El Consejo de la Unión Europea ha dado su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea del nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y el Reino de Marruecos. Este nuevo acuerdo comenzó a aplicarse provisionalmente el 3 de octubre y amplia el trato arancelario preferencial al territorio ocupado del Sáhara Occidental.
El acuerdo refuerza los lazos entre la UE y Marruecos, a pesar de que este país ocupa por la fuerza el Rif y el Sáhara Occidental y lleva a cabo una política de represión sistemática. Aunque esto poco le importa a una Unión Europea que coopera con el dictador islamista Al Jolani, quien en Siria esta desarrollando una política genocida contra cristianos y otras minorías religiosas.
Este nuevo acuerdo viola la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 21 de diciembre de 2016. Esta sentencia dictamina que el Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos. Por lo tanto, un acuerdo entre Marruecos y la UE no puede incluir al Sáhara Occidental. El TJUE estableció que cualquier acuerdo que incluya al Sáhara Occidental debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui como condición legal indispensable.
Las consecuencias de la sentencia del TJUE obligaron a la UE y a Marruecos a revisar los acuerdos comerciales. En consecuencia salió a la luz un nuevo acuerdo en 2018 que modificó el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Sin embargo, esta vez fue impugnado por el Frente Polisario en el TJUE argumentando que incumplía la sentencia de 2016. De nuevo otra sentencia en 2021 anuló estos acuerdos por incumplir la anterior de 2016 debido a que el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui, no fue consultado en el marco de las negociaciones entre la UE y Marruecos.
El nuevo acuerdo, que tampoco ha contado con el consentimiento del pueblo saharaui, no ha tardado en recibir críticas. La Alianza de Europa Central y Oriental en Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Alianza CEE) condenó el 7 de octubre el nuevo acuerdo, declarando su determinación para emplear todos los recursos legales a su alcance para garantizar el respeto a los derechos del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales.
Las relaciones entre la UE y Marruecos contribuyen a perpetuar el dominio colonial en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, desarrollando una industria que hace rentable la invasión. Se pasa por alto la voluntad del pueblo saharaui y se falsea el etiquetado de los productos exportados desde el territorio ocupado por Marruecos, sobre todo en productos agrícolas y pesqueros. Se trata de la segunda vez que la UE intenta saltarse una sentencia de su propio tribunal de justicia.
