Miles de argentinos salieron a las calles el pasado domingo 24 de marzo en honor al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A 48 años de la última dictadura en Argentina, los manifestantes proclaman en contra del presidente, Javier Milei, quien sigue alimentando la cifra en tan solo 8.753 desaparecidos.
El 24 de marzo de 1976, Argentina se vio sometida a un gobierno dictatorial de facto contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, instaurando con ello una dictadura militar orquestada por las Fuerzas Armadas. Proceso alineado con la doctrina de Seguridad Nacional articulada por Estados Unidos, cuya vía de desarrollo era el Plan Cóndor, con el que se pretendia la vigilancia, detención, tortura, violación y desaparición de personas considedradas subversivas y a favor de la ideología izquierdista.
Dicho golpe contó con el apoyo de sectores de la derecha nacionalista y católica, así como de grupos liberales para “alinearse con el mundo occidental y cristiano”. Documentos desclasificados de Estados Unidos que pueden ser consultados aquí, demuestran que desde antes del golpe, Robert Hill —presidente de la embajada estadounidense—, manejaba información sobre violaciones de los derechos humanos en Argentina. Henry Kissinger, figura de la diplomacia estadounidense durante la década de los años 70, se mostró favorable a la dictadura. «Estados Unidos ha seguido de cerca los acontecimientos en la Argentina. Le deseamos lo mejor al nuevo gobierno. Deseamos que tenga éxito. Haremos lo posible para que tenga éxito».
Los organismo de Derechos humanos internacionales denunciaron la existencia de 12.000 presos políticos, mientras que la CONADEP registró 8.625. Los exiliados políticos son difíciles de estimar, la mayoría no salieron del país. Durante la dictadura las estimaciones rondaron los 2 millones. ACNUR estima entre 30.000 y 50.000
La democracia llegaria de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín, quien sería el primer presidente democrático del s.XX en Argentina. Con él, comenzaron procesos judiciales contra los jefes militares de la Dictadura. No obstante, se promulgaron dos leyes que impidieron seguir enjuiciando a los jerarcas y represores, las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Alfonsín, dada la inestabilidad y la hiperinflación en las que se encontraba el país, entregó el bastón presidencial al peronista Carlos Menem. Menem firmaría los indultos para los jerarcas militares condenados en el histórico juicio y para los guerrilleros que habían cometido antentados, secuestros y asesinatos. Las llamadas leyes del perdón aumentarían aún más la discordia entra la población argentina, la cual no veía ni reconciliación ni pacificación.
Luis Labraña, exguerrillero y protagonista del vídeo emitido por la Casa Rosada titulado Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, afirmó haber inventado el número mientras estaba exiliado en Holanda, calificándolo como «un gran negocio el de desaparecidos». Esto es debido a las reivindicaciones de las Madres de la plaza de Mayo, las cuales buscaban financiación en el extranjero para así calificar lo ocurrido de genocidio
Javier Milei, cuya campaña electoral se centraba en torno a la negación de los desaparecidos, afirmó que la cifra es irreal pues, según él, muchas de las familias denunciaron para obtener subvenciones. Su argumento parte de los casos comprobados por la Comisión nacional de Desaparición de Personas (CONADEP). Su primer informe recogió testimonios y pruebas de «7.954 casos».
La vicepresidenta Victoria Villarruel ha afirmado que «los derechos humanos son para todos. Así la verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos actos no pueden quedar impunes. No fueron 30.000». El Centro de Estudios Legales y Sociales argentino denuncia el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas por parte del Ministerio de Defensa. En uno de sus últimos comunicados, denuncian a Javier Milei y Victoria Villarruel por repetir formas de negacionismo y relativismo del terrorismo de Estado.