Europa podría entregar el sexto desembolso de fondos Next Generation, ante cierta desconfianza sobre el grado de cumplimiento

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se muestra optimista ante la entrega, aunque Europa reclama una mayor transparencia.

España solicitó en marzo el sexto desembolso del Plan de Recuperación, por un total de 6.500 millones de euros, de los cuales 5.500 millones corresponden a transferencias a fondo perdido y el resto a préstamos. La Comisión Europea disponía de dos meses para evaluar si España ha cumplido los 80 hitos asociados a este pago. Por ello, el Gobierno espera «buenas noticias» en breve, ya que el plazo de revisión está a punto de finalizar y Europa podría confirmar el desembolso.

España ha recibido hasta la fecha un total de 71.300 millones de euros, de los cuales 55.000 millones corresponden a subvenciones a fondo perdido y 16.300 millones a créditos. Además de esta sexta entrega, el Gobierno prevé solicitar el séptimo y último pago a finales de septiembre, lo que supondría un desembolso adicional de 21.000 millones de euros. Esta entrega estaría supeditada al cumplimiento de los 43 hitos y objetivos que aún permanecen pendientes.

Cuerpo se muestra muy optimista respecto a que el sexto pago se producirá, ya que del total de fondos se han adjudicado ya 67.000 millones de euros —un 40 % destinados a comunidades autónomas y entidades locales—, por lo que, en palabras del ministro, son «convocatorias ya cerradas con nombres y apellidos».

El ministro inauguró las jornadas «Impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los territorios», celebradas en el Senado, donde informó sobre el uso de los fondos. Indicó que el número total de beneficiarios asciende a 1,5 millones, de los cuales el 70 % son micropymes y pymes. No obstante, el ministro no mencionó que las grandes empresas también han sido importantes beneficiarias de estos fondos.

El Plan de Recuperación fija como límite el 31 de agosto para cumplir los hitos comprometidos y establece el 30 de septiembre como fecha límite para presentar las solicitudes finales de pago. Los fondos europeos Next Generation EU son un paquete de estímulos económicos aprobado por la Unión Europea para responder a la crisis de la COVID-19. Incluyen el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y REACT-EU, que apoyan reformas, inversiones y la recuperación de los Estados miembros. España figura entre los principales beneficiarios, con planes específicos para la digitalización, la transición ecológica y la cohesión social.

Los fondos Next Generation EU han sido el principal motor de financiación pública en España desde 2021. Es decir, gran parte de los proyectos de inversión pública y modernización del país no se están financiando con impuestos o fondos propios, sino mediante estos recursos europeos, cuyo objetivo principal es impulsar la digitalización empresarial, la transición energética, la innovación industrial, la movilidad sostenible y la modernización de las administraciones públicas. Son objetivos difícilmente discutibles, aunque podrían considerarse más necesarios o prioritarios otros ámbitos. Sin embargo, estos son los fines establecidos por la Unión Europea, que mantiene una vigilancia estricta sobre su cumplimiento. Está absolutamente prohibido utilizar estos fondos para otros propósitos. No obstante, este hecho se ha puesto en cuestión en España, ya que en noviembre de 2024 el Gobierno tuvo que recurrir a fondos europeos para afrontar el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a pensiones mínimas. Esto ha contribuido a generar cierta desconfianza en la Unión Europea y ha provocado críticas en países como Alemania.

Entre los proyectos financiados con fondos Next Generation se encuentra la creación de una planta de hidrógeno verde en Puertollano (Ciudad Real), desarrollada junto a Iberdrola y Fertiberia. También destacan proyectos de repotenciación eólica e hidroeléctrica en distintas comunidades autónomas, sustituyendo aerogeneradores antiguos por modelos más eficientes y modernizando centrales hidroeléctricas.

Uno de los programas más conocidos es el Kit Digital, consistente en bonos destinados a la digitalización de pequeñas empresas mediante páginas web, ciberseguridad o comercio electrónico. También existen proyectos para la digitalización del sistema sanitario, que incluyen la historia clínica interoperable, plataformas de datos sanitarios y equipamiento hospitalario de alta tecnología.  Asimismo, se financian proyectos para la adquisición de trenes de cercanías y media distancia, así como autobuses eléctricos para transporte urbano. También se incluyen la creación de zonas de bajas emisiones y la construcción de carriles bici en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña o Palma de Mallorca.

Aunque el foco principal es la transición ecológica y la modernización digital, entre los proyectos financiados también figuran iniciativas relacionadas con la vivienda, como la rehabilitación energética de edificios y la construcción de vivienda pública en alquiler asequible, un programa dotado con más de 1.000 millones de euros.

Igualmente, se financian proyectos ligados a la industrialización, como el PERTE Chip Diamond, destinado a crear en Cáceres una fábrica de semiconductores basados en diamante sintético, o el PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), con un presupuesto de 3.000 millones de euros que se materializa en iniciativas como la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto, los proyectos de Ford en Almussafes o el apoyo al ecosistema de proveedores en Cataluña y el País Vasco. También existen proyectos relacionados con la industria naval, como la digitalización de los astilleros de Navantia.

