Han pasado varios años desde los atentados islamistas en China, como el de la plaza de Tiananmen en 2013, que dejó dos muertos y más de 30 heridos, o el de Kunming en 2014, donde murieron 31 personas y 130 resultaron heridas. En la última década, la situación ha cambiado significativamente debido a las políticas gubernamentales, cuyo origen se remonta a las campañas «Golpea Duro» iniciadas en 1996, destinadas a acelerar los procesos de arresto y juicio contra sospechosos de terrorismo. Actualmente, la realidad es distinta a la de los años noventa, marcados por una gran dureza, o a los años previos a 2016, cuando los ataques eran más frecuentes.

A diferencia de la mayoría de países europeos, donde el islam es un fenómeno exógeno e importado a través de la inmigración, en China existen minorías étnicas que profesan mayoritariamente la religión islámica. Entre ellas destaca, aunque no es la única, la minoría uigur. Estas comunidades habitan en la región autónoma de Xinjiang, situada en la parte más occidental del país.

El principal grupo terrorista que ha operado en China durante las últimas décadas es el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO), fundado en 1997 sobre la base de organizaciones terroristas que ya llevaban años actuando. Su objetivo es lograr la independencia y crear un estado islámico en Xinjiang. Desde su fundación, el MITO ha cometido numerosos atentados utilizando explosivos, atropellos, armas de fuego y armas blancas contra objetivos civiles y gubernamentales. Solo en la década de los noventa, sus ataques causaron más de 200 muertos.

El MITO tiene vínculos con Al-Qaeda y, en el pasado, sus combatientes se entrenaron en el Afganistán controlado por los talibanes. También participaron activamente en el conflicto sirio, formando la Katiba del Turquestán, que combatió junto al Frente Al-Nusra. En la actualidad, algunos de sus miembros se encuentran en las filas del régimen islamista sirio liderado por HTS. El conflicto en Xinjiang es un problema interno que, sin embargo, ha sido alimentado desde el exterior por el panturquismo y el islam político.

El gobierno chino ha implementado diversas medidas para abordar este grave problema interno. Una de las principales ha sido ejercer un estricto control sobre la práctica religiosa, al considerarla el principal vehículo de propaganda terrorista. Esto ha incluido la limitación de la presencia de la religión en la esfera pública, especialmente en aquellos aspectos que se perciben como contrarios a la ley y a los valores de la sociedad china. Es importante destacar que estas políticas se enmarcan en el contexto de un conflicto armado contra el integrismo religioso, el cual ha causado la muerte de cientos de civiles.

Por ley, a ningún funcionario se le permite rezar en una mezquita y la entrada queda prohibida a menores de 18 años. La religión es considerada como algo privado por lo que no se permiten rezos en la vía pública, solo en mezquitas autorizadas. De la misma manera no existen llamadas al rezo desde los lugares de culto. El uso del velo, considerado símbolo de extremismo religioso no se puede emplear en las instituciones públicas. A las mujeres con el rostro cubierto se les llega a rechazar atenderlas en los hospitales públicos. El sistema educativo en la región está sometido a un estricto control. Existen medidas que restringen la contratación de profesores extranjeros, especialmente provenientes de países musulmanes. Estas restricciones buscan limitar la influencia externa en la educación, evitar el control ideológico y reducir posibles vínculos con movimientos integristas.

Además, se ejerce una estricta censura sobre el contenido islamista en redes sociales y medios de comunicación. El Proyecto Escudo Dorado actúa como un sistema de seguridad pública que monitorea el internet nacional y gestiona bases de datos relacionadas con la criminalidad y la inmigración para abordar este problema. Complementariamente, el Proyecto Gran Cortafuegos filtra y bloquea el acceso a sitios web extranjeros considerados inapropiados o peligrosos.

En cuanto a las fronteras, se han establecido estrictos controles para prevenir tanto la fuga de terroristas como su posible retorno. Estas medidas incluyen la exigencia a terceros países donde se esconden los terroristas, para su deportación de vuelta a China donde son juzgados y condenados. En este contexto, la cooperación internacional se ha convertido en un elemento clave para garantizar la eficacia de estas políticas.

Sin duda lo más polémico han sido los Centros de Educación y Capacitación Vocacionales, una especie de campos de reeducación dirigido a personas que están o podrían estar involucradas al extremismo religioso. El objetivo principal de estas iniciativas es ofrecer educación profesional, capacitación laboral y formación en valores cívicos. Aunque a menudo se presentan como campos de trabajos forzados, la realidad es diferente: no se trata de prisiones, sino de centros diseñados para la reintegración social.

Desde 2016, la situación en China ha mejorado significativamente gracias a las estrictas políticas de control y a las iniciativas antiterroristas. Los niveles de violencia que marcaron las décadas anteriores han disminuido drásticamente. La política china ha relegado la práctica religiosa al ámbito privado y personal, reservando el espacio público para todos los ciudadanos, independientemente de si son musulmanes, o de otras confesiones. Mientras en Europa el islamismo gana terreno, China parece haber encontrado una solución efectiva. No obstante, aún queda por ver cómo gestionará el retorno de combatientes islamistas chinos y el impacto que esto podría generar en el futuro.