La dirección nacional del PP promete cumplir la ley mientras sus territorios plantan cara al reparto y Vox descarta, por ahora, romper los acuerdos que mantiene con el partido.
El Partido Popular podría enfrentarse a un nuevo choque político con su socio de gobierno, VOX, aunque esta formación asegura no ver riesgo de ruptura, tras el comunicado emitido desde Génova con respecto a la crisis en Ceuta.
El posicionamiento del grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo ha sido más bien tibio, evitando una confrontación directa y una oposición frontal a las decisiones de Sánchez en lo referente a la gestión, traslado y distribución de menores no acompañados por la península.
El PP asegura que cumplirá la Ley de Extranjería aprobada por el Ejecutivo de Sánchez en 2025. Sin embargo, en las comunidades de Aragón y Castilla y León, gobernadas en coalición con VOX, se ha expresado un claro rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados en sus territorios.
Como ejemplo, tanto Alma Ezcurra como Mar Vaquero, pertenecientes respectivamente al PP de Castilla y León y de Aragón, han manifestado que acatarán la ley. Por el contrario, sus socios de VOX, con Manuel Gavira entre sus portavoces, han afirmado que se opondrán a ella «por todos los medios legales, jurídicos y políticos».
Además, el sistema de reparto de menores genera tensiones adicionales, ya que comunidades como Cataluña y el País Vasco se niegan a recibir nuevos acogidos, reclamando que sean trasladados a otras comunidades o, alternativamente, que se «agoten las vías administrativas para que los menores regresen con sus familias».
Todos estos condicionantes, junto con las contradicciones que surgen respecto a los pactos de gobierno, hacen prever posibles fisuras en la coalición. La crisis generada por la llegada masiva de personas desde el reino alauí, principalmente a Ceuta, aunque también a Melilla, sitúa al PP en la tesitura de aplicar o no una ley que, junto con VOX, votó en contra. Dicha norma se encuentra cada vez más cuestionada por las implicaciones sociales y económicas atribuidas a la inmigración ilegal y a la gestión de esta durante los últimos años.
