La estadística es clara, desde 2022 -año en el que se promulgó la última reforma- más de 800 mil personas firmaron un contrato indefinido que no llegó a superar el año de duración. Menos de la mitad de contratos que se firmaron en el último mes de febrero fueron a tiempo a completo, lo que significa que la mayor parte eran contratos precarios.

La media de duración de los contratos marcó el mes pasado 48 días, mínimo histórico que llega incluso a superar la media marcada en el último mes inmediatamente anterior a la reforma, de 57 días en febrero de 2022. La última reforma tampoco ha logrado calmar la preocupante situación laboral de los jóvenes españoles, los salarios de los trabajadores de entre 16 y 29 años son un 35% inferior a la media, la inestabilidad ha aumentado incluso en los trabajos más cualificados y la dificultad para desarrollar proyectos vitales a medio y largo plazo cada vez es mayor. 

Los resultados de las últimas reformas progresistas evidencian que el Gobierno actual no ha hecho más que aminorar las condiciones del trabajo y sus propuestas para contrarrestar esta situación rozan el surrealismo.

Hace unos meses, desde Sumar planteaban la posibilidad para los trabajadores de autodiagnosticarse la baja durante los tres primeros días sin necesidad de informe médico alguno, con el objeto claro de ahorrarse gasto en aumentar personal en atención primaria, sin tener en cuenta las posibles conflictos que puede acarrear para el trabajador con el empresario cuando finalmente el médico no ratifique la baja.

Tampoco los planes de igualdad para las empresas ni las políticas de cupos han repercutido en pro de la clase trabajadora. Sumándole a todo esto la alarmante situación del sector primario, que ha llevado a las protestas de agricultores los últimos meses.