El 31 de diciembre del pasado año 2023 por fin era liberado el español Santiago Sánchez Cogedor tras permanecer más de un año en una cárcel iraní por una acusación de espionaje que nunca llegó a materializarse. 

Santiago se dirigía a Qatar para presenciar el mundial de fútbol y fue detenido tras visitar la tumba de Masha Amini, joven que murió mientras se encontraba bajo arresto de la Policía de la Moral por el simple hecho de llevar el velo mal colocado. Su muerte provocó una gran indignación que desembocó en graves protestas en todo el país, que el gobierno reprimió de manera violenta, con el resultado de cientos de personas fallecidas. 

Según palabras de la Embajada de Irán en España, su liberación se ha producido en el marco de relaciones amistosas e históricas entre los dos países y en cumplimiento de leyes. Este es un caso de trabajo diplomático bien realizado que dio sus frutos. 

Un destino muy diferente es el que siguen sufriendo tres compatriotas encarcelados en el extranjero, el periodista y politólogo Pablo González, preso en una cárcel polaca por estar acusado de ser un agente del Departamento Central de Inteligencia ruso, y otras dos personas cuyos nombres no han trascendido, que se encuentran presas en Francia tras ser extraditadas por vender teléfonos encriptados de forma totalmente legal en España. 

Pablo González tiene doble nacionalidad, española y rusa, y es nieto de un niño de Rusia (niños exiliados por causa de la Guerra Civil Española). Pablo nació en Moscú y a los nueve años se trasladó a España, donde se cambió de nombre, y desde entonces ha residido en el País Vasco y en Cataluña. En su faceta de periodista ha cubierto varios conflictos, incluida la invasión rusa de Ucrania de 2022, trabajando para medios de comunicación tan prestigiosos como La Sexta, Diario Público o el Diario Gara. El 28 de febrero de 2022 Pablo González fue detenido en una ciudad polaca fronteriza con Ucrania, por presuntamente participar en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia y ser un agente del Departamento Central de Inteligencia ruso, y según el Código Penal de Polonia podría ser condenado a 10 años de cárcel. 

Su detención está plagada de irregularidades. A día de hoy su encarcelamiento se ha prorrogado siete veces y suma casi dos años en prisión preventiva. Aún no tiene fecha de juicio,  no se ha aportado ninguna prueba en su contra que pueda valorar Gonzalo Boye, su abogado, y en ningún momento se ha formalizado su acusación. Desde que fue detenido ha estado aislado y no le han permitido hablar con su abogado ni con su familia (en todo ese tiempo  no ha hablado con sus tres hijos menores), y ha recibido dos únicas visitas de su mujer. 

El Comité para la Protección de los Periodistas, a través de un comunicado, solicitó al Gobierno de Polonia que se le permitiera tener representación jurídica y un procedimiento con todas las garantías legales. Su situación ha suscitado numerosas críticas por parte de periodistas y políticos españoles poniendo el foco en las autoridades polacas y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, e incluso ha llegado al Parlamento Europeo de manos de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Grupo de Apoyo a Pablo González Madrid y de varios eurodiputados. 

Por otra parte, la respuesta institucional del Ministro de Asuntos Exteriores,  José Manuel Albares, que dijo que los hechos de los que se le acusa son «graves y muy serios» ha resultado muy polémica, pues hasta el momento no pesa acusación alguna sobre Pablo González. Asimismo el ministro asegura que se están respetando sus derechos fundamentales. 

Más tibia aún si cabe ha sido la respuesta de nuestro Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha manifestado que el Gobierno de España respeta el estado de derecho de Polonia así como la justicia de ese país, al igual que pedimos respeto para la española. La familia de Pablo González está muy molesta por el quehacer, o para ser más específico, por la inacción del gobierno español. 

Otro caso en el que también incurren numerosas irregularidades, tal y como manifiesta el prestigioso abogado y economista Guillermo Rocafort, es el de dos ciudadanos españoles extraditados a raíz de una orden de detención ilegal del estado francés. Santiago Pedraz fue el juez que ordenó su prisión condicional tras recibir la orden de detención y entrega, y el 21 de junio del año 2022 decenas de agentes de la UCO y gendarmes franceses irrumpieron en sus casas para detenerles en presencia de sus hijos menores. Más tarde la Audiencia Nacional avalaría dicha decisión. 

Ambos han sido imputados 16 delitos que equivalen a 30 años de cárcel en Francia, entre los que se encuentran el tráfico e importación de drogas, adquisición de armas, blanqueo de capitales, delitos informáticos, etc. Sus detenciones son fruto de una macrooperación que en 2020 realizó la policía europea en la que se detuvieron numerosos criminales en diversos países. Para ello fue intervenido el servicio de mensajería encriptado Encrochat, que utilizaban dichos criminales para comunicarse. 

Los móviles encriptados son una herramienta que puede emplearse para fines lícitos, pues resguardan la privacidad de las comunicaciones del usuario, o ilícitos, pero no debemos obviar que su comercialización en España es legal y que depende del usuario el uso que haga del mismo. Por hacer un símil, es como si acusaran de asesinato a un vendedor de menaje de cocina, negocio del todo legal, porque uno de sus clientes ha matado a alguien con un cuchillo que compró en su establecimiento. Sería algo similar a lo que ha sucedido en este caso. 

En CONFILEGAL, Guillermo Rocafort expone las numerosas anomalías que se han producido en la intervención de Encrochat y concluye: 

– Que ha habido un tratamiento de los datos por parte de la Policía Francesa tras el «hackeo» de Encrochat.

– Que hay errores y muy graves en dicho tratamiento de datos.

– Que un proceso penal construido sobre la base de una evidencia penal a la que no se puede tener pleno acceso para ejercitar el derecho de defensa, pues como dice Francia “no se proporcionará ninguna explicación técnica”, por estar sujeto al secreto de defensa nacional con penas de cárcel en caso de ser desvelado.

– Que este error evidenciado podría invalidar los procedimientos penales que se han abierto indiscriminadamente en la Unión Europea por un manifiesto y palpable vicio de origen.

– Que los datos suministrados tras el «hackeo» de Encrochat no son íntegros.

– Que las Naciones, incluida España, que están admitiendo como un dogma de fe el Hackeo de Encorchat no tienen ni tendrán jamás acceso a las herramientas propias del «hackeo» como a la metodología del tratamiento posterior efectuado en los datos transmitidos.

Muchos son los juristas que muestran dudas sobre esta investigación penal prospectiva del todo prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, mientras tanto dos ciudadanos españoles siguen en la cárcel sin poder ver a sus familiares.

España, según manifestó el Ministerio de Asuntos Exteriores, tan servil como de costumbre, ha solicitado junto a EEUU la liberación de un periodista estadounidense  del periódico The Wall Street Journal encarcelado en Rusia por espionaje, mientras guarda un clamoroso silencio sobre la situación de sus propios ciudadanos encarcelados de manera irregular en el extranjero.