Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Supremo plantea cuestionar esta ley ante el TJUE
Ayer martes 30 de junio de 2026 finalizó el plazo establecido para la presentación de solicitudes por parte de los interesados, y fue entonces cuando el Tribunal Supremo planteó las dudas que cuestionan si el Real Decreto 316/2026 se enmarca en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
Por el momento se ha establecido un plazo de cinco días sin posibilidad de prórroga a las partes interesadas para que informen de la conveniencia de plantear estas cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por el momento, las dudas del Supremo recaen principalmente sobre las disposiciones adicionales 20 y 21, que podrían entrar en contradicción con lo establecido en el Reglamento UE 2024/1348, con la directiva de retorno 2008/115/CE y con el Reglamento UE 2024/1351.
Mientras tanto, y hasta que no se establezca lo contrario, la ley sigue en vigor, por lo que, todo aquel solicitante que reciba o haya recibido notificación de admisión a trámite de su solicitud, automáticamente gozará de un permiso de residencia temporal válido hasta que se resuelva su solicitud, que le permitirá acceder a todos los beneficios derivados de ser residente legal en España y además supondrá la paralización, si la hubiese, de las órdenes de expulsión que recaigan sobre el interesado, aunque dicha orden haya sido confirmada en sentencia judicial.
Por su parte, el ejecutivo español ha informado que va a proceder a notificar con urgencia la admisión a trámite del mayor número de solicitudes posibles antes de que el Supremo decida si plantea esta cuestión al TJUE y de que, si finalmente se decide realizar las cuestiones, se obtenga respuesta por parte del TJUE.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes se estima que se han recibido aproximadamente 1,5 millones de solicitudes, que difiere de las 500.000 previstas en un primer momento por el Ejecutivo español, llegando a triplicar la cifra inicialmente informada.
El planteamiento de la posibilidad de que esta normativa contravenga las de la Unión Europea da la razón a muchos colectivos que han venido denunciando la aprobación de este Real Decreto durante meses, sin embargo, el hecho de que sea en este momento cuando se sacan a la palestra las dudas sobre la legalidad del Real Decreto es especialmente crítico, puesto que, por una parte, e independientemente de lo que decida finalmente el Supremo y en su caso el TJUE, esta ley ha supuesto un gran coste humano y económico a las arcas públicas, destinando personal y recursos y por tanto, dejando paralizados otros procesos, se han otorgado subvenciones a empresas del tercer sector, entre otros.
Por otra parte, se les ha planteado la posibilidad a miles de inmigrantes de regularizar su situación y ahora se plantea la posibilidad de que la normativa sea ilícita y, por tanto, no tengan claro qué va a pasar finalmente con ellos.
Con todo esto, es lógico pensar que las normativas, que afectan directamente a las personas y que además suponen un elevado coste para las arcas públicas que son abastecidas gracias a los impuestos de los ciudadanos, deberían de analizarse con gran profundidad antes de aprobarlas, evitando al máximo los posibles agravios y perjuicios que se puedan ocasionar a los ciudadanos. Cuando se habla de normativas que afectan a la vida y a los recursos de millones de personas las cosas se deberían hacer con mimo y coherencia.
