jueves, abril 18, 2024

Caos digital para la España vaciada

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En las primeras líneas de la página del MAPA (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación) dedicada a el «Cuaderno de campo digital de explotación agrícola», lo justifican con esta bonita pero vacía frase: «para avanzar hacia una gestión más eficiente y respetuosa con el medio ambiente». Entran grandes dudas sobre la mejora de la eficiencia, puede que a la administración le favorezca en su trabajo y en el creciente control sobre las explotaciones, pero es cuestionable que facilite el trabajo del pequeño agricultor, añadiendo un tiempo extra en cada tarea o bien un gasto adicional para que sea otro el que gestione el cuaderno y lo que conlleva.

Respecto a la protección del medio ambiente, aparte de culpabilizar de nuevo a los agricultores y ganaderos de la degradación ambiental, que se les da muy bien, no parece muy coherente, pues está demostrado el impacto creciente que está teniendo la digitalización de la sociedad a nivel planetario: Internet demanda ya el 7% de la energía mundial, y es responsable de más del 4% de todo el CO2 que emitimos a la atmósfera. Según la revista National Geographic, que si internet fuera un país, sería el sexto más contaminante del mundo. Y eso que solo hablamos de la huella energética del tráfico de datos.

Si tenemos en cuenta los aparatos propiamente dichos: extracción de materiales, fabricación, guerras y conflictos sociales asociados y tratamiento de residuos, la cosa se dispara. Europa generará 10 millones de toneladas de basura tecnológica en 2025 (53,9 millones de toneladas a nivel global). Todo esto puede parecer una exageración pero hay que tener en cuenta que hablamos de la digitalización de «todas las explotaciones agropecuarias de Europa».

Luego resulta que los productos que ponen en los estantes del supermercado y en nuestra mesa esta misma gente son de países extranjeros, con el plus de contaminación del transporte y la nula trazabilidad y a los que, por lo que toca al caso que nos ocupa y sin abundar en otros temas, no se les ocurre digitalizar ni un tomate. Sostenibilidad cero.

El Cuaderno digital, en resumen, solo sirve de herramienta para que el Gobierno de aquí y de Bruselas tenga constancia y control de todo lo que se hace en las explotaciones. Una enorme cantidad de información para unas administraciones que han demostrado carecer de la más mínima empatía con el mundo rural y como no, para dar una nueva ventaja a las grandes explotaciones sobre las familiares a las que parece que quieren hacer desaparecer.

No parece que su imposición esté siendo tan sencilla como prometían. El rechazo del sector, la falta de previsión en la formación de técnicos y la nefasta cobertura de red en el mundo rural español, entre otros incidentes, ha propiciado que el plazo de implantación inicial, que era el 1 septiembre de 2023, se haya aplazado hasta el 1 de enero de 2024 y otra vez hasta septiembre de 2024. Todavía, en la reunión que tuvo el ministro con las organizaciones agrarias no tan representativas, aplazó su obligatoriedad sine die, posiblemente esperando un momento en que el sector no esté tan movilizado y cuando la perdiz esté completamente mareada. En realidad el señor ministro miente pues sabe que en 2026 ya se va a tener que hacer una recolección telemática de los datos.

Pero acerquemos el tema al día a día del mundo rural. Las explotaciones que superen la superficie de 30 hectáreas de cultivos herbáceos, 10 hectáreas de cultivos leñosos o 5 hectáreas de regadío, o cualquier superficie con invernaderos, están obligadas a implementar el cuaderno digital, es decir prácticamente todas.

Este cuaderno digital, deberá incluir la anotación de todas las operaciones que se realicen en las fincas (labrantías, barbechos, riegos…) y aplicaciones de fitosanitarios, fertilizantes y otros productos de salud vegetal o animal, de forma mensual para lo que los «interesados» necesitarán manejar programas de gestión avanzada.

Todas las notificaciones para los solicitantes de la PAC serán electrónicas, igual da que sean personas física o jurídicas. Es decir que todos agricultores y ganaderos deberán disponer de dispositivos electrónicos actualizados, con certificados y firma digital para simplemente descargar dichas comunicaciones, mucho más aún para trasladar sus solicitudes.

Deberán tener móviles de ultima generación con aplicaciones y GPS, capaces de mandar fotografías y planos geo-referenciados y cumplir así con los nuevos monitoreos por satélite, por supuesto tendrán que aprender a manejarlas.

Con una edad media en el campo que ronda los 62 años, la brecha digital es enorme en el medio rural donde en muchos casos no hay ni internet o si lo hay es muy precario, es por lo tanto un auténtico disparate que se pretenda obligar a nuestros agricultores y ganaderos a cambiar completamente su rutina de trabajo, a utilizar herramientas tan ajenas a ellos y con estructuras de comunicación tan deficientes.

Los especialistas mientras tanto aconsejan que no se arriesguen a realizar por su cuenta estas gestiones. Que busquen expertos para no equivocarse, ni mínimamente pues luego no habrá posibilidad de corregir y se pueden derivar sanciones. Sin embargo no se encuentran técnicos capacitados para ello y que quieran convertirse en gestores; primero porque los Ingenieros Técnicos Agrícolas, gozan prácticamente de pleno empleo y ya tienen sus trabajos; y por otra parte porque no está claro el nivel de responsabilidad que comparten el gestor y el titular de la explotación en posibles errores, olvidos o equívocos en unas normas con las que ni siquiera las mismas administraciones se aclaran del todo y ante las dudas, prefieren inhibirse.

Las oficinas agrarias les dicen a los agricultores que no podrán resolverles el problema y los remiten a las organizaciones profesionales y cooperativas que en principio sí quieren ofrecer el servicio de llevar los cuadernos de sus socios, pero sus técnicos advierten que se van a ver desbordados de inmediato.

El desastre y el caos están servidos. Además, la administración española ha pretendido en ocasiones ir más allá de la Unión Europea en sus preceptos, poniendo al sector en una situación muy comprometida, obligándolo a cumplir una normativa imposible. Ya no nos valen los parches ni las maniobras de apaciguamiento que se están intentando desde el ministerio y que no solucionan el fondo de un problema que amenaza con hacer colapsar el sector en España. Esta es una de las grandes motivaciones que tienen los agricultores para sacar, con toda justicia, sus tractores a la calle.

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