Después de la segunda guerra mundial, con el nuevo reparto de poder y temiendo el avance de la URSS y el comunismo en Europa, los vencedores occidentales (USA y Reino Unido) tomaron una serie de medidas para estabilizar Europa. Entre ellas y sobre todas, un caudal enorme de dólares americanos (el Plan Marshall) para la reconstrucción del continente y el nuevo régimen: lo que se ha llamado el «estado de bienestar»; término definido por John Maynard Keynes, un economista inglés que proponía la cohesión social a través de la incorporación de los trabajadores a los beneficios del crecimiento económico capitalista. Una suerte de modelo socialdemócrata donde dentro de una economía de libre mercado, el estado se ocuparía de asegurar un cierto reparto, proporcionando los servicios que se consideran necesarios para el bienestar de los ciudadanos y protegiendo a los colectivos más débiles.

La Constitución Española de 1978 dedica varios artículos en referencia al Estado del bienestar; por ejemplo el artículo 27, el cual regula los principios generales en materia educativa o el 41, que establece un régimen público de Seguridad Social etc.

Todo este «pacto entre clases» de corte socioliberal que ha permitido en Europa medio siglo de convivencia, ha desembocado y ha sido puesto en jaque por las teorías y gobiernos neo-liberales, de los años 70 como Reagan o Thatcher, que iniciaron una rápida desregulación de la economía, postularon la venta de todas las empresas públicas y la privatización de servicios esenciales como la sanidad o la energía, alegando la patraña de que la iniciativa privada es más barata y eficaz.

España se sumó a la ola privatizadora y de recortes desde Felipe González, pero tras la crisis financiera de 2008 todo se vino abajo y se desató una fiebre por el fantasma de la «estabilidad presupuestaria» que llevó a graves recortes en toda Europa para socializar las pérdidas del sistema financiero. En 2011 el PP y el PSOE, con más del 90 % de los escaños en el Congreso y el Senado y sin ningún tipo de debate, modifican el artículo 135 de la Constitución, priorizando la deuda al bienestar de los ciudadanos, y empiezan a recortar gasto social y a privatizar todo lo que pueden. La corrupción está al día y el descontento es galopante, ese mismo año, los indignados toman las plazas a partir de las manifestaciones del 15M. 

La gente se siente desamparada, después de la crisis financiera el estado ha salvado a los bancos y grandes fondos con dinero público y ha dejado caer a la ciudadanía que ha perdido sus casas, sus trabajos y sus vidas. Es el neoliberalismo como pensamiento único que ha continuado ganando terreno desde entonces, sobre todo con los gobiernos de la derecha pero también con los de izquierdas, pues comparten el modelo económico. La pandemia sacó a relucir los efectos de los recortes en los medios públicos cuando comenzaron los problemas y entonces fuimos todos a los balcones a aplaudir a los sanitarios y a decirnos que habíamos aprendido la lección y que “de esta íbamos a salir mejores”.

Pero era en otro mundo imaginario: en este universo real, lloramos a nuestros muertos nos quitamos la mascarilla y lo mandamos todo al olvido más absoluto.Y tras algunos parches, para mantener el descontento social a niveles tolerables y la imagen del estado  más o menos a salvo, se volvió a los procesos de privatización y saqueo de empresas públicas como si nada. La sanidad y las residencias de mayores igual, gracias por preguntar.

Seguramente uno de los últimos capítulos en esta sangría de lo común, sea la privatización de RENFE Mercancías, que es el último pedazo de un largo desmantelamiento de la compañía estatal: desde los coches cama, a la externalización de los servicios al viajero o el “troceamiento a la carta” de las líneas de cercanías. La que es la mayor empresa de transporte  ferroviario de este país, se va a asociar al 50% con un gigante naviero: Mediterranean Shipping Company (MSC), solo espera la aprobación definitiva del Consejo de Ministros en las próximas semanas. Además del ferrocarril, la naviera, experta en portacontenedores, tiene la vista puesta en la ampliación del Puerto de Valencia, un proyecto multimillonario que el Gobierno tiene previsto aprobar también en las próximas semanas.

También este año 2023, a propuesta de AENA, el Gobierno prepara la privatización del control aéreo en siete aeropuertos: Los dos de Tenerife, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca. La mayor privatización de la gestión del control aéreo en España desde 2010, cuando se inició la liberalización de este sector.

En la sección del fútbol, nos llega la noticia de que el Barça da un paso más en su proceso de privatización para quitarle el poder a los socios (con su permiso, eso sí) y ponerlo en manos de grandes inversores; y también del esfuerzo de ingeniería financiera que está haciendo Laporta para poder cotizar en la bolsa de Nueva York. Hace ya tiempo que nos hemos acostumbrado a esta cosas: a aplaudir camisetas de Emiratos Árabes, al Mundial de fútbol en Qatar… y es que los dueños de los equipos europeos son cada vez más fondos de inversión y grandes fortunas.

Alguna buena noticia aunque sea pequeñita: La Consejería de Salud Andaluza ha tenido que dar marcha atrás en su intención de externalizar la atención primaria, al incluirla en la tabla de tarifas de los conciertos con la sanidad privada. La presión sindical y ciudadana han conseguido pararlo. Lo de las barbas del vecino.

También en la Comunidad Valenciana el Gobierno del Botánico, ha hecho innegables esfuerzos estos últimos años por revertir las privatizaciones en la sanidad pública, recuperando la gestión de varios hospitales y de servicios de farmacia, resonancias… Veremos el recorrido de estas acciones con el nuevo gobierno valenciano del PP y Vox.

Y nos alegramos cuando este mes y por sorpresa el gobierno anunció la compra de un 10% de Telefónica. Quizás (solo quizás) empiezan a darse cuenta de que necesitamos controlar nuestros sectores estratégicos y que el mercado no se auto-regula. Todos los gobiernos europeos están tomando medidas en este sentido, para recuperar algo el control sobre la tecnología, las comunicaciones y el uso de datos, por cuestiones estratégicas y de seguridad más que evidentes.

Ojalá fuera el inicio de una reversión de los procesos privatizadores de las décadas pasadas. La energía, el transporte, la sanidad, la educación o la alimentación son otros de los sectores estratégicos que deberían estar protegidos de las leyes del mercado y también desde luego de la larga mano de algunos políticos.

Pero nada anima a ser optimista, tras el fracaso de la socialdemocracia para contener las crisis y su corrupción galopante, hay una ola liberal incluso anarco-capitalista que plantea la desaparición del estado o limitarlo a cuestiones de seguridad y justicia. Los que así piensan son los que están en contra de los impuestos, dicen que el mercado se equilibra por sí solo y que el estado lo estropea todo. Hasta que el mercado «entra en crisis», cosa que hace periódicamente y el estado tiene que pagar el estropicio (como en 2008).

Javier Milei en Argentina, con su reforma ultra-liberal es paradigmático, ha ganado las elecciones por goleada con un discurso radical e incendiario, en un país al borde del colapso con la gente empobrecida y cabreada que le ha votado en la esperanza de que algo cambie, de una alternativa. Pero ha tenido que otorgarse poderes especiales y endurecer la seguridad para poder imponer unas reformas que de llevarse a cabo, serán sobre todo dolorosas para las clases trabajadoras. Pero eso ya será en 2024, así que feliz año nuevo.