En el ámbito educativo, los fondos europeos también han destinado alrededor de 2.000 millones de euros a la Formación Profesional para la modernización y creación de nuevos centros en comunidades como Madrid, Galicia y Castilla y León, dotándolos de equipamiento tecnológico relacionado con la robótica, la inteligencia artificial y la fabricación aditiva. Asimismo, se han financiado mejoras en infraestructuras científicas y equipamiento para el CSIC y diversas universidades.

e puede establecer una comparación con otros grandes receptores de los fondos Next Generation, como Italia y Portugal. Italia cuenta con un programa muy ambicioso en cuanto a volumen. También afronta retos burocráticos, pero mantiene un ritmo de desembolsos algo más avanzado que España. Portugal, por su parte, se percibe como un país relativamente ágil en la absorción de recursos, con un menor volumen de proyectos, pero una buena capacidad de ejecución. Ambos países ya han recibido el cuarto pago.

España tiene aún pendiente consolidar el cuarto pago, con una ejecución más lenta de lo óptimo y una elevada carga administrativa. El problema de España es que cuenta con una estructura muy compleja, formada por la Administración General del Estado, diecisiete comunidades autónomas con competencias propias, ayuntamientos, múltiples ministerios, instituciones como diputaciones, cabildos, consells, agencias y empresas públicas. A ello se suma la compleja gobernanza de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), una figura creada por el Gobierno en 2020 para gestionar los fondos europeos. Todo ello convierte a España en un sistema especialmente burocrático y complejo.

Países más pequeños o con menos niveles de gobierno, como Portugal, han podido simplificar más la gestión. Esta es una inferencia basada en los datos de ejecución y en el tamaño de sus estructuras institucionales. Además, en España una parte relevante de los fondos llega a pymes y microempresas —por ejemplo, a través del Kit Digital—, lo que resulta positivo en términos de capilaridad, pero exige un mayor acompañamiento y simplificación para garantizar que los recursos se absorban adecuadamente y se traduzcan en cambios estructurales.

La Comisión Europea ha retenido parte de algunos pagos cuando considera que determinadas reformas no se han cumplido plenamente, por ejemplo en aspectos relacionados con la reforma fiscal, el empleo público o la digitalización de las administraciones territoriales. La Unión Europea recuerda constantemente a España que estos fondos están condicionados al cumplimiento de reformas sensibles —fiscales, laborales y administrativas— que generan desgaste político interno y cuya aplicación, en algunos casos, se está retrasando. Si las reformas estructurales terminan descafeinándose por miedo al coste político, España podría acabar realizando un elevado gasto con una capacidad transformadora limitada.

En España, los aspectos que más dificultades presentan son la burocracia y los plazos. El exceso de complejidad y la lentitud en los procesos de adjudicación y pago hacen que parte del potencial transformador de los fondos se pierda en trámites administrativos. También existe una falta de transparencia y previsibilidad. Empresas y comunidades autónomas reclaman calendarios claros, información anticipada y criterios más estables que les permitan planificar sus inversiones. Asimismo, surge la duda de si, dado el clima de corrupción política y el historial de casos de corrupción y malversación registrados bajo distintos gobiernos, estos fondos podrían verse afectados por prácticas irregulares.

La Unión Europea realiza un seguimiento exhaustivo y, hasta el momento, no ha detectado casos de corrupción vinculados a estos fondos. Sin embargo, sí identifica ciertos riesgos políticos que podrían dificultar el cumplimiento de sus objetivos y generar controversia. Bruselas insiste en que estos recursos no están destinados únicamente a «gastar rápido», sino a transformar estructuras fundamentales como la productividad, el mercado laboral, la administración pública o el sistema energético. También existen dudas acerca de si algunas medidas son realmente transformadoras o si, por el contrario, se limitan a subvenciones de corto plazo, ayudas puntuales o programas excesivamente fragmentados.

Se percibe además el riesgo de que las regiones y municipios con mayor capacidad técnica absorban una parte más importante de los fondos, mientras que otros territorios queden rezagados. Esto puede generar brechas internas dentro de España, algo que preocupa a la Unión Europea por contradecir el objetivo de cohesión territorial. A ello se añade la sospecha de posibles privilegios hacia determinadas comunidades autónomas en función de necesidades políticas o parlamentarias.

Asimismo, la propia estructura territorial del país genera tensiones significativas. Comunidades autónomas y ayuntamientos compiten por los fondos y denuncian repartos injustos, centralismo o favoritismo. Son frecuentes discursos como «Madrid se lo queda todo» o «el Gobierno premia a los suyos». De este modo, unos fondos mal gestionados pueden alimentar el agravio territorial y profundizar las tensiones entre el centro y la periferia.

La Unión Europea observa con atención la polarización política, ya que cualquier cambio de gobierno o tensión parlamentaria puede poner en cuestión reformas previamente comprometidas. El mensaje implícito es claro: los fondos no deben utilizarse como arma política interna, ya que los compromisos adquiridos tienen carácter de Estado. La Comisión Europea no ha acusado a España de corrupción en el uso de los fondos Next Generation, pero sí ha identificado y publicado diversas alertas.

