El Ministro de Economía Carlos Cuerpo se muestra optimista ante la entrega, pero Europa quiere más transparencia.
España solicito en Marzo el sexto desembolso del Plan de Recuperación, por un total de 6.500 millones de euros. De los que 5.500 millones son transferencias a fondo perdido. Y el resto son préstamos. La Comisión Europea disponía de dos meses para evaluar si España ha cumplido 80 hitos asociados a este pago. Por lo que el Gobierno espera “buenas noticias” en breve ya que se acaba el plazo de revisión. Y Europa podría confirmar el desembolso.
España recibido hasta la fecha un total de 71.300 millones de los cuales 55.000 millones de euros en subvenciones (a fondo perdido) y 16.300 millones de euros en créditos.
Además de esta sexta entrega. El Gobierno prevé solicitar el séptimo y último pago a finales de Septiembre. Que supondría un desembolso adicional de 21.000 millones. Esta entrega estaría supeditada al cumplimiento de los 43 hitos y objetivos que quedan pendientes.
Cuerpo se muestra muy optimista con que el sexto pago se producirá, ya que del total de fondos se han adjudicado ya 67.000 millones (un 40 % a las comunidades autónomas y entidades locales), por lo que en palabras del ministro son «convocatorias ya cerradas con nombres y apellidos». El Ministro inauguro las jornadas «Impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los territorios», celebradas en el Senado con información sobre el uso de los fondos, indicando que el total de beneficiarios de estos fondo se cifra en 1,5 millones los beneficiarios, el 70 % micro pymes y pymes. El ministro no lo menciona, pero las grandes empresas han sido grandes beneficiarias.
El plan de recuperación fija como limite el 31 de agosto para cumplir los hitos comprometidos y limita hasta el 30 de septiembre como fecha para presentar las solicitudes de pago finales.
Los fondos europeos Next Generation EU son un paquete de estímulos económicos aprobado por la Unión Europea para responder a la crisis del COVID-19. Incluyen el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y REACT-EU, que apoyan reformas, inversiones y la recuperación en los países miembros. España figura entre los principales beneficiarios, con planes específicos para digitalización, transición ecológica y cohesión social.
Los fondos Next Generation EU han sido el principal motor de financiación pública en España desde 2021. Es decir que grandes proyectos de inversión pública y modernización del país no se estan pagando con impuestos o fondos propios del país. Sino que se estarían subvencionando con estos fondos, que tiene como fin principal proyectos de digitalización empresarial, transición energética, innovación industrial, movilidad sostenible y modernización de las administraciones públicas.
Que son fines que no admiten discusión, aunque podrían ser más necesarios o útiles otros, pero es lo que determina la UE y es muy crítica y vigilante con esto. Estando absolutamente prohibido utilizar estos fondos para otros fines.
Hecho que ha ocurrido en España ya que en Noviembre de 2024 el gobierno tuvo que recurrir a los fondos europeos para poder pagar pensiones de clases pasivas y los complementos a las pensiones mínimas.
Lo que ha hecho que la UE tenga una cierta desconfianza y que países como Alemania estén escandalizados.
Entre los proyectos financiados con los Fondos Next Generation se encuentra la creación de una Planta de hidrógeno verde de Puertollano (Ciudad Real) junto a Iberdrola y Fertiberia. La repotenciación eólica e hidroeléctrica en distintas comunidades autónomas, sustituyendo aerogeneradores antiguos por modelos más eficientes y modernización de centrales hidroeléctricas.
El quizá más famoso de digitalización y pymes, conocido como kit digital, consistente en bonos para digitalizar pequeñas empresas (web, ciberseguridad, e-commerce).
Tambien hay proyectos de digitalización del sistema sanitario, que incluye historia clínica interoperable, plataforma de datos de salud y equipamiento de alta tecnología hospitalaria.
Tambien se incluyen proyectos de compra de trenes para cercanías y medias distancias, equipamiento de autobuses eléctricos para transporte urbano. Tambien incluye creación de zonas de baja emisión y construcción de carril bici en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, La Coruña o Palma de Mallorca.
