Mucho se ha escrito ya sobre el reto que representa para España la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, menas. Más allá de una cuestión migratoria, el fenómeno se ha convertido en un foco de confrontación política y, cada vez más, en un problema social. Proliferan los vídeos, denuncias vecinales y testimonios sobre las consecuencias de unas políticas centradas en la reubicación de estos menores, sin atender al impacto real que su llegada provoca en las comunidades receptoras.
Para situarnos, conviene recordar que, como su propio nombre indica, un mena es un individuo extranjero menor de edad que se encuentra en España sin un adulto responsable. Sin embargo, este punto fundamental no siempre se cumple. La mayoría llega sin documentación —ya sea por pérdida o por voluntad propia—, lo que dificulta acreditar su edad real. En muchos casos, las autoridades tienden a aceptar la edad que los propios inmigrantes declaran. A pesar de las dudas existentes y de testimonios que reconocen que muchos de ellos son mayores de edad.
La mayoría de los menas en España proceden del norte de África, especialmente de Marruecos y Argelia. Por razones geográficas, una gran parte entra por las Islas Canarias, punto clave de la denominada ruta atlántica. En 2023, Marruecos representó aproximadamente el 32% del total de menores extranjeros no acompañados. Se estima que en España hay más de 15.000 menas y jóvenes extutelados, de los cuales más de 10.000 son marroquíes (Statista).
La presión migratoria sobre Canarias se ha incrementado de forma notable en los últimos años. Solo en 2024 llegaron más de 6.300 menores inmigrantes al archipiélago, lo que ha llevado al colapso de su red de acogida. Actualmente, la ocupación de los centros es del 123%, llegando al 160% en momentos de repunte (Gobierno de Canarias). Ante esta emergencia, el Gobierno de Canarias ha solicitado ayuda reiteradamente y ha declarado la situación de emergencia para movilizar recursos adicionales.
En este contexto, el Congreso de los Diputados aprobó en marzo de 2024 un Real Decreto-ley que modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Concretamente su artículo 35. El objetivo era la redistribución obligatoria de 4.400 menas desde Canarias y Ceuta hacia otras comunidades . Esta medida se apoya también en el Real Decreto 903/2021, que regula los mecanismos de solidaridad interterritorial.
Sin embargo, el decreto ha generado polémica, principalmente por el desequilibrio en la distribución. Cataluña recibirá apenas 30 menores. Comunidades como Madrid y Andalucía acogerán 806 y 796, respectivamente. Esta diferencia ha sido posible gracias a un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, que ha permitido reducir drásticamente la cuota asignada a Cataluña. De los 4.400 menores previstos en la reubicación, Cataluña solo asumirá un 1,3% del total.
El Ejecutivo ha justificado la distribución en base a un criterio de proporcionalidad inversa al esfuerzo previo: aquellas comunidades que históricamente han acogido a un mayor número de menores —como Canarias, Ceuta, Melilla o Andalucía— asumirían ahora una carga menor, mientras que aquellas que han participado menos deberán aumentar su implicación. No obstante, la aplicación práctica de este criterio ha provocado tensiones.
Especialmente crítica ha sido la Junta de Andalucía. Su consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha advertido de que el sistema andaluz ya tutela a más de 2.700 menores y se encuentra “desbordado”. Además, denuncia que el reparto no tiene en cuenta la capacidad real de acogida de cada comunidad ni va acompañado de la financiación adecuada. “No se puede derivar una responsabilidad sin dotar de medios a quienes deben asumirla”, afirmó.
Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales (marzo de 2024), la distribución de los 4.400 menores por comunidades revela diferencias llamativas. Y que contradicen el principio en que dicen basar la distribución. Mientras que algunas regiones verán triplicado el número de menores que actualmente tutelan, otras —como Cataluña— asumirán apenas un incremento simbólico. Este desequilibrio ha alimentado las críticas al reparto y ha reavivado la sospecha de que ciertos acuerdos políticos, más que criterios técnicos, han guiado el diseño final del plan.
Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales (marzo de 2024), la distribución de los 4.400 menores por comunidades quedaría así:
La aplicación de esta medida ha reavivado el debate sobre los límites del modelo autonómico, la solidaridad interterritorial y la sostenibilidad del sistema de acogida en un país que, en medio de una crisis económica y social, empieza a mostrar signos de fatiga institucional ante un fenómeno que no da señales de remitir.
Aceptar menores inmigrantes no acompañados no puede ser una política ideologizada. Debe ser una decisión basada en la capacidad real de acogida, en la legalidad, en el sentido común y en el interés general de la población. De lo contrario, el sistema colapsará. Y cuando eso ocurra, será la consecuencia directa de haber ignorado, durante años, lo que muchos advertían y pocos querían escuchar.
