El mediodía del 28 de abril de 2025 será, para los españoles, uno de esos días que recordarán con claridad toda su vida. De la misma forma que todos los que teníamos uso de razón recordamos dónde estábamos o qué hacíamos cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, tendremos en nuestra memoria el apagón que sumió a España en la oscuridad (y casi en el caos) ese 28 de abril.
A día 2 de mayo, las razones del ya conocido como gran apagón no están claras. Y quizá esto sea incluso más peligroso y preocupante para un país que el hecho en sí (que, de por sí, es gravísimo). Este suceso nos ha hecho ver, otra vez, cómo el gobierno de nuestro país no solo carece de capacidad para hacer una gestión eficaz, sino también de algo aún más básico: vergüenza. Ha demostrado, una vez más, no tener vergüenza.
Las personas que han de llevar las riendas de un país, por sentido común, deberían ser las mejores. Las más válidas, las más capacitadas, las que tengan mayor capacidad de liderazgo y de tomar decisiones basadas en los datos y conocimientos que requiera cada situación. Para ello, estas personas deben rodearse de los mejores en su campo, pero teniendo, evidentemente, capacidad y dominio del tema o del área que dirigen o gestionan.
Este apagón nos ha dejado claro que estamos liderados por personas para las que sus puestos son una moneda de cambio. Personas que, sin tener experiencia ni conocimiento, llegan a sus cargos por vías diferentes. Hacer carrera en un partido pesa más que ser buen profesional, tener una formación brillante o una amplia experiencia; eso es algo secundario.
El día del apagón, y después de 6 horas, el presidente del gobierno salió a decir que no tenían ni idea de qué había pasado. Pero sí que tenía claro que la ciudadanía tenía que creer el relato oficial que llegaría. Se encargó de repetir que no se hiciesen caso a medios no oficiales. El monopolio de la verdad la tiene él, Pedro Sánchez, el Presidente.
No se sabe aún con claridad qué pasó. Se habló de ciberataques, se habló de problemas atmosféricos. Lo que sí se sabe es que Portugal no se fía del ejecutivo español y ha pedido una auditoría externa y ha tomado medidas de precaución suspendiendo temporalmente algunos intercambios energéticos con España.
Pero si algo está cobrando fuerza avalado por voces reconocidas del sector energético y por expertos en ingeniería eléctrica, es que en España la gestión de la electricidad no es como debía ser. La gestión energética en España la han hecho políticos, no técnicos. Y los políticos saben de política, no de electricidad. Así, cada vez queda más patente que en España se ha querido imponer un modelo energético sostenible y ecológico, pero no se ha dotado al país de las infraestructuras y las fuentes energéticas necesarias.
Aquí se abre un tema que levanta enfrentamientos aguerridos. Las centrales nucleares son vitales para unos, y algo así como el demonio para otros. Para la gente con conocimientos de energía, es más un tema de equilibrio entre la energía firme y estable de las nucleares sin contar con un sustituto firme y estable, necesarias para la estabilidad energética del país, la seguridad de la población. Y no olvidar: el ecologismo de la Agenda 2030.
Y aunque nuestro presidente avise del error que se cometería de escuchar voces ajenas a los canales oficiales (véase: RTVE, La Sexta, El País. La SER…), está saliendo datos interesantes a la luz.
España está inmersa en un plan de cierre escalonado de reactores nucleares. Siete entre 2027 y 2035. Sin embargo, este proceso ha sido criticado por expertos y sectores industriales debido a la falta de alternativas que garanticen la estabilidad del sistema eléctrico. Informes del Consejo General de Ingenieros Industriales advirtieron que el cierre de las nucleares reducirá la capacidad de generación en España, aumentando la vulnerabilidad ante picos de demanda.
En febrero de 2024, REE advirtió sobre los riesgos de “desconexiones de generación” debido a la alta penetración de energías renovables sin contar con la capacidad técnica adecuada para responder ante perturbaciones del sistema. Al parecer, este aviso se desoyó; no le parecería relevante a Beatriz Corredor. El sistema eléctrico español le parecía el mejor del mundo.
Francia, por ejemplo, obtiene aproximadamente el 70% de su electricidad de la energía nuclear, lo que le permite mantener una de las redes eléctricas más descarbonizadas del mundo. En 2024, la producción nuclear alcanzó los 361,7 TWh, representando el 67,1% del mix eléctrico nacional y logrando una intensidad de carbono récord de solo 31 gCO₂/kWh. Además, el 95% de su electricidad provino de fuentes libres de fósiles, combinando nuclear, hidroeléctrica y renovables.
Suecia mantiene un mix energético diversificado, con un 31% de su electricidad proveniente de la energía nuclear y un 17% de la eólica en 2021. El país ha planificado la construcción de nuevos reactores para alcanzar emisiones netas cero en 2045. Finlandia, por su parte, inauguró su quinta planta nuclear en 2023, lo que elevó la participación de la energía nuclear al 35% de su producción eléctrica en 2022. El país se ha fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2035.
En contraste, Alemania cerró sus últimas centrales nucleares en abril de 2023. Desde entonces, ha incrementado su dependencia del carbón y el gas, lo que ha llevado a un aumento en las emisiones de CO₂ y a una mayor dependencia de las importaciones energéticas. Si Alemania hubiese mantenido su parque nuclear, su generación libre de emisiones en 2024 podría haber sido del 94%, desplazando casi por completo la generación fósil.
El apagón del 28 de abril de 2025 no solo evidenció las deficiencias técnicas de nuestro sistema eléctrico, sino que también expuso la falta de una planificación energética coherente. La desconexión precipitada de las centrales nucleares, sin contar con alternativas firmes y estables, ha dejado al país vulnerable ante crisis energéticas. Es imperativo que las decisiones en materia energética se basen en criterios técnicos y no en intereses políticos o ideológicos. Solo así podremos garantizar la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico para las generaciones presentes y futuras.
