Cinco menores internados en régimen cerrado por los actos vandálicos de Barcelona
La Justicia también acuerda la libertad vigilada de otros 72 menores, de los cuales 32 tienen prohibido acudir a manifestaciones, tras los disturbios del pasado 24 de octubre, marcados por los saqueos y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra.
La Justicia ha comenzado a tomar medidas contra los menores presuntamente implicados en los graves altercados que tuvieron lugar en Barcelona el pasado 24 de octubre. Este lunes, 2 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado del internamiento en régimen cerrado de cinco menores por su presunta participación en los hechos, mientras que otros 72 han quedado en libertad vigilada, de los cuales 32 tienen prohibido acudir a manifestaciones. En total, 79 menores han comparecido ante los juzgados por unos actos vandálicos que dejaron varias calles de la ciudad convertidas en un escenario de saqueos, destrozos y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.
Lo ocurrido aquella noche fue mucho más que una simple gamberrada juvenil. La convocatoria de Blocus, difundida a través de las redes sociales, acabó reuniendo a centenares de jóvenes y derivó en una sucesión de actos vandálicos que dejaron numerosos comercios afectados por saqueos y destrozos. Un episodio de violencia que recuerda a los disturbios vividos en determinadas ciudades francesas, donde también se han sucedido escenas de pillaje y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El lumpenismo no es lucha obrera
Hay algo especialmente preocupante en este tipo de acontecimientos. Determinados grupos de jóvenes parecen haber encontrado en el vandalismo una forma de rebeldía que no persigue ninguna transformación social. Aunque la convocatoria hacía referencia a movilizaciones juveniles surgidas en Francia, los saqueos y destrozos que se produjeron en Barcelona difícilmente pueden identificarse con una lucha organizada por salarios dignos, contra la precariedad laboral o por el acceso a la vivienda.
Y conviene decirlo claramente. Asaltar un establecimiento comercial, romper escaparates o destrozar mobiliario urbano no tiene nada de revolucionario. Todo lo contrario, son comportamientos que perjudican a los ciudadanos y que poco tienen que ver con las reivindicaciones históricas del movimiento obrero.
Es aquí donde aparece el fenómeno del lumpenismo, una expresión de descomposición social en la que la violencia y el pillaje sustituyen a la organización colectiva y a la defensa de unos intereses comunes. Una cosa es enfrentarse políticamente a un sistema que condena a miles de jóvenes a la precariedad y otra muy distinta aprovechar el desorden para saquear establecimientos comerciales.
España tiene problemas sociales de sobra como para que el descontento juvenil termine expresándose mediante semejantes actuaciones.
Una juventud sin rumbo y el problema de la delincuencia
La situación tampoco puede desligarse del papel que desempeñan las redes sociales. En cuestión de horas, una convocatoria puede extenderse entre miles de usuarios y reunir a centenares de personas sin una organización política claramente identificada detrás, sin reivindicaciones concretas compartidas y, en algunos casos, con la intención de protagonizar altercados.
El problema no termina cuando finalizan los disturbios o se retiran los restos de cristales de las calles. Detrás de cada establecimiento saqueado hay comerciantes que sufren pérdidas económicas, trabajadores que pueden verse afectados por los daños ocasionados y ciudadanos que tienen que soportar las consecuencias de una violencia que no han provocado.
Tampoco podemos confundir el análisis de las causas sociales de la delincuencia con su justificación. Que muchos jóvenes tengan dificultades para emanciparse, encontrar un empleo estable o acceder a una vivienda no significa que estén legitimados para cometer actos de vandalismo. De hecho, millones de trabajadores soportan esas mismas dificultades sin dedicarse a destrozar sus ciudades.
Las medidas judiciales conocidas este lunes reflejan la gravedad de los hechos investigados, aunque todavía será necesario determinar las responsabilidades individuales de los implicados. Los cinco internamientos acordados por los jueces no constituyen condenas definitivas, sino medidas cautelares adoptadas después de estudiar las circunstancias de cada menor. En otros dos casos, los magistrados no han considerado necesario imponer ninguna medida.
Barcelona vuelve así a abrir un debate que no debería quedar reducido a las detenciones o al despliegue policial. La delincuencia juvenil, la normalización de la violencia y la ausencia de referentes colectivos constituyen problemas que merecen atención, especialmente cuando el vandalismo empieza a confundirse con la rebeldía.
Porque una sociedad necesita jóvenes capaces de organizarse, protestar y defender sus derechos, no grupos que encuentren en el saqueo una forma de entretenimiento. El pillaje no es una reivindicación social, el vandalismo no tiene nada de revolucionario y el lumpenismo no representa ninguna lucha contra el sistema.
