El Ministerio de Justicia de Corea del Sur ha impuesto una prohibición de salida al presidente Yoon Suk-yeol mientras es investigado por presuntos cargos de traición, amotinamiento y abuso de poder. La medida se produce tras la declaración de ley marcial la semana pasada, que ha generado fuertes críticas y controversia en el país.
La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) solicitó la prohibición al Ministerio de Justicia. Según su director, Oh Dong-hoon, la policía y la Fiscalía surcoreanas están investigando al mandatario, así como a varios altos funcionarios gubernamentales y militares, quienes también enfrentan cargos relacionados con la controversia. Se alega que la ley marcial fue decretada con motivaciones políticas, en un intento de preservar la posición del presidente y proteger a su esposa, a quien se le acusa de corrupción.
El Partido del Poder Popular (PPP), al que pertenece Yoon, anunció su intención de lograr una «salida ordenada» del presidente, dejando en manos del primer ministro, Han Duck-soo, las funciones estatales, incluidas las de diplomacia. Por su parte, el principal partido opositor, el Partido Democrático (PD), ha calificado el plan del PPP de anticonstitucional y prepara una nueva moción parlamentaria para intentar inhabilitar al presidente.
El PD necesita obtener apoyo del Partido del Poder Popular para alcanzar la mayoría de dos tercios requerida en el Parlamento y destituir a Yoon.
