El Gobierno no ha sido capaz de desarrollar un plan efectivo durante todo este tiempo, mientras continúan las alabanzas a Mohamed VI y se hace patente la descoordinación a todos los niveles.
Ya han pasado más de tres semanas desde el asalto a la ciudad autónoma y por sus calles aún deambulan miles de personas procedentes principalmente de Marruecos. Las cifras iniciales del Gobierno estimaban en 2.500 las que seguían en Ceuta, pero el propio ministro Marlaska ha tenido que admitir que son al menos 5.000, una cifra más cercana a la estimada por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que las situaba en torno a las 6.500.
La realidad es que las perspectivas de solución no parecen sencillas. Un Gobierno débil y descoordinado, mientras el presidente Sánchez continúa de vacaciones en La Mareta, no está actuando de la forma que cabría esperar del Ejecutivo de un país como España.
Si bien el origen de este problema radica, según sus críticos, en la gestión del Ejecutivo de Sánchez, aplicando una política de puertas abiertas y una diplomacia de apaciguamiento que solo han traído escasos resultados y mayores exigencias por parte de Marruecos, una vez alcanzado el punto de no retorno de la crisis actual, los ciudadanos ceutíes y el conjunto de los españoles demandan la adopción de medidas ágiles y eficaces.
Entre las últimas decisiones adoptadas, y que muchos sectores reclamaban desde el inicio de la crisis, Pedro Sánchez nombrará a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, como coordinador para afrontar esta situación migratoria.
Veremos si este nombramiento tarda varios días más en hacerse efectivo y se suma a los veintidós ya transcurridos desde la invasión. De ser así, dará más tiempo para que el floreciente negocio de las denominadas «pateras-taxi» entre Ceuta y Cádiz continúe intensificándose, llegando a cobrar hasta 9.000 euros por trayecto a los inmigrantes. También permitirá que los ciudadanos ceutíes sigan sufriendo las consecuencias de esta situación: vecinos trasladándose a otras partes de España o aislándose en sus viviendas para sentirse más seguros, incremento de los procedimientos penales en un 800 %, una media de una agresión sexual diaria, saturación de los servicios sanitarios y aparición de enfermedades erradicadas en España.
Mientras tanto, y a la espera de este nombramiento, continúan produciéndose incidentes que evidencian tanto la falta de coordinación como el intento de minimizar la gravedad de la situación por parte del Gobierno del PSOE.
Los sanitarios de Ceuta aseguran que «existen órdenes de contabilizar únicamente los datos de los inmigrantes atendidos», de manera que los ceutíes no quedarían reflejados dentro de las cifras oficiales. Si la capacidad de los centros sanitarios está calculada en 180 atenciones urgentes diarias, solo los inmigrantes habrían ocupado 193, por lo que los profesionales estiman que el número real se sitúa en torno a las 300 atenciones diarias, muy por encima de la capacidad asistencial disponible en la ciudad.
Tampoco parece que la comunicación con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, sea especialmente fluida. El propio Gobierno ha admitido que ni siquiera le había trasladado sus planes para distribuir a 500 niñas en situación de máxima vulnerabilidad por distintos puntos de la península, a pesar de que su tutela corresponde legalmente a Ceuta.
Las quejas tampoco faltan entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todos ellos continúan trabajando en condiciones precarias y denuncian que determinadas zonas se han convertido en un auténtico polvorín, con enfrentamientos constantes entre grupos de origen magrebí y subsahariano, apuñalamientos, menudeo de drogas, asentamientos chabolistas y acumulación de suciedad en la playa del Trampolín, entre otros problemas.
En relación con este asunto, el Ejecutivo puso en marcha una operación de traslado de inmigrantes magrebíes cerca de la frontera del Tarajal con el objetivo de que regresaran por sus propios medios a Marruecos. Sin embargo, los resultados obtenidos pueden calificarse de negativos.
La otra medida por la que apuesta el Gobierno consiste en que el Rey contacte con Mohamed VI para mediar en la crisis y agradecer su colaboración. Paralelamente, se evita que Felipe VI visite la ciudad autónoma, un gesto que muchos consideran necesario para reafirmar la españolidad y la soberanía de la plaza, pero que el Ejecutivo descarta para no incomodar al país vecino.
En resumen, el Gobierno de Sánchez continúa aplicando la misma receta para afrontar el mismo problema. Por ello, los críticos consideran que la situación persistirá o incluso se agravará, mientras Ceuta padece las consecuencias en el presente y España podría hacerlo en el futuro.
Como colofón, desde la Unión Europea se estudia la posibilidad de alcanzar un acuerdo multimillonario con Marruecos para reforzar el control de las fronteras.
Aunque no existen cifras oficiales, diversos medios apuntan a que podrían llegar a destinarse 7.400 millones de euros para gestionar la inmigración de forma similar a la aplicada por la UE con Egipto en 2024. Además, podrían incluirse otras medidas favorables para los productos marroquíes, en detrimento de los españoles.
En definitiva, para muchos observadores se trata de una continuación de las políticas seguidas hasta ahora. Marruecos parece haber tomado la medida a una España percibida como débil por parte de quienes consideran que la clase política española y europea atiende más a intereses propios o partidistas que a la defensa de los intereses nacionales y europeos. Habrá que esperar para conocer el siguiente capítulo de esta historia y comprobar cómo evolucionan las tensiones geopolíticas en las que, queramos o no, estamos inmersos.
