El pasado 27 de noviembre, el presidente anunció el lanzamiento de un tercer paquete de medidas para la reconstrucción de los pueblos y zonas afectadas por las riadas en Valencia. Este nuevo paquete de ayudas, con un importe de 2.274 millones de euros, se suma a los dos paquetes aprobados previamente, alcanzando un total de 16.600 millones de euros.

Estas ayudas serán recibidas con anhelo por los damnificados que han perdido casi todo y han visto sus negocios arruinados. Sin embargo, es importante conocer el origen de estas ayudas y todas las implicaciones que tienen, frente al «triunfalismo» expresado al anunciarlas.

Parte de las ayudas no son directas, sino líneas de crédito. Este tipo de apoyo está dirigido especialmente a autónomos y empresas para que puedan reponer o reparar instalaciones dañadas y realizar nuevas inversiones.

Créditos avalados por el ICO.

Estos créditos, avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), son un recurso habitual en situaciones de crisis, como ocurrió durante el cierre forzado por la COVID-19 o ante desastres naturales como la erupción volcánica en La Palma o el terremoto de Lorca. Sin embargo, no dejan de ser préstamos que deben ser pagados y devueltos. El rol del Gobierno es actuar como avalista, facilitando la financiación a hogares, autónomos y empresas afectadas.

Aunque el ICO gestiona los avales, los créditos son concedidos por entidades financieras privadas. Al contar con el Estado como garante, la concesión es más accesible, pero estos créditos solo cubren hasta el 80 % de la necesidad. Por ejemplo, si una persona necesita 100.000 euros para rehabilitar su local o vivienda, solo podría recibir 80.000 euros. 

El plazo de devolución de estos préstamos es de hasta cinco años para gastos corrientes y hasta diez años si, además de retomar la actividad habitual, se aprovechan para modernizar las instalaciones. Aunque no incluyen costes de apertura ni avales, y el interés es del 0 % durante los tres primeros años, a partir de entonces se aplica un tipo del 2,5 %. 

Ayudas para vehículos dañados.

Otro gran foco de las ayudas está destinado a los vehículos dañados, con una dotación de 465 millones de euros. Estas ayudas podrán sumarse a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Aunque no requieren devolución, tienen fuertes limitaciones que serán detalladas en el BOE. Las ayudas aplicarán a turismos, furgonetas, camionetas ligeras y motos.

Para particulares, se permitirá optar a un máximo de dos subvenciones si se acredita la titularidad de más de un vehículo. En el caso de empresas, el límite será de cinco subvenciones, lo que ha generado críticas, especialmente de concesionarios, que son algunos de los principales damnificados. 

Las ayudas priorizarán la compra de vehículos nuevos y eléctricos, ofreciendo hasta 10.000 euros para estos. Los coches de segunda mano solo recibirán 4.000 si son eléctricos. Por otro lado, los coches de combustión o híbridos recibirán 5.000 euros si son nuevos y 2.000 euros si son de segunda mano.  Esta política mezcla objetivos ecológicos con el propósito de que las personas recuperen cuanto antes su normalidad. 

Origen de los fondos.

El origen de estos fondos no proviene exclusivamente de los presupuestos nacionales, a pesar de lo que pueda parecer. Parte de ellos ya estaban adjudicados previamente, y otros provienen de recursos reasignados. También es importante entender si las políticas aplicadas están siendo las mejores para solventar (aunque sea en parte) los graves problemas a los que se enfrentan los valencianos para volver a su vida normal. 

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, cree que en estas ocasiones es muy importante las ayudas directas, que también deben venir acompañadas de medidas de apoyo financiero. En su opinión, la opción más efectiva es la combinación de subvenciones y créditos blandos. Así los afectados deberían recibir ayuda inmediata para las necesidades urgentes y tener acceso a financiación a largo plazo para la construcción y la recuperación de sus negocios y hogares. Las ayudas directas son cruciales para proporcionar un alivio inmediato a los afectados, permitiéndoles cubrir necesidades urgentes y comenzar la recuperación sin demora. Dombrovskis considera que es muy importante una cooperación pública y privada para maximizar recursos y conseguir una respuesta rápida y eficaz. 

La Comisión Europea ha permitido a España utilizar fondos ya asignados para otros fines, priorizando las necesidades de las víctimas de la DANA. Esto ha permitido ser «muy flexible» con la reasignación de esos fondos, ya adjudicados para otros fines, de tal manera que la ayuda pueda ser inmediata y ni siquiera tenga que esperarse a que se tramite el fondo de rescate y de solidaridad europeo. Es decir, si las prioridades cambian, supondrá una reubicación de recursos, aunque parte de los fondos a la DANA ya estuviesen adjudicados.

También existen otras vías de ayuda de la UE, que son muy agiles y que hasta hace poco no habían sido solicitadas, para sorpresa de la burocracia de Bruselas. Estas ayudas son el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que es el sistema de ayuda más rápido, mediante el que se aporta material y que cuyo proceso de petición debe iniciarse, en este caso, por la Comunidad Valenciana. Otra vía es el Fondo Europeo de Solidaridad, cuya petición debe llegar desde el gobierno central. 

Como dicen los expertos la colaboración privada es importante para la agilidad, pero con equilibrio. Así el vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), están denunciando que únicamente el 20% de los fondos prometidos hasta ahora por el Gobierno para ayudar a los afectados por la DANA procede del Estado.  

Del total de las ayudas anunciadas, 5.000 millones procederán de préstamos avalados por el ICO, que serán pagados por las entidades financieras. Otra gran parte de las ayudas, 3.500 millones, las aporta el Consorcio de Seguros, un órgano cuyos recursos proceden de todas las personas que contratan un seguro, y una parte de los pagos de los seguros se destinan a este consorcio . 

Por último, otra parte de los fondos prometidos no son ayudas como tal, sino aplazamientos de pago del IRPF y flexibilización de plazos para otros procedimientos tributarios. También se adjudicarán fondos para ERTE. Según Lorenzo Amor, las empresas autónomos y trabajadores ya pagan cada mes cotizaciones para cubrir estas eventualidades en caso de catástrofe.