Y aunque el principal foco es la transición ecológica y la modernización digital. Entre los proyectos o hitos a conseguir con los fondos tambien se encuentran proyectos ligados a vivienda como rehabilitación energética de edificios y construcción de vivienda pública en alquiler asequible ( proyecto dotado con mas de 1000 millones).
Y proyectos ligados a la tan necesaria industrialización como el Perte Chip Diamond, un proyecto en Cáceres para crear una fábrica de semiconductores basados en diamante sintético. O el Perte VEC Vehículo eléctrico y conectado, con un presupuesto de 3000 millones que se materializa en la Gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto, Proyectos de Ford en Almussafes o apoyo al ecosistema de proveedores en Cataluña y País Vasco.
Tambien hay proyectos ligados a la industria naviera como la digitalización de astilleros Navantia
En los proyectos europeos, también se han otorgado fondos a la Formacion profesional con un presupuesto de 2000 millones para la modernización y creación de nuevos centros de FP Nuevos centros de FP en Madrid, Galicia, Castilla y León. Con nuevo equipamiento tecnológico como robótica, IA y fabricación aditiva. O mejora de infraestructura científicas con equipamiento para el CSIC y universidades.
El cumplimiento de hitos no es exactamente que los proyectos se realicen puesto que puede ser corto tiempo o ser procesos para ejecutar en medio plazo, o de manera consecutiva . El cumplimiento de hitos es el mecanismo central de control que utiliza la Unión Europea para decidir si un país recibe o no cada tramo de los fondos Next Generation EU.
Un hito (milestone) es un compromiso concreto, verificable y fechado que un Estado miembro debe cumplir para recibir un pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). E incluye reformas, cambios normativos, creación de sistemas, puesta en marcha de proyectos.
Un hito debe poder acreditarse con evidencia documental, con una pista de auditoría suficiente que permita demostrar su cumplimiento ante la Comisión Europea .
Para la UE un hito puede ser Hitos de reforma (normativos), que incluiría p.e la aprobación de una ley de vivienda o cambios en fiscalidad verde. Hitos de inversión (operativos) como el lanzamiento de una convocatoria de ayudas, la puesta en marcha de un sistema digital. Y también hitos de gobernanza como la creación de plataformas de seguimiento o sistemas de control antifraude.
Por tanto, el reto no es la es la falta de proyectos, el reto es la ejecución, la coordinación y el impacto real. España tiene una buena capacidad de diseño de programas, pero ejecución más lenta de lo óptimo y con mucha carga administrativa
Es decir, los planes y los proyectos están sobre el papel y en la teoría alineadas con el cumplimiento, pero la realidad es que los resultados y la ejecución no se estan percibiendo.
Faltaría el paso del “Powerpoint a la calle”. Distintas fuentes señalan retrasos en convocatorias y adjudicaciones, complejidad administrativa, falta de transparencia y dificultades de absorción, especialmente para algunas empresas y administraciones.
La dificultad de absorción puede deberse a una mala o poco realista planificación, que resta eficacia al plan.
La Comisión Europea ha ido aprobando los desembolsos a España porque considera cumplidos los hitos y objetivos asociados a cada tramo, aunque el cuarto pago (unos 10.021 millones) se retrasó y está sometido a una evaluación más exigente. En este pago fue donde se tomaron fondos para pensiones. España es uno de los mayores receptores y un país clave para demostrar que Next Generation EU puede transformar una economía muy dependiente de turismo y construcción. Por lo que el seguimiento es exhaustivo dada la cantidad de recursos otorgados y por poder ser una buena baza “propagandística” del buen hacer comunitario.
Al haberse producido retrasos en algunos hitos y la dificultad de seguir la gobernanza por la complejidad burocrática, está creciendo la sensación de que España va “cumpliendo, pero al límite de los plazos”.
La UE mantiene una postura de “confianza vigilante”: sigue liberando fondos porque los hitos se cumplen en papel, pero cada retraso en pagos o reformas aumenta la presión para que España acelere, simplifique trámites y demuestre impacto real en productividad, digitalización y transición verde.
Se puede establecer una comparación con otros grandes receptores de Fondos Next Generation que son Italia y Portugal.
Italia tiene un programa muy ambicioso en volumen; también con retos burocráticos, pero con ritmo de desembolsos algo más adelantado que España. Portugal es un país que se ve como relativamente ágil en absorción de los recursos, con menor volumen de proyectos, pero buena capacidad de ejecución. Ambos ya han recibido el cuarto pago.