España cuenta con miles de organismos implicados en la gestión de estos recursos: ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas y PERTE. La Unión Europea advierte de que esta complejidad burocrática no solo dificulta la ejecución y reduce la eficacia de los fondos, sino que también complica las tareas de control y aumenta el riesgo de irregularidades. Por ello, Bruselas ha solicitado a España una mejora de la trazabilidad de los contratos, una mayor transparencia sobre los beneficiarios finales y una mejor interoperabilidad entre bases de datos. No se trata de una acusación, sino de una advertencia preventiva.

Asimismo, la Unión Europea ha pedido reforzar los mecanismos destinados a evitar que cargos públicos, empresas con vínculos políticos o redes clientelares locales puedan influir en los procesos de adjudicación. Existe una preocupación especial por el posible uso de estos fondos para fortalecer redes clientelares en ayuntamientos y comunidades autónomas con menor capacidad técnica.

España ha optado por miles de convocatorias dirigidas a pymes, autónomos y municipios. Esta estrategia tiene ventajas desde el punto de vista social, pero dificulta las auditorías, aumenta la probabilidad de errores y abre espacios potenciales para favoritismos locales. También preocupa que la percepción pública de corrupción pueda erosionar la legitimidad del proyecto europeo. Aunque no exista corrupción real, si la ciudadanía percibe que «se lo han repartido entre ellos», el daño político puede ser considerable.

En algunos PERTE de gran volumen económico y elevada complejidad técnica —como los vinculados a la automoción, la industria naval, la aeronáutica, las energías renovables o los microchips—, que movilizan miles de millones de euros, la Unión Europea ha solicitado una mayor transparencia en los criterios de adjudicación, una identificación más clara de los beneficiarios finales y una mayor trazabilidad de los subcontratistas. Hasta ahora no se han detectado tramas corruptas, pero sí falta de claridad en determinados procedimientos.

Otro de los problemas es la contratación pública acelerada. Los fondos exigen plazos muy reducidos y el sistema español de contratación pública no se caracteriza precisamente por su agilidad, debido a la existencia de numerosos procedimientos y controles. Cuando los procesos se aceleran, disminuye el tiempo disponible para la supervisión, se recurre a mecanismos excepcionales y se relajan determinados controles previos. Bruselas teme que esta urgencia genere errores o irregularidades, aunque no impliquen necesariamente corrupción. En cualquier caso, podrían dar lugar a procedimientos insuficientemente garantistas.

Además, la Unión Europea observa que en España cada partido acusa al contrario de «repartirse los fondos» y que estos recursos se utilizan como herramienta de confrontación política. Mientras el Gobierno los presenta como un «éxito histórico», la oposición habla de «reparto clientelar» o de «chiringuitos». El principal riesgo es que la ciudadanía deje de percibir los fondos como una política de Estado y pase a considerarlos un botín partidista. Lo que debería ser un proyecto de país corre el riesgo de convertirse en simple munición electoral.

Otro aspecto que llama la atención en Bruselas es que se cuestionen públicamente reformas ya comprometidas con la Unión Europea. Esto genera incomodidad e incertidumbre. La debilidad parlamentaria del Gobierno y los cambios políticos producidos desde 2020 añaden un elemento de inestabilidad que puede afectar a la calidad y continuidad de las reformas.

La UE tambien avisa de la desafección ciudadana si el impacto no se nota. Se  pasa: se anuncian miles de millones, pero mucha gente no ve cambios claros en su vida, sigue habiendo problemas de vivienda, y salarios bajos, además de servicios públicos saturados.  La UE advierte de que hay un alto riesgo de que cale la idea de “se lo han quedado ellos”,  lo que hace  crezca la desconfianza hacia las instituciones y hacia la propia UE. El mayor riesgo político no es un gran escándalo de corrupción, sino el vacío que, después de tanto ruido y tanto dinero, la gente sienta que nada importante ha cambiado.

Por consiguiente,  la Fiscalía Europea (EPPO) ha pedido a España más colaboración, más rapidez en remitir expedientes, y más  trazabilidad en contratos. Al margen del optimismo del Ministro por recibir una sexta adjudicación de fondos y sentirse legitimado para pedir una séptima hay muchos puntos que España aún debe gestionar bien.

Si en los próximos dos años España acelera, simplifica y mide bien el impacto, puede salir de este ciclo con una economía más productiva; si no se verá como un ejemplo de cómo un buen volumen de dinero no basta sin reformas profundas y una administración más ágil. quedará la sensación de que se perdió una ocasión histórica y la UE será mucho más reticente a repetir un programa de este calibre.

Porque además queda en la memoria la anterior cesión de fondos de cohesión o del FEDER que tampoco se ejecutaron con corrección total, pero al menos modernizaron la red de carreteras y gracias a ellos se creo lo que en aquel entonces era la mejor red de tren de alta velocidad de Europa.