El pasado día 24 de febrero, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros había aprobado una iniciativa con un complejo y ambiguo nombre: “Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030”. En ese mismo anuncio indicó que se materializaría en una primera medida con la creación de la “Mesa Interinstitucional de Soledades”.
La iniciativa está liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En la web del ministerio indican que “se trata de una estrategia pionera en España que por primera vez permite establecer un marco común para abordar la prevención de la soledad de manera transversal en todas las etapas de la vida, situando la pertenencia y la cohesión social como pilares del estado del bienestar”.
El ministro Pablo Bustinduy indica que “el problema no es la soledad, sino que es algo que no siempre se puede elegir. Tenemos que garantizar que haya una comunidad a la que acudir cuando se busque compañía”.
Evidentemente la soledad es un problema, pero el tipo de palabras del ministro parece ser más un intento de demostrar que su ministerio tiene cometidos. La soledad no deseada es una realidad muy compleja que depende de muchos factores: pérdida de valores, nuevas realidades demográficas, condiciones económicas, etc., y cuyo análisis y solución precisan de más rigor que la creación de burocracia o soluciones estatales de bonito nombre.
Uno de los informes que ha tratado con más rigor la problemática es el Barómetro del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, realizado por la Fundación ONCE y la Fundación AXA en 2024. Este estudio se basa en encuestas a una muestra representativa de 2.900 individuos y concluye que la soledad no deseada es frecuente, persistente y multidimensional, muy relacionada con factores sociales, económicos, de salud y de relaciones personales.
La soledad no deseada se define técnicamente como “la experiencia personal negativa de tener menos relaciones o menos apoyo del deseado”. El estudio considera que una persona sufre soledad si se siente sola “con frecuencia” o “siempre”, o puntúa alto en sentimientos de falta de compañía, exclusión o aislamiento.
Los datos muestran que un 20 % de la población sufre soledad no deseada. Dos de cada tres llevan viviendo esta situación desde hace dos años o más y el 13,5 % presenta una situación de soledad crónica. Además, siete de cada diez encuestados declaran haberla sufrido alguna vez.
Es más frecuente en mujeres que en hombres (posiblemente debido a la mayor longevidad femenina) y resulta especialmente elevada entre los jóvenes. En la franja de 18 a 24 años alcanza el 35 %.
El estudio analiza múltiples dimensiones y muestra los factores más determinantes de la soledad. Destaca el uso abusivo de lo digital, ya que quienes sufren soledad se relacionan más online que presencialmente. La prevalencia se duplica entre quienes se comunican principalmente a través de medios digitales.
La educación y el empleo también tienen impacto: a menor nivel educativo aumenta la soledad. El desempleo, especialmente entre los 30 y los 55 años, duplica la prevalencia del problema. En hogares con dificultades económicas la soledad no deseada alcanza el 30 %, más del doble que entre quienes llegan con facilidad a fin de mes.
La salud también influye significativamente: entre quienes presentan mala salud física o mental, la mitad tiene riesgo de sufrir soledad no deseada. Algunos colectivos presentan mayor incidencia, como personas con discapacidad (50 %), migrantes (32 %) y personas del colectivo LGTBI (34 %).
La soledad no es mayor en zonas rurales; de hecho, es más alta en municipios medianos. El estudio muestra además un dato preocupante: un 43 % de quienes sufren soledad han tenido pensamientos suicidas o autolesivos.
La percepción social es que se trata de un problema que puede afectar a cualquiera: el 98,8 % cree que cualquiera puede sufrir soledad. Sin embargo, está invisibilizado; el 93,3 % piensa que es un problema invisible. Entre quienes la sufren, la mitad no se siente cómoda hablando de ello o pidiendo ayuda.
Existe acuerdo en que las instituciones públicas deben intervenir, aunque con matices: el 91 % de quienes no sufren soledad considera que debería ser una cuestión prioritaria para las administraciones, mientras que entre quienes la padecen ese porcentaje baja al 86 %.
Más allá del papel de la administración, existe un consenso amplio en que la lucha contra la soledad es una responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad, opinión respaldada por el 93,9 % de la población.
Por tanto, se trata de un problema grave y la ciudadanía percibe la necesidad de medidas. Sin embargo, lo planteado por el Gobierno parece poco definido y en algunos aspectos más teórico que práctico, con propuestas difíciles de trasladar a la realidad.
El Marco Estratégico de las Soledades no es una ley, sino un documento estatal que establece criterios comunes y líneas de acción públicas para prevenir y combatir la soledad no deseada en España.
Entre las medidas principales se incluyen sistemas de detección temprana e indicadores, con la creación de un sistema estatal de seguimiento y refuerzo de la detección en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales. También propone impulsar servicios de acompañamiento social y de proximidad.
El documento incorpora además objetivos más generales, como la construcción de comunidad y cohesión social o el fomento del tejido comunitario como red de apoyo frente al aislamiento, aunque sin definir claramente cómo se materializarán muchas de estas propuestas.
Asimismo, propone integrar la perspectiva de la soledad en distintas políticas públicas y crear estructuras de participación que incluyan ciudadanía, administraciones y Tercer Sector.
El Ministerio de Derechos Sociales liderará la coordinación y el seguimiento del Marco Estratégico mediante un sistema permanente de evaluación de indicadores y resultados, con una aplicación progresiva hasta 2030.
El dato clave es que el documento no establece una financiación concreta ni un presupuesto asignado, sino que define un marco de actuación que cada administración deberá desarrollar con sus propios recursos. Por ello, algunos expertos señalan que, aunque el marco puede ser un paso relevante, su éxito dependerá de que vaya acompañado de financiación suficiente.
Las comunidades autónomas y entidades locales serán responsables de gran parte de la ejecución territorial, mientras que el Tercer Sector participará como colaborador y posible receptor de financiación en futuras convocatorias.
España no es pionera en abordar la soledad desde las políticas públicas. Japón creó en 2021 un Ministerio para la Soledad y el Aislamiento Social con presupuesto propio. Reino Unido lanzó en 2018 su Strategy for Tackling Loneliness, con financiación estatal y campañas nacionales, integrada en el sistema de salud pública. Los países nórdicos han incorporado la soledad dentro de políticas de bienestar y salud mental.
España opta por un enfoque transversal similar, aunque sin los recursos claramente definidos que existen en otros países. Entre los principales riesgos señalados por expertos y fundaciones destacan la falta de financiación clara y las posibles desigualdades territoriales en su aplicación. También existe preocupación por la carga adicional que podría recaer en profesionales de los sistemas sanitario, educativo y social encargados de la detección temprana.
Las organizaciones sociales valoran positivamente que el marco introduzca un enfoque transversal y reconozca que la soledad afecta a todas las edades. Sin embargo, coinciden en que su eficacia dependerá de que se acompañe de recursos concretos.
Por ello, algunos advierten de que la iniciativa podría quedarse en una declaración de intenciones si no se dota de financiación suficiente y de medidas aplicables en la práctica.
