Los Consejos de la Sharía, conocidos como Tribunales de Sharía, existen en Reino Unido desde 1982, cuando se fundó el primer Consejo Islámico de Sharía en Leyton, Londres. Su creación tuvo lugar durante el mandato de Margaret Thatcher, entre 1979 y 1990, en respuesta al aumento de la inmigración procedente de países islámicos y a las políticas de la Primera Ministra, que impulsaron la reducción de la intervención estatal en diversos asuntos. Entre estas cuestiones se encontraba la mediación en conflictos familiares, que pasó a ser gestionada por organizaciones religiosas.
En 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la Sharía era incompatible con los valores democráticos. A pesar de ello, el número de tribunales islámicos en Reino Unido ha seguido creciendo, creando un sistema jurídico paralelo que refleja la segregación y la falta de integración de parte de la comunidad musulmana en el país. Estos tribunales representan un obstáculo para la protección de los derechos y las libertades individuales, especialmente en el caso de las mujeres, así como de personas homosexuales o apóstatas.
Si bien estos tribunales no tienen validez legal, sí que poseen poder de decisión de facto sobre la comunidad musulmana. Se dedican principalmente a cuestiones de mediación y arbitraje, en base al derecho islámico. Los casos más comunes son matrimonios, divorcios, herencias, finanzas, y cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. Los Consejos de Sharía suelen reunir a varios especialistas del islam vinculados a una mezquita y/o a organismos islámicos informales.
Se calcula que hay 85 tribunales islámicos en Inglaterra y Gales, pero dada la falta de cifras oficiales podrían existir más. La organización que coordina las actividades de los tribunales es el Consejo Británico de Consejos de la Sharía.
En 2018, el Departamento del Interior de Gran Bretaña expresó preocupación por la discriminación hacia las mujeres en los Consejos de la Sharía, destacando que estos tribunales suelen ignorar los casos de violencia de género. El informe señaló que muchas mujeres no registraban su matrimonio ante el Estado, lo que las obligaba a depender de los tribunales islámicos para solicitar el divorcio.
Aunque el divorcio está permitido en el islam, las mujeres necesitan el consentimiento del marido para obtenerlo. Si este se niega, deben recurrir a un Tribunal de la Sharía. Además, deben devolver la dote al esposo para que el divorcio sea aprobado. En cuanto a la herencia, la legislación islámica establece que las mujeres reciben la mitad de lo que corresponde a los hombres. El informe también reflejó un aumento significativo en los matrimonios forzosos, con un incremento del 78% en 2023 respecto a 2022. El 25% de las víctimas eran menores de edad.
La Unidad de Matrimonios Forzados, dependiente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, registró 283 casos. Las nacionalidades con mayor incidencia fueron la pakistaní (49%), la bangladesí (10%), la afgana (8%), la india (7%), la somalí (2%) y la turca (2%). Salvo la india, todas las nacionalidades corresponden a países de mayoría musulmana, y los matrimonios son celebrados por los Consejos de la Sharía. Se estima que las cifras reales son más altas, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o presiones familiares.
En 2011, la baronesa Cox impulsó un proyecto de ley destinado a garantizar los derechos de las mujeres musulmanas, pero fue rechazado en cinco ocasiones, y la campaña finalizó en 2016 sin éxito. El proceso de islamización avanza en Reino Unido, en un contexto donde la principal amenaza terrorista sigue siendo una preocupación latente.
