El ultimo estudio del CIS analiza la percepción sobre las noticias y su grado de credibilidad
Hace unos días el Centro de Investigaciones sociológicas publicó los resultados del estudio “Desinformación y Humor”, mostrando los resultados de una encuesta realizada a 3500 personas entre el 14 y el 19 de mayo. El estudio profundiza sobre aspectos ligados a la credibilidad de la información o las noticias falsas. Y también, se analiza el uso del humor.
Este estudio muestra que después de muchos años hablándose de bulos y de desinformación el relato ha calado profundamente en la sociedad. Un 82% de los encuestados está muy o bastante preocupado porque en España existan noticias falsas y se divulguen bulos. El 91% considera que en nuestro país circulan muchos o bastantes bulos y noticias falsas. El uso de desinformación es considerada una amenaza para la democracia para 9 de cada 10 personas. Y 8 de cada 10 piensan que debería regularse contra la falsa información y los bulos.
Y aunque se use un eufemismo, parece que la población admitiría bien la censura, ya que la respuesta ante la pregunta “Cree usted que debería haber verificadores de datos, de la información en general” ?, la respuesta es un “si”, expresada por un 84%. La necesidad de “verificadores” se percibe en distinta medida según edades; los mas convencidos de que debería haber verificadores son los jóvenes de 18 a 24 años, que expresan un acuerdo 10 p.p por encima de la media. Por contra, los mayores de 75 años, que quizá esto de “verificador” le recuerda a épocas pasadas admite que es necesario 8 p.p por debajo de la media. Y también esta masivamente extendida la opinión (88%) de que las redes sociales deberían cumplir un código de principios para combatir la desinformación.
Hay alto grado de acuerdo con que la desinformación contribuye a manipular la opinión pública, crear polarización, generar conflictos de convivencia, y erosionar la estabilidad de los estados y sus instituciones.
Se profundiza sobre los temas donde mas se generan noticias falsas, siendo el ganador la política (61%), la salud (6%) y la seguridad ciudadana sin apenas peso los bulos científicos o ligados a la economía. Y aunque todos parecemos estar muy preocupados por la fiabilidad de las noticias, se tiende a compartirlas de manera despreocupada, ya que solo un 7% verifica la veracidad de un mensaje o información recibida por wasap o Telegram antes de reenviarlo.
Hay un alto acuerdo con que los partidos políticos españoles utilizan medios para desinformar, opinión que comparten un 91% de encuestados. Siendo VOX (34%) y PSOE (24%) los partidos que más se cree que realizan este tipo de acciones. En este aspecto hay un curioso efecto, los votantes del PP son los que menos creen que los partidos realicen este tipo de acciones, siendo los que mas sospechan los votantes de Sumar y de Vox. El 74% de los votantes de Sumar creen que Vox es el partido que mas bulos lanza. Y el 77% de votantes de VOX cree que es el PSOE.
Tres de cada diez personas reciben diariamente memes o chistes, y el contenido de estos es sobre todo relativo a políticos contrarios a su ideología y de su misma ideología, con un 28% y un 24% que considera que recibe muchos memes de esta temática. El 94% se considera una persona con sentido del humor, y para el 65% el humor es fundamental en su día a día.
Las redes sociales son el formato preferido para acceder a contenidos de humor, seguido de las conversaciones personales. Y el 67% utiliza frecuente el humor en sus conversaciones familiares, con amigos o compañeros. Un 93% de entrevistados que consideran que el humor ayuda a superar situaciones difíciles. Los tipos de humor que mas gustan son el irónico o sarcástico (55%) , seguido del absurdo, (17%). El político, negro, verde, o inteligente no tienen tanta popularidad.
Los temas que se consideran más sensibles y por tanto que molesta que se trate de manera humorística son los relativos a inmigrantes (27%), genero (27%), y con menos importancia la religión ( 16%) o la política (10%).
Y no solo cambian los temas de los que nos regimos los españoles, sino que cada vez hay menos liberta en el humor. Un 31% considera que el humor en España esta algo más limitado que hace 10 años y un 25% mucho mas limitado. La realización de este estudio no es casual, ni es porque sea un objeto de estudio de interés social. Sino que podría servir de base de análisis de lo popular o impopular que podría ser una nueva iniciativa del Gobierno relativa al control de bulos.
