El clima de tensión va en aumento y los ceutíes empiezan a manifestarse de manera pública y vehemente. Mientras, el Gobierno sigue sin tomar medidas que atajen el problema y pone en riesgo a civiles y personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se han confirmado las sospechas expuestas en anteriores artículos. El nombramiento realizado el pasado día 22 de agosto de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, como coordinador de esta crisis, no ha servido para realizar ningún avance en la búsqueda de la normalidad perdida en Ceuta.
En teoría, la función de Torres es agrupar la información de los diferentes ministerios y establecer cuál será la respuesta de manera alineada y conjunta. En la práctica, no ha tomado ninguna medida que, de manera inmediata, dé solución a los problemas generados, más allá de realizar llamamientos para que no se produzcan incidentes violentos.
El propio Torres declaró: «No a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes, ni a migrantes por serlo, ni amenazar a ONG por entregar comida en El Trampolín. Tampoco se puede atacar a profesionales de la información por hacer su trabajo».
Con estas manifestaciones, obvió que los ceutíes musulmanes también se manifiestan contra la ocupación y da a entender que los ciudadanos de Ceuta, en su conjunto, que son los verdaderamente afectados, son los causantes de los problemas de convivencia. Además, da a entender de manera torticera que existe un problema interno en Ceuta con enfrentamientos entre comunidades de diferentes credos, cuando nada más lejos de la realidad.
También elude asumir, al igual que el conjunto de ministros y el presidente del Gobierno, que su política de puertas abiertas ha generado el problema y que, además, una vez alcanzada esta situación, su inacción está agravándola día tras día.
El propio Torres ha enviado el siguiente mensaje: «Entendemos lo que pide la ciudadanía de Ceuta, pero yo no les puedo engañar diciendo que mañana se va a devolver a todos».
Tras realizar estas afirmaciones, se prevé que la estrategia del Ejecutivo será la misma de siempre: diluir el problema entre las diferentes comunidades autónomas. Es decir, se trasladará a la península a todas aquellas personas que sean menores o respecto de las que se tenga claro que no serán aceptadas por Marruecos, como los subsaharianos. Mientras tanto, se esperará a que los ciudadanos marroquíes vuelvan por su propio pie y crucen de vuelta la frontera del Tarajal, o bien a que las mafias de tráfico de personas completen su labor con el paso de los meses, es decir, que ilegalmente los transporten a la península.
Mientras tanto, se suceden otros hechos en la ciudad que no invitan al optimismo y sobre los que el Ejecutivo calla.
Alrededor de las 05:30 horas de la madrugada del jueves 27 de agosto, en la zona de Benzú, un vehículo militar sin blindaje fue emboscado por un grupo de entre 30 y 40 personas cuando se dirigía a un punto de vigilancia. Como resultado, cuatro militares resultaron heridos tras ser apedreados y el vehículo quedó destrozado.
Este suceso ha llevado a la Unión de Militares de Tropa (UMT) y a la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) a pedir que, de manera urgente, se revisen los protocolos de seguridad y de toma de decisiones para que los militares salgan de la situación de indefensión en la que se encuentran y puedan protegerse en caso de nuevos ataques.
Ambas asociaciones coinciden en que no disponen de medios de protección personal ni de material suficiente y exigen saber qué medidas se tomarán de manera inmediata para que esto no vuelva a ocurrir.
Como respuesta, los colectivos militares solo han obtenido por parte de Margarita Robles, titular del Ministerio de Defensa, la callada por respuesta.
También han sufrido ataques otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Benemérita. Ayer confirmó que uno de sus agentes fue agredido por dos marroquíes, de 19 y 32 años, tras intentar identificarlos en un control rutinario.
El balance de este último mes ha sido de 53 denuncias por agresiones contra agentes de la autoridad, 29 por atentado contra la autoridad, 23 por resistencia y 1 por agresión.
Esta es la nueva normalidad para los ceutíes: una media de casi dos agresiones diarias contra la autoridad en una ciudad de apenas 80.000 habitantes.
También resulta paradigmático que algunas ONG estén promoviendo indirectamente la violencia. La ONG «No Name Kitchen» ha reclamado la liberación de tres de sus activistas, que distribuían entre los ocupantes espray de pimienta y que, según confirmó el propio ministro Marlaska, «estaban alentando» a grupos de extranjeros contra las fuerzas de seguridad, desobedeciendo y resistiéndose a los agentes del orden.
Con todo ello, se siguen sumando días y la presión en Ceuta aumenta a su vez. Los ciudadanos se manifiestan de manera cada vez más vehemente ante las visitas de los miembros del Gobierno, han llegado a tomar la iniciativa para el desalojo de la playa del Tarajal y, allá donde pueden, transmiten su penosa situación al resto de los españoles, apreciándose nerviosismo y muestras reales de hartazgo tras tantos días de ocupación.
Las medidas de orden que debe tomar el Gobierno se hacen cada vez más urgentes, ya que cualquier acontecimiento imprevisto podría hacer saltar la chispa de la violencia. El propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha pedido el cese de la violencia aduciendo que «rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan», a la vez que ha calificado de legítimas aquellas manifestaciones que se realicen «siempre de manera pacífica y ordenada».
Por el momento, toca esperar y observar qué pasa en los próximos días, con el horizonte puesto en las manifestaciones de apoyo a Ceuta convocadas en toda España. Dichas manifestaciones están fijadas para las 20:00 horas del día 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Ciudad Autónoma.
