Los cuatro años de legado progresista no han dado los resultados esperados, o al menos eso señala el último informe de la Comisión de Ursula von der Leyen. El afecto brindado por Sánchez a la presidenta de la institución europeísta no parece poder tapar unos datos que reflejan la preocupante realidad que atraviesa nuestro país. Las promesas de acabar con la precariedad y de universalizar la educación de la anterior legislatura quedaron desplazadas por las políticas de cuotas, legislaciones feministas y campañas de señalamiento y estigmatización constante de los detractores al “progreso”, prueba de ello son las estadísticas recogidas en este dictamen que dan fe del retroceso en estos aspectos.
La Comisión coloca a España en situación crítica en cuanto a la proporción de personas que abandonan de manera prematura la educación y la formación, aumentando hasta un 13,9 %, mientras que la media actual de los países de la Unión Europea no llega a un 10 %. Surgen cuestiones al respecto, quizás esto pueda explicar el cambio de estrategia electoral que han llevado a cabo los principales partidos, apostando por un populismo extremo y mensajes a cada vez más pueriles e infantilizados en relación a la juventud. También esta ve a su vez aumentada la exposición y adicción a redes sociales de consumo momentáneo; TikTok recoge una frecuencia de uso que revela que un 33 % de los españoles accede a la aplicación diariamente, y que de ese 33, un 29 lo hace incluso varias veces al día.
En ese baremo se ubica en posición de alerta roja a los países en situación crítica. La tasa de empleo entre personas de 20 a 64 años sigue ocupando ese rango. En regiones como Canarias, el paro juvenil casi alcanza el 45 %. La última reforma laboral, con su intento de cambiar la denominación de los contratos temporales por los periodos de prueba (que además eliminan el derecho a indemnización), no ha logrado ser tan sutil y efectiva como prometía.
Por último, los datos revelan cifras preocupantes en distintas cuestiones; sobrevaluación del precio de la vivienda, deuda pública, costes laborales unitarios personales, tasa de desempleo, necesidades médicas no satisfechas o riesgo de pobreza y exclusión social. Esta última, en alerta roja, especialmente preocupante al significar un empobrecimiento que se acentúa entre las clases bajas españolas, desprovistas de una respuesta con fuerza parlamentaria que defienda sus intereses.
