El titular del Juzgado Central de Instrucción Uno de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar a Ana Korina Ulloa, viuda del exdirectivo de la empresa pública venezolana de petróleo PDVSA , Juan Carlos Márquez Cabrera ,y al socio de este, Carlos Adolfo Prada, por ocultar a la Hacienda Pública fondos procedentes de la petrolífera. En concreto, el juez les imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de falsedad documental y otro de blanqueo de capitales.
El juez De Jorge ha dictado este auto en el marco de una línea de investigación separada del conocido como «caso Morodo», en el que explica que existen indicios de que desde 2007 a 2015 el investigado Prada, junto con el fallecido Juan Carlos Márquez, centró su actividad profesional en la prestación de servicios de asesoramiento legal e intermediación a PDVSA, por los que ingresó en 2014 y 2015 la cantidad de 22.660.195 euros.
El instructor detalla que las sociedades instrumentales supuestamente utilizadas por Prada para defraudar a la Hacienda española eran «carentes de medios personales y materiales, así como de actividad comercial para facturar servicios». Eludía de esta forma, según el magistrado, sus responsabilidades con el fisco español y las sociedades se nutrían con fondos que procedían exclusivamente de PDVSA y que se transferían al investigado.
El juez añade que, en 2013, Prada suscribió un acuerdo con el fallecido por el cual éste recibiría el 50% de los ingresos obtenidos por el investigado.
Durante los años 2014 y 2015 Prada, según el auto, junto con las rentas percibidas de PDVSA, obtuvo unas ganancias no justificadas de 246.849 euros que también ocultó a la Hacienda Pública española.
Un complejo entramado societario
El auto también explica la participación de la viuda Ana Korina Ulloa mediante transferencias a cuentas en el extranjero de fondos de origen ilícito, procedentes de dádivas recibidas en 2012 por facilitar un negocio cambiario ilícito en PDVSA.
Según el juez, y para dar apariencia de legalidad a esos fondos y aflorarlos posteriormente, se sirvieron de un complejo entramado societario y financiero en San Vicente, Las Granadinas, Suiza y Panamá.
El magistrado señala a una serie de directivos de PDVSA, además del alto cargo fallecido, investigados y en algunos casos condenados en EEUU por recibir dádivas de empresarios involucrados en un ilícito negocio cambiario de divisas con PDVSA.
Para aflorar en España los fondos recibidos entre los años 2013 y 2019, tanto Prada como Ulloa, habrían otorgado contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias y realizaron otras inversiones.
El juez indica cómo una parte de los fondos recibidos –unos 2.165.276 USD– transitaron por distintas cuentas abiertas en Suiza a nombre de personas interpuestas hasta que se transferían «a una cuenta en Suiza abierta a nombre de la fundación panameña Ayacucho, cuyo beneficiario era el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera y, en su defecto, sus hijos».
Respecto al fallecido, Juan Carlos Márquez Cabrera, el magistrado incluye la petición del Ministerio Fiscal de decomiso autónomo contra los hijos del fallecido, que se resolverá cuando se dicte sentencia firme sobre los hechos.
