En octubre del año pasado se firmó el acuerdo de Barbados entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana configurada en torno a la Plataforma Unitaria, bajo el foco de los Estados Unidos, que ha comienzos de este año ya ha encontrado su primer escollo.
En este acuerdo Nicolás Maduro se comprometió a la realización de unas elecciones, limpias, justas y libres, donde pueda presentarse la oposición, a cambio de que Estados Unidos levantara las sanciones al país latino en materia de gas, petróleo y oro, permitiendo además a las empresas occidentales firmar contratos con Venezuela.
Esta transacción se ha visto comprometida por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que mantiene la inhabilitación para las elecciones a la principal opositora del régimen, María Corina Machado. Tanto la oposición como el gobierno de los EEUU considera esta decisión una violación del acuerdo y amenaza con reactivar las sanciones que se suspendieron con el acuerdo. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, da a Maduro hasta la primavera para cumplir con su compromiso, fecha que casualmente coincide con la finalización del contrato de Chevron, petrolera estadounidense.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, ha respondido advirtiendo que si se reactivan las sanciones se suspenderán a partir del 13 de febrero los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos que se han estado llevando a cabo desde finales del año pasado para reducir la presión migratoria del país norteamericano.
Debemos recordar que a día de hoy, tras el acuerdo de Barbados y la suspensión de las sanciones, operan en Venezuela varias empresas occidentales, entre ellas la americana Chevron que tiene contrato hasta el 18 de abril de 2024, la española Repsol, la italiana Eni y la empresa francesa Maurel and Prom. Empresas que llevaban tiempo esperando que le permitieran al primer país del mundo en reservas de petróleo volver a abrir sus puerta, pero ahora estas ven peligrar sus beneficios.
Las relaciones entre el país latino y Estados Unidos, como si de una montaña rusa se tratara, han pasado en menos de un año de ser antagónicas, entre acusaciones de imperialismo americano y régimen dictatorial bolivariano, a la concesión de contratos empresariales y acuerdos de repatriación, con una vuelta ahora de las tensiones entre los dos países.
Parece ser que la búsqueda de los beneficios les ha hecho olvidar sus supuestas posiciones ideológicas contrapuestas, donde ahora Venezuela quiere recuperar su producción de 2,5 millones de barriles de crudo diarios que tenía en el 2015, frente a los escasos 600 mil barriles que producía antes de la suspensión de las sanciones. A su vez, que Estados Unidos pueda asegurar el flujo constante de crudo al mercado, que se ve amenazado por la guerra en Ucrania y la escalada en Oriente Medio, y los beneficios para sus compañías petroleras.
Los próximos meses serán determinantes para el pueblo venezolano, que se encuentra haciendo equilibrios entre unas elecciones libres, junto al fin de las sanciones que ahogan el desarrollo del país, y la pésima situación que se ha llevado hasta ahora.