Tras más de dos décadas, el Estado vuelve a formar parte del accionariado de Telefónica dentro de su estrategia de mantener el control nacional sobre la operadora. La entrada de Saudi Telecom en el accionariado, con un 9,9% del control sobre la empresa (4,9% en participación directa y un 5% a través de derivados financieros) activó las alarmas en el gobierno, ya que la compañía saudí se convertía en máximo accionista de Telefónica. El gobierno decidió entonces, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), hacerse con un paquete accionarial de hasta un 10% para mantener la influencia del estado en la empresa, al considerar las telecomunicaciones como un sector estratégico tanto para el desarrollo como la seguridad nacional.

De este modo, para finales de marzo la SEPI ya se hizo con el 3% de Telefónica aprovechando la salida al mercado de un 1% de las acciones que Caixabank poseía hasta ese momento. De este modo el Estado mantiene estable, e incluso refuerza, la posición del «Núcleo Español» compuesto principalmente por Caixabank y BBVA desde las privatizaciones de la década de 1990. 

Se complica la adquisición del 7% restante debido a la prórroga de los presupuestos anunciada por el gobierno al no verse capaz de pactar las cuentas del 2024. Esto es debido a que no es posible presupuestar la partida necesaria para lograr el control de un paquete accionarial que, en estos momentos, se valora en el entorno de los 1.650 millones de euros. Aunque aún quedan ciertos mecanismos por los que el gobierno puede hacerse con dicho control, ya sea a través de los presupuestos prorrogados del 2023 o de otras empresas participadas por el Estado como Indra.

El gobierno defiende su posición comparando la decisión con las participaciones que otros estados tienen en sus respectivas telecos, por ejemplo, Alemania con un 13,8% del control de Deutsche Telekom o Francia con un 13,4% del capital de Orange. Manteniendo de este modo una posición, aunque no de control total, sí de gran fuerza en el consejo de administración de la empresa de telecomunicaciones, garantizando un suficiente control estatal sobre las decisiones de la compañía.

Entre las críticas ante este movimiento se encuentran aquellos que pueden ver la entrada del estado en la operadora nacional como una forma de mantener un control nacional sobre la empresa, pero permitiendo a Caixabank y BBVA (antiguos máximos accionistas) reducir su posición en la empresa obteniendo un precio mayor que el que obtendrían directamente en el mercado sin la entrada de la SEPI. 

A finales de 2024, si todo sigue el curso previsto, el estado culminará la adquisición del 10% de la empresa y quedará como máximo accionista, siendo también una de las principales posiciones de la SEPI. ¿Será ésta una nacionalización parcial puntual, o el Estado continuará por esta senda con otras empresas consideradas estratégicas? Esta es la pregunta que queda en la cabeza de partidos políticos y organizaciones empresariales.