viernes, diciembre 27, 2024

Una ONG investigada por corrupción gestionará los centros de «menas» de Lanzarote

La Fundación Siglo XXI ha recibido la adjudicación de un contrato de 5,62 millones de euros del Cabildo de Lanzarote para gestionar durante dos años los cuatro centros de menas de la isla.

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La ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI ha recibido la adjudicación de un contrato del Cabildo de Lanzarote para gestionar durante dos años los cuatro centros de menas existentes en la isla. Este contrato, cerrado en 5,62 millones de euros, es prorrogable a dos años más. El acuerdo se ha firmado por un proceso de urgencia al declarar la Fundación SAMU (anterior ONG adjudicataria) desequilibrios económicos que le impedían continuar prestando el servicio.

Cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción está actualmente investigando a la Fundación  Siglo XXI por posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos. Tanto la fundación, como cuatro de sus directores se enfrentan a las acusaciones de falsedad documental, malversación de fondos públicos y administración desleal. Además, dicha organización no se encuentra al día en el Registro Único de Fundaciones.

La investigación se ha centrado en el presunto desvío de 12,5 millones de euros que, habiendo sido adjudicados para la atención de varios centros de menas de Gran Canaria durante los años 2020 a 2021, podrían haber sido malversados como gastos personales, comidas entre directivos, etc.

También se encuentra bajo sospecha el pago de 959.000 euros en concepto de alquileres. Al respecto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree que la fundación podría habría sobredimensionado la cifra para justificar la detracción de fondos públicos. Asimismo, investiga también el proceso de adjudicación de estos contratos por parte de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, dirigida entonces por Noemí Santana (Unidas Podemos), concedidos siempre por un procedimiento de urgencia.

Según la querella de la Fiscalía, las irregularidades en el proceso de adjudicación podrían haberse producido para facilitar el acceso fraudulento a los fondos públicos malversados. La investigación, que lleva abierta 16 meses, sigue en marcha en estos momentos.

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