El Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta del Partido Popular para reclamar que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. La iniciativa ha reunido 178 votos favorables gracias al apoyo de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, una mayoría que evidencia hasta qué punto el Gobierno atraviesa una legislatura debilitada, sin una base parlamentaria sólida y obligado a negociar cada decisión para mantenerse en La Moncloa.
Esta cuestión de confianza no obliga legalmente al presidente a convocar esa votación, porque dicha cuestión solo puede ser planteada por el propio jefe del Ejecutivo tras deliberarlo en el Consejo de Ministros. Sánchez puede, por tanto, ignorar la petición del Congreso, pero hacerlo supondría evitar una prueba política elemental: demostrar ante la Cámara si todavía cuenta con respaldo suficiente para gobernar.
Si el presidente decidiera convocarla, tendría que comparecer ante los diputados para solicitar expresamente su confianza y defender la continuidad de su Gobierno. Tras el debate se celebraría una votación en la que no necesitaría mayoría absoluta, sino mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Aun así, esa votación obligaría a sus socios a retratarse y a explicar ante los españoles si siguen dispuestos a sostener a un Gobierno cada vez más salpicado por una corrupción asfixiante y que no es capaz de resolver los problemas reales de los ciudadanos.
La cuestión de fondo no es únicamente si Sánchez puede superar una votación concreta, sino que su Gobierno lleva mucho tiempo dependiendo de acuerdos cambiantes con partidos que le imponen exigencias y concesiones constantes para aprobar leyes, mientras el interés general queda en manos de un Ejecutivo inundado de corrupción, que ha situado al país en una situación de precariedad alarmante y que, además, depende de formaciones que odian profundamente a España.
Si Sánchez perdiera la cuestión de confianza, tendría que presentar su dimisión ante el Rey y se abriría un proceso de investidura para elegir a otro presidente. Eso no supondría automáticamente elecciones generales, ya que el Congreso tendría antes la posibilidad de intentar formar una mayoría alternativa, pero sí dejaría al descubierto que el Ejecutivo ya no dispone de la confianza necesaria para continuar.
La propuesta aprobada no puede obligar a Sánchez a someterse a esta votación, pero sí plantea una cuestión difícil de esquivar. Si el Gobierno afirma que mantiene una mayoría estable y suficiente, debería demostrarlo en el Congreso. Pero, conociendo a Sánchez, hará todo lo posible por mantenerse en el poder y prometerá favores de cualquier clase a los indecisos con el fin de conservar una poltrona que está suponiendo un periodo de sangre, sudor y lágrimas para el pueblo español.
