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Se retira la Ley del suelo antes de su debate en el Congreso

Las reacciones de unos y otros vuelven a demostrar en lo que se está convirtiendo la política española, una sucesión de insultos y descréditos que poco ayudan a la estabilidad y la convivencia

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Unas horas antes de que se fuese a debatir la ley del suelo en el Congreso el pasado miércoles esta fue retirada.

Este proceso es bastante irregular y no es nada habitual.  Esta petición de retirada se produjo con una carta dirigida a la presidenta de la cámara Francina Armengol escrita por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños en las que según marca la normativa se solicita que deje sin efecto la remisión del documento de Proyecto de Ley por el que se iba a modificar la ley del suelo

Si todo hubiera seguido según sus cauces, en esta sesión se hubiera debatido y llevado a votación.

La reforma de la ley del suelo se inició en diciembre de 2022, al ser aprobada por el Consejo de Ministros. Con posterioridad se llevó al Congreso de los Diputados, pero esta tramitación se vio interrumpida por las elecciones municipales, autonómicas y posteriormente generales. En Marzo 2024 se aprobó en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y el jueves 23 se enfrentaba al debate de totalidad.

La aprobación de esta ley según el ejecutivo se ha paralizado pero no abandonado, y que «volverá a ser llevada al congreso para que se apruebe con un amplio consenso».

Con ella se pretendía regular aspectos relativos al uso del suelo para construcción de vivienda. Con un contenido muy jurídico, burocrático, técnico y administrativo.  

De manera resumida, lo que pretendía conseguir el anteproyecto de ley es evitar que los ayuntamientos vieran paralizados sus proyectos de planes territoriales por defectos menores.  Los ayuntamientos generalmente tienen políticas de recalificación de terreno, de concesión de permisos de planes urbanísticos, venta o cesión de parcelas, creación de nuevos barrios, etc. de manera que en sus terrenos pueda comenzar a construirse. Generalmente con iniciativa privada.  Bien también podría ser que este proceso, fuese un paso previo para la construcción de vivienda pública o de algún otro tipo de figura.

En la actualidad los municipios se enfrentan a trabas burocráticas que paralizan estos planes. Por lo que la ley buscaba incrementar la seguridad jurídica para la planificación territorial y urbanística. A veces un pequeño error de forma en la documentación paraliza todo un proyecto urbanístico de un ayuntamiento. Lo que ralentiza la construcción de nuevas viviendas. Esta ley, de haber salido aprobada, pretendía que no se anulase todo un plan urbanístico sólo porque tuviese un defecto formal. En la actualidad un plan urbanístico se decide con las administraciones territoriales con competencias y con los ciudadanos. Y es un proceso largo y complicado que puede ser desechado solo por un defecto de forma. Con esta ley se planteaba la posibilidad de subsanar o anular sólo ese aspecto, sin que fuera rechazado el plan por completo.

Los recursos contra defectos de planes urbanísticos son interpuestos por despachos de abogados, que de esa manera pueden coaccionar en cierta medida a los ayuntamientos u obtener algún tipo de ventaja.  Por lo que esta ley además de evitar que se tirase un plan urbanístico solo por defectos quería limitar quién puede presentar recursos contra defectos.  En la actualidad cualquier persona física o jurídica está habilitada para ejercer la acción pública, y el Anteproyecto pretendía conceder esta facultad únicamente a las personas físicas y a las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Y que esta acción pública debería ejercerse en defensa de los intereses generales vinculados con la ordenación del territorio y el urbanismo y respecto a aspectos materiales o sustantivos. No pudiéndose basar en vicios meramente formales, ser la acción contraria a la buena o un abuso de derecho, ni pretender el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica particular. Esto también limita el campo de acción de denuncias de particulares o de grupos de vecinos que puedan verse afectados por las políticas del ayuntamiento en cuanto a ordenación territorial.

Los planes anulados son mucho más habituales de lo que se cree y por eso se ralentiza la obtención de suelo para construir vivienda, generándose una gran demanda que eleva significativamente los precios.

Es decir que esta medida facilita que haya más terrenos para construir de manera más rápida, pero no tiene nada que ver con incrementar el parque de vivienda pública, facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, o incrementar el parque de viviendas de alquiler. Quizá podría tener un cierto impacto (no necesariamente ni de manera asegurada) en reducción de precios (solo en vivienda nueva) y desde luego no en el corto plazo.

Y en cierta manera puede facilitar los «pelotazos urbanísticos» que tristemente ya son parte de la política de ciertos ayuntamientos, y podría verse facilitada.

La patronal y las empresas constructoras mostraron a las claras su disgusto con la paralización de esta ley.  Lo que nos muestra que este proceso de desregulación les favorecía claramente. Para el ciudadano medio esta ley no iba a traducirse claramente en una solución al problema de la vivienda.

Aunque se pretendió vender como una política «social» del PSOE que no salió adelante por los intereses electoralistas tanto del PP como de sus socios.

Félix Bolaños decidió retirar de la sesión esta ley sabiendo que no tenía posibilidades de ser aprobada y sería el segundo fracaso en corto plazo de tiempo para el PSOE, tras no ser aprobado el proyecto de Ley de regulación del Proxenetismo.

Evidenciando que el gobierno de coalición y los sucesivos procesos electorales están creando una paralización completa de la actividad legislativa y de gobierno que sufrimos todos los ciudadanos.

Las razones que esgrimieron los distintos partidos para votar en contra sí que evidentemente son electoralistas, pero también ideológicas. Las reacciones de unos y otros vuelven a demostrar en lo que se está convirtiendo la política española, una sucesión de insultos y descréditos que poco ayudan a la estabilidad y la convivencia.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda lamentó que Sumar no se uniese al apoyo al proyecto de Ley. Y acusó al partido a través de su portavoz, Íñigo Errejón (que declaró que esta ley facilitaba el pelotazo), de «tener absoluta ignorancia» propia de quien no ha pisado un ayuntamiento y de quien no conoce el significado de un plan urbanístico». Echándole en cara además que el grupo Sumar no tiene concejales en ningún lugar de España y por eso no le interesa nada que tenga que ver con los ayuntamientos. Y que no se había leído la ley. Lo que sí echó en cara la ministra con cierta razón, es porque Sumar sí apoyó la reforma de la ley en el Consejo de Ministros y en este momento no. Esta sarta de insultos no fue nada bien recibido por Yolanda Diaz, evidenciando la ruptura (real o fingida por sacar redito) de ambos partidos

Un diputado de Compromís, le afeó a la ministra que esta se está tomando con calma la regulación de los pisos turísticos y sin embargo quería que la ley del suelo se aprobase «sin negociar» y con prisas. Junts y Esquerra planteaban la enmienda a la totalidad de esta ley al no considerar la autonomía de Cataluña en materia de vivienda.

En este «ring de boxeo» que se está convirtiendo el Parlamento también hubo espacio para recriminar al PP que se plantease votar en contra solo por motivos electoralistas y para «hacerle una zancadilla al Ejecutivo». Lo que parece un gesto de rabia, ya que daban por hecho su apoyo, ya que el PP fue el último en definir que votaría en contra.

Y sí, evidentemente algo de eso hay ya que esta propuesta de ley provenía de una propuesta de un acuerdo PP-PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias». Y el peso del PP en los ayuntamientos es muy alto. Es una ley que gustaba al P.P pero Núñez Feijóo vio una ocasión de oro para despacharse con declaraciones como, «que no ayudarían al PSOE cuando le faltaran sus aliados independentistas» para evidenciar la debilidad del gobierno.

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