En España, difundir bulos NO es un delito en sí mismo en el Código Penal. Y además la Constitución defiende la libertad de expresión e información. Pero puede ser ilegal según el contenido y la intención. La desinformación puede ser castigada si encaja en otros delitos ya tipificados como puede ser el delito de odio o si incluye injurias o calumnias, o revelación de secretos. También si supone un delito contra la salud publica (bulo sanitario). También se castigaría si puede llegar a crear desórdenes públicos ( crear pánico social).
Pero sí hubo un antecedente de intento de creación de una ley para regular la información, ya que en 2024 Podemos anunció una proposición de ley contra la desinformación que tenía como objetivos regular los medios de comunicación, obligar a corregir los bulos con el mismo espacio o tiempo en que fueron difundidos y aumentar la transparencia sobre la propiedad de los medios. Además, incluía la posibilidad de establecer sanciones por la difusión de información falsa.
Esta iniciativa no pasó de ser una proposición de ley, al no tratarse de un texto consensuado ni impulsado por el Gobierno. Además, no tenía asegurada una mayoría parlamentaria suficiente. Por tanto, no avanzó en su tramitación legislativa.
En todo caso, la supuesta ley presentaba numerosas dificultades jurídicas, entre ellas el riesgo de entrar en conflicto con el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión. También se enfrentaba a la dificultad de definir qué es un bulo sin incurrir en arbitrariedad y, sobre todo, al riesgo de un uso político del control informativo.
Realmente, es complicado elaborar una ley contra los bulos que tenga sentido jurídico. El artículo 20 protege la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a comunicar y recibir información veraz.
Esto tiene importantes consecuencias, ya que un Estado —al menos uno democrático— no puede decidir fácilmente qué es verdad. Si el Gobierno pudiera definir legalmente qué es un «bulo», podría censurar opiniones o informaciones incómodas. El Tribunal Constitucional ha defendido que incluso las informaciones erróneas pueden estar protegidas si no existe mala fe. Esto significa que no todo lo falso es ilegal, sino únicamente aquello que causa un daño o se utiliza con una finalidad ilícita.
Además, existe la prohibición de la censura previa. La Constitución impide que se prohíba la publicación de una información antes de su difusión. Solo cabe la posibilidad de sancionar posteriormente y con las debidas garantías judiciales. Por ello, no puede crearse una ley que bloquee de forma general los supuestos bulos.
Por otra parte, la desinformación es un concepto muy difícil de definir. Según numerosos expertos, un bulo debe ser falso, verificable y tener intención de engañar. Sin embargo, en la práctica surge la duda de qué ocurre con las opiniones, los errores, la sátira o los memes, y en qué categoría deberían encuadrarse. Existe un elevado riesgo de arbitrariedad. Además, se distingue entre la desinformación, entendida como una mentira deliberada, y el error, que consiste en información incorrecta sin intención de engañar. Solo la desinformación debería ser sancionable, pero jurídicamente resulta muy difícil demostrar dicha intención.
En cualquier caso, muchos juristas sostienen que para atajar este problema no es necesaria una ley específica, puesto que el Código Penal ya contempla figuras como los delitos de odio, las calumnias, las injurias, las estafas y otras conductas ilícitas relacionadas con la difusión de información. Este tipo de leyes también presenta un importante riesgo de abuso político, ya que podría utilizarse para limitar a los medios críticos y favorecer al gobierno de turno.
La propuesta de Podemos no llegó más allá de una proposición de ley porque, además de combatir los bulos y la desinformación, pretendía ir todavía más lejos. Partía de la premisa de que la desinformación daña la democracia, manipula la opinión pública y de que los medios de comunicación poseen un poder económico excesivo.
Este partido defendía en su propuesta —que finalmente no prosperó— la regulación de los medios de comunicación, la obligación de rectificar los bulos, una mayor transparencia mediática y la imposición de sanciones a la desinformación. Sin embargo, también planteaba un mayor intervencionismo sobre los medios, con un control más intenso del ecosistema informativo —incluidas las redes sociales— y nuevas obligaciones para medios y plataformas digitales.
Por ello, este tipo de preguntas, tan vinculadas al debate sobre la desinformación, podrían tener como objetivo legitimar, bajo la idea de una supuesta «demanda ciudadana», la recuperación de propuestas similares en el futuro.
