Hace escasamente unos días asistíamos a un terrible suceso ocurrido en Badajoz, el asesinato de una educadora social por parte de tres menores de edad y su posterior detención. El terrible asesinato ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales de los educadores, la impunidad de los menores ante la ley, y cómo debe cambiar el sistema para que se pueda prevenir en el futuro casos como el de hace escasamente unos días.

El asesinato de Belén Cortés ha provocado una consternación en la opinión pública que ha sido refrendada por una de sus compañeras de trabajo, Sheila Gómez, que hace escasamente unos días lamentaba el asesinato de Belén y la situación de desamparo a la que se enfrentan los educadores sociales. Sheila declaró que llevaban «meses reivindicando la inseguridad a la que se ven sometidos con manifestaciones desde el centro». A su vez declaró que la inseguridad en los centros tutelados cada día es mayor, afirmando que «los menores son cada vez más agresivos, y pedimos estar más protegidos, que haya más personal para el centro y más medidas de seguridad, porque así no podemos trabajar».

Las denuncias de numerosos colectivos de trabajadoras sociales apuntan al recorte de presupuesto como uno de los causantes de esta situación, afirmando que es «el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos públicos prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal». Incluso el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha llegado a afirmar que «en todas las profesiones vinculadas a los servicios sociales hay un problema estructural de precarización y de infravaloración social».

Otra de las grandes problemáticas que ha planteado el caso ha sido el de la ley del menor y su reforma. Para muchos sectores relacionados con los trabajadores sociales es una ley desactualizada y que no corresponde a la realidad actual, en la que el aumento de los delitos entre los menores de edad y su gravedad hacen necesaria una reforma de dicha ley.

En cuanto al número de menores inmigrantes dentro de los centros de menores, tan solo en 2024, según las cifras de Statista, rondan tan solo en Canarias los 5.000 niños y adolescentes. Seguidamente encontramos a Cataluña y Madrid con 2.369 y 1.200 menas respectivamente, siendo mayoritariamente de origen marroquí o argelino, pese a que cada día llegan desde lugares más diversos como el África subsahariana según ONGs como Unicef. La situación en estos centros llega en muchas ocasiones a ser mucho peor, donde las peleas, las agresiones y todo tipo de delitos son cometidos sin llegar a poner ningún remedio efectivo que permita acabar con la situación. La situación de los propios menas y de los menores al dejar de serlo tampoco suele mejorar, destacando posteriormente por ser reincidentes y volver a cometer delitos tras su paso por los centros de menores. El aumento de la llegada de menas a los centros, junto a ex-tutelados se ha disparado en España un 33 % en solo dos años, datos que avalan la poca integración de los menores no acompañados al país, pues hasta el 41% de los sin hogar en Barcelona son ex-tutelados. Esto revela el gran problema entorno a los centros de menores, la impunidad de los mismos, y la delincuencia y precariedad que surge de estos centros.