El pasado 7 de abril Pedro Sánchez declaró en el Congreso de los Diputados que en España no había uranio. Días antes la ministra Sara Aagesen afirmó lo mismo. Pero lo cierto es que en España sí que hay uranio, pero está prohibida su extracción debido a la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. 

A raíz del apagón eléctrico general del 28 de abril las centrales nucleares han vuelto a ser objeto de debate. Nuestro país cuenta con cinco centrales pero el gobierno prevé cerrarlas en los próximos años. Sin embargo, un sector de la población aboga por mantener esta fuente de energía y desarrollarla. Algo perfectamente viable teniendo en cuenta que en España sí que hay uranio. 

Según el Libro Rojo del Uranio de la Agencia Internacional de la Energía, España aparece como uno de los países europeos con mayores reservas de uranio. Ya en el pasado hubo minas de este mineral en nuestro país, como la de Saelices el Chico en Salamanca, en activo entre 1957 y el año 2000. Además se desarrolló una industria asociada a la extracción de uranio, en gran parte propiedad del estado, como la aún existente Enusa.

En 2021 se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que en su artículo 10 impide la concesión de nuevas licencias para la exploración y extracción de minerales radioactivos como el uranio. La mayor reserva de este mineral se encuentra en Salamanca, y estuvo a punto de ser explotada por la empresa minera australiana Berkeley. La ley de 2021 promovida por la presión de grupos ecologistas y por los socios del gobierno de aquel momento, Unidas Podemos, impidió el inicio de los trabajos mineros. 

El caso de la minera está en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ya que la empresa optó por llevar a este organismo de arbitraje el asunto. El veto español a la empresa australiana podría suponer el pago de una cuantiosa indemnización (900 millones de euros), si el tribunal así lo determina. La mina en Retortillo (Salamanca), propiedad de la filial española de Berkeley, habría suministrado uranio a bajo coste a las centrales nucleares españolas. Debido a la decisión del gobierno España deberá seguir importando un recurso del que dispone de sobra. 

Cuesta creer que teniendo los recursos necesarios para desarrollar la minería y el sector energético, concretamente el nuclear, se opte por vetar cualquier iniciativa en esta dirección. Las consecuencias son graves. En primer lugar, se pierde una buena oportunidad para desarrollar y diversificar la economía nacional, que nos daría autosuficiencia energética. En segundo lugar se importa de otros lugares un recurso que poseemos en grandes cantidades como el uranio. Por último el gobierno se embarca en un pleito con una empresa minera sin necesidad que a los españoles nos puede costar muy caro.