energy y Envision preparan proyectos superiores a 3.000 millones en Andalucía para hidrógeno verde y renovables.
También se ha acelerado la entrada de capital chino en sectores tradicionales como alimentación y construcción. En Alicante, grupos como Huaxin Food y Essense Group han iniciado alianzas con compañías locales.
Este auge responde tanto a la estrategia china de expansión industrial como al interés español en atraer capital extranjero para acelerar su transición energética y tecnológica.
Otro punto relevante es el potencial papel de China como tenedor de deuda pública española. No existen datos que indiquen que tenga un peso significativo en 2025, pero ante una posible ampliación de la deuda —que ya alcanza 1.710.060 millones, el 103,8% del PIB— España podría necesitar acudir a compradores externos, incluida China, si el BCE y los fondos europeos no absorbieran nuevas emisiones.
Además de la dependencia económica, la buena relación con China responde también a una aspiración política: España quiere jugar un papel relevante en un mundo multipolar, intentando proyectarse como potencia media europea capaz de tender puentes entre bloques enfrentados. De ahí que haya buscado posicionarse como mediador entre Bruselas y Pekín en la guerra comercial y en disputas sobre subsidios a baterías y vehículos eléctricos.
A ello se suma una inclinación ideológica hacia una mayor autonomía respecto a EE. UU. y la UE, aunque eso implique una nueva dependencia hacia China. Figuras como Pablo Iglesias han defendido la cooperación con Pekín como alternativa a la “agresividad geopolítica” estadounidense. Esto muestra que el vínculo con China no es solo económico, sino también un elemento del debate político interno sobre el modelo de alianzas.
A nivel social existe cierto acuerdo en que España debería tener una política exterior menos dependiente de EE. UU. y de la UE. El Gobierno responde a esa demanda con un mayor acercamiento a China, lo que podría implicar sustituir una dependencia por otra.
Aunque la UE mantiene una postura crítica hacia China, España insiste en destacar la cooperación económica y cultural. El Gobierno sostiene que esta cooperación es compatible con la pertenencia a la UE y a la OTAN.
Al margen de los factores económicos y políticos, el expresidente Rodríguez Zapatero es uno de los mayores defensores del acercamiento a Pekín. Mantiene una relación política y académica con China, participa en foros internacionales y defiende públicamente esta cooperación. También es conocido que la empresa de comunicación de sus hijas, What the Fav, dedicada al marketing digital, los eSports y la imagen corporativa, tiene entre sus clientes a Huawei.
