A nivel de derecho, existen dos figuras principales para determinar como se obtiene la nacionalidad de un determinado Estado. Uno es el ius sanguinis, que determina que solo los hijos de ciudadanos de ese país son nacionales del mismo, o el ius solis, que determina que puede obtenerla el ciudadano que resida dentro de ese mismo país y que acredite un mínimo de arraigo al mismo.

En el caso español se podría hablar de un modelo mixto. En principio se establece el ius sanguinis, pero existen numerosas formas de nacionalizarse de forma excepcional, lo que nos aproxima más a la figura del ius solis. De esta forma aumenta la artificialidad de la concesión de la nacionalidad, abriendo la puerta al fraude en el proceso de nacionalización.

Tan solo este año hemos tenido conocimiento de redes de suplantación en los exámenes de destreza lingüística, como la desarticulada en Valencia, donde se ofrecía este método a cambio de 400 euros. Otro caso se denunció en Melilla, donde se registraba como españoles a bebés nacidos de madres marroquís, mediante la mediación de varones nacionalizados que los inscribían bajo su tutela. De mayor envergadura fue la red desarticulada en Málaga, con implantación estatal, que por 3.000 euros conseguía la nacionalidad, y por 6.000 arreglaba matrimonios de conveniencia. Ante la masividad de los fraudes el Tribunal Supremo ya tuvo que aclarar en el año 2021 que se podía retirar la nacionalidad con carácter retroactivo si se probaba que existía un fraude en la concesión de la misma.

Si bien existe mucha polémica al respecto, hay diversos tiempos de tramitación dependiendo del procedimiento. Se suele observar que los procesos por residencia son más lentos. Por esto mismo el procedimiento más común son los matrimonios de conveniencia. Y es que este es un método que ni siquiera puede necesitar de la medación de una red criminal o de un pago pecuniario. Suele darse el caso de la mediación de familiares emigrados que ante los nuevos arribados solo tienen que acudir al juzgado con un acta matrimonial y ya obtienen la nacionalidad. Tanto por el número como por las particularidades del mundo matrimonial, hace también que este trámite sea el más difícil de revertir por fraude de ley.

Así mismo existen otras motivaciones políticas detrás de la concesión de nacionalidades como los casos de los exiliados saharauis o rifeños, donde la presión de las embajadas del reino alauita suelen hacer presión para que se extraditen a estos sujetos.