Charles Rodríguez y Rubén Agudo llevan tres años, ocho meses y 12 días recibiendo una nómina de poco más de 700 euros al mes. Son bomberos y han aprobado una oposición para acceder al cuerpo, pero los errores administrativos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés los ha dejado en la calle.

El conflicto laboral estalló en 2020, cuando los sindicatos hicieron tres consultas para ver qué opinaban los bomberos del cambio de sede. La respuesta fue negativa en todas las votaciones, con una abrumadora mayoría de 78%, 80% y 82%. Por este motivo, denunciaron estas práctica como un fraude de ley.

«La excusa para cambiarnos era que la Comunidad de Madrid estaba creciendo, así que nuestras condiciones, supuestamente, podían mejorar. Lo cierto es que los bomberos que dependen de la administración autonómica tienen peores vehículos y menos recursos” señalaron los trabajadores en huelga y agregaron que «un concejal del PSOE nos ofreció 11.000 euros por cabeza si aceptábamos el cambio».

En Madrid resulta prácticamente imposible vivir con 700 euros al mes. «He tenido que vender mis dos casas y me he quedado sin ahorros, no tengo nada. La situación es asfixiante. Me da lo mismo morir en casa que morir aquí, delante de los dirigentes políticos que han hecho como si nada durante todo este tiempo», cuenta Charles Rodríguez.

También afirmaron que «nos han ofrecido ser barrenderos, administrativos y conductores, pero nosotros somos bomberos y tenemos nuestra plaza. El convenio dice claramente que se puede abrir el proceso tantas veces como se quiera si hay voluntad política. Es todo un poco extraño. Ayuso no para de quejarse porque faltan 500 bomberos, pero tiene aquí a tres con un extenso currículum y no hacen más que ponernos trabas».