La Comisión Europea ha iniciado un expediente formal contra España por considerar que el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) discrimina a quienes tienen vivienda en España sin residencia fiscal. Según Bruselas, al imponer una renta imputada del 2 % del valor catastral (o 1,1 % si el valor ha sido actualizado recientemente) incluso sin generar ingresos, se rompe la igualdad con los residentes, que están exentos si se trata de su vivienda habitual

Bruselas ha dado a España un plazo de dos meses para modificar la norma. Si no lo hace, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En juego no solo hay un principio legal, sino también una recaudación significativa: solo en 2024, el impuesto a la renta imputada de no residentes generó 137 millones de euros. Y el conjunto del IRNR, que incluye también ingresos por alquileres, plusvalías, etc,  ya ha recaudado más de 1.600 millones en lo que va de 2025.

Detrás de las cifras, el núcleo del conflicto es político. Frente a una grave crisis de vivienda y la concentración de pisos en manos de grandes inversores, gravar a los no residentes, muchos de ellos mantienen viviendas cerradas, parecía una medida eficaz para combatir la especulación. Sin embargo, la UE lo frena: el mercado manda, el interés social queda fuera.

El resultado es perverso: en lugar de penalizar a quien deja pisos vacíos, se blinda su derecho a hacerlo sin carga. Bruselas vuelve a posicionarse: protectora del capital extranjero, indiferente a la falta de acceso a la vivienda de los españoles. Lo llaman “libre circulación”, pero impiden legislar para proteger al pueblo español frente a los fondos o grandes propietarios extranjeros.

En definitiva: si España quiere intervenir en su mercado inmobiliario, deberá hacerlo sin tocar ni un ápice los privilegios del sector inmobiliario internacional. La soberanía y el derecho a la vivienda chocan, una vez más, contra de la ortodoxia impuesta por Bruselas.