España tiene pendiente de consolidar el cuarto pago, con una ejecución más lenta de lo optimo y mucha carga administrativa.
El problema de España es que tiene una estructura muy compleja formada por Administración General del Estado, diecisiete comunidades autónomas con competencias propias y distintas, ayuntamientos, múltiples ministerios , instituciones como diputaciones, cabildos, consells , agencias y empresas públicas . Además de los Perte y su compleja gobernanza (Un PERTE es un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, figura creada por el Gobierno en 2020 para gestionar los fondos europeos ) . Lo que hace de España el país más burocrático y complejo.
Países más pequeños o con menos niveles de gobierno (como Portugal) han podido simplificar más la gestión. (Esto es una inferencia a partir de los datos de ritmo de ejecución y tamaño institucional.)
Además, en España una parte relevante de los fondos llega a pymes y microempresas (ej. Kit Digital), lo que es positivo en términos de capilaridad, pero exige más acompañamiento y simplificación para que realmente se absorban y se traduzcan en cambios estructurales.
La Comisión ha retenido partes de algunos pagos cuando considera que una reforma no está plenamente cumplida (por ejemplo, aspectos de reforma fiscal, empleo público o digitalización de administraciones territoriales). La UE se ve obligada recordar constantemente a España que el dinero está condicionado a reformas sensibles (fiscales, laborales, administrativas) que generan desgaste político interno ( y por eso se estan postponiendo).”. Si las reformas estructurales se quedan descafeinadas por miedo al coste político, España puede terminar con mucho gasto, pero poca transformación.
En España los aspectos que mas cojean son la burocracia y los tiempos, el exceso de complejidad y la lentitud en adjudicar y pagar hacen que parte del potencial transformador se pierda en trámites.
Tambien hay una falta de Transparencia y previsibilidad. Empresas y Comunidades Autónomas reclaman calendarios claros, información anticipada y criterios más estables para poder planificar inversiones.
Tambien surge la duda, dado el clima de corrupción política del país, y el historial a través de los distintos gobiernos de claros casos de corrupción y desfalco si estos fondos tambien podrían estar afectados por casos corruptos.
La UE hace un profundo seguimiento y de momento no se ha detectado, pero sí que hay ciertos riesgos políticos que estan haciendo que estos fondos no cumplan su fin y que generan controversias.
La UE insiste en que los fondos no son solo para “gastar rápido”, sino para cambiar estructuras: productividad, mercado laboral, administración, sistema energético.
Hay dudas sobre si algunas medidas son realmente transformadoras o más bien subvenciones de corto plazo (bonos, ayudas puntuales, programas muy fragmentados).
Se percibe el riesgo de que las regiones y municipios con más capacidad técnica absorban mejor los fondos, mientras otros se queden atrás. Esto puede generar brechas internas dentro de España, algo que preocupa también a la UE porque choca con el objetivo de cohesión. Esto sin contar con que haya “ciertas prevendas” según que autonomías y su necesidad de contentar a socios parlamentarios.
También dada la estructura del país hay fuertes Tensiones territoriales. Comunidades Autónomas y ayuntamientos compiten por fondos, se quejan de reparto injusto, de centralismo o de favoritismo. Con discursos como que “Madrid se lo queda todo” o “el Gobierno premia a los suyos”. Agravando tensiones centro–periferia. los fondos, mal gestionados, pueden alimentar el agravio territorial.
La UE observa con atención la polarización política: cada cambio de gobierno o tensión parlamentaria puede poner en cuestión reformas comprometidas. El aviso implícito es: “no juguéis con los fondos como arma de política interna; los compromisos son de Estado”.
La Comisión Europea no ha podido acusar a España de corrupción en uso de fondos Next Generation, pero sí que ha detectado y publicado ciertas alertas.
España tiene miles de organismos implicados (ministerios, CCAA, ayuntamientos, empresas públicas, PERTE).
