El gobierno turco prepara el llamado 11º Paquete Judicial, una reforma que, bajo la apariencia de “protección de la familia y la moral pública”, busca legitimar una nueva ofensiva contra las libertades individuales. Su objetivo inmediato es el colectivo LGTBI+, pero su trasfondo va mucho más allá: la imposición de una moral religiosa como norma jurídica.
El borrador, aún no aprobado, contempla penas de uno a tres años de prisión para quienes “promuevan comportamientos contrarios al sexo biológico y a la moral pública”. En la práctica, esto significa que cualquier manifestación o visibilidad LGTBI+ podría ser castigada penalmente. También se introduce la noción de “sexo biológico” en el Código Penal, negando reconocimiento legal a las identidades trans, y se eleva la edad mínima para la cirugía de reasignación de género hasta los 25 años, endureciendo además las condiciones médicas y penales para quienes la practiquen.
No es casual que esta ofensiva moral coincida con la declaración oficial de 2025 como “Año de la Familia”, ni que los discursos gubernamentales hablen de “preservar la moral islámica frente a la decadencia occidental”. El presidente Erdoğan y su partido AKP han hecho de la islamización del espacio público una herramienta política: la religión deja de ser una convicción personal para convertirse en el principio rector del Estado.
Esa moralidad “pública”, en realidad, es moralidad religiosa. Se inspira en una lectura conservadora del islam que considera el género y la sexualidad como ámbitos sujetos a control social y no como expresiones de libertad personal. Desde ese marco, el Estado se erige en guardián de la virtud, y quien se aparta de la norma es tratado como un enemigo del orden divino.
El problema es profundo: cuando la ley adopta la moral de una confesión, muere la neutralidad del Estado. Turquía, que durante décadas fue modelo de laicidad en el mundo musulmán, está desandando ese camino. El poder político ya no se legitima por el voto o la Constitución, sino por su supuesta fidelidad a los “valores islámicos”.
Esta reforma judicial no busca justicia, sino conformidad moral. Pretende que el ciudadano viva, ame y piense según los dictados del poder religioso. Y ese es el principio de toda tiranía: cuando el Estado decide qué es pecado.
Turquía, antaño puente entre Oriente y Occidente, se encierra cada vez más en sí misma. Con el 11º Paquete Judicial, el país no solo criminaliza a las minorías sexuales, sino que da un paso más en la confusión deliberada entre fe y ley, entre religión y justicia. El resultado es un Estado que ya no legisla para sus ciudadanos, sino para sus creyentes.