La UE advierte que la complejidad burocrática y el gran número de organismos implicados no solo dificulta la ejecución y la eficacia de los fondos, sino que tambien dificulta el control y aumenta la posibilidad de irregularidades. Por lo que
Bruselas ha pedido a España mejorar la trazabilidad de los contratos, la publicación de beneficiarios finales y la interoperabilidad de bases de datos. Esto no es una acusación, sino un aviso preventivo.
Tambien la UE ha pedido reforzar mecanismos para evitar que cargos públicos, empresas vinculadas políticamente o redes clientelares locales puedan influir en adjudicaciones. La UE está especialmente preocupada por el hecho de que los fondos se utilicen para reforzar redes clientelares locales especialmente en ayuntamientos y Comunidades Autónomas con baja capacidad técnica.
España ha optado por miles de convocatorias pequeñas (pymes, autónomos, municipios). Esto tiene ventajas sociales, pero dificulta auditorías, aumenta la probabilidad de errores y abre espacio a favoritismos locales.
Preocupando que la percepción pública de corrupción erosione la legitimidad del proyecto europeo. Aunque no haya corrupción real, si la ciudadanía cree que “se lo han repartido entre ellos”, el daño político es enorme.
En algunos PERTE de gran volumen y movilización de recursos y complejidad técnica como los de automoción, naval, aeroespacial, renovables, microchips…) mueven miles de millones la UE ha pedido a España más transparencia en criterios, más claridad en beneficiarios finales y más trazabilidad de subcontratistas. De momento no se han detectado tramas corruptas, pero sí falta de claridad en algunos procesos.
Otro problema de los fondos es la Contratación pública acelerada. Los fondos exigen plazos muy rápidos. Y el sistema de contratación pública española no es muy ágil, con múltiples pasos y protocolos. Por lo que cuando se acelera la contratación se reduce el tiempo de supervisión, se usan procedimientos excepcionales y se relajan controles previos. Por lo que la UE teme que la prisa genere errores o irregularidades, no necesariamente corrupción. Pero serian igualmente procesos no suficientemente limpios.
Además, la UE observa que, en España, cada partido acusa al otro de “repartirse los fondos”. Y que se usan los fondos como arma electoral. Gobierno y oposición usan los fondos como arma unos hablan de “éxito histórico”, otros de “reparto clientelar” o “chiringuitos”. El gran riesgo es que la ciudadanía deje de ver los fondos como una política de Estado y los perciba como botín de partido. Los fondos deberían ser un proyecto de país; se están convirtiendo en munición electoral.
Otro hecho muy llamativo para Europa es que se cuestionen reformas públicamente que ya han sido comprometidas con Bruselas. Lo que genera cierta sensación de incomodidad. La debilidad del gobierno y los cambios de gobierno desde 2020 genera una inestabilidad, que puede afectar a la calidad de las reformas.
La UE tambien avisa de la desafección ciudadana si el impacto no se nota. Se pasa: se anuncian miles de millones, pero mucha gente no ve cambios claros en su vida, sigue habiendo problemas de vivienda, y salarios bajos, además de servicios públicos saturados. La UE advierte de que hay un alto riesgo de que cale la idea de “se lo han quedado ellos”, lo que hace crezca la desconfianza hacia las instituciones y hacia la propia UE. El mayor riesgo político no es un gran escándalo de corrupción, sino el vacío que, después de tanto ruido y tanto dinero, la gente sienta que nada importante ha cambiado.
Por consiguiente, la Fiscalía Europea (EPPO) ha pedido a España más colaboración, más rapidez en remitir expedientes, y más trazabilidad en contratos
Al margen del optimismo del Ministro por recibir una sexta adjudicación de fondos y sentirse legitimado para pedir una séptima hay muchos puntos que España aún debe gestionar bien.
Si en los próximos dos años España acelera, simplifica y mide bien el impacto, puede salir de este ciclo con una economía más productiva; si no se verá como un ejemplo de cómo un buen volumen de dinero no basta sin reformas profundas y una administración más ágil. quedará la sensación de que se perdió una ocasión histórica y la UE será mucho más reticente a repetir un programa de este calibre.
Porque además queda en la memoria la anterior cesión de fondos de cohesión o del FEDER que tampoco se ejecutaron con corrección total, pero al menos modernizaron la red de carreteras y gracias a ellos se creo lo que en aquel entonces era la mejor red de tren de alta velocidad de Europa.
