Cuando hablamos del modelo migratorio actual, que se caracteriza por la masividad, debemos tener en cuenta que hay una motivación política y económica detrás. Y no, no se trata de teorías de la conspiración en las que una malvada élite tiene un plan oculto con el que destruir nuestra sociedad. Es todo más sencillo, o mejor dicho, es más realista.
Hay intereses en que la afluencia migratoria masiva no se detenga, a pesar de los numerosos problemas que genera, sin hacer distinción entre la inmigración legal o la ilegal. Se puede hablar del aumento de la inseguridad en las calles, de la devaluación de los salarios y su estancamiento, del aumento del coste de la vivienda, del enorme gasto público que supone y muchas otras problemáticas derivadas de la inmigración, puesto que los fenómenos no se hallan aislados y están en relación unos con otros. Hemos hablado numerosas veces de estos problemas en El Enclave, pero es necesario hablar de los principales responsables de este modelo migratorio.
Si hablamos de quién es la culpa del problema del modelo migratorio lo primero que nos viene a la cabeza, son los políticos. Específicamente se le achaca al PSOE la culpabilidad, cuando en realidad la inmigración masiva comenzó en España bajo el gobierno de Aznar (PP). Los dos partidos del turno en España, PSOE y PP, han realizado regularizaciones masivas de inmigrantes en nuestro país.
La realidad es que la dicotomía entre izquierda y derecha no es suficiente para explicar este fenómeno. Por ejemplo en Reino Unido, bajo el gobierno de Margaret Thatcher se produjo una gran afluencia de inmigración, incluso bajo su gobierno se favoreció legislativamente la proliferación de los tribunales islámicos. En la misma época en Estados Unidos, Ronald Reagan, regularizó a 3 millones de inmigrantes ilegales por medio de la Ley Simpson-Rodino en 1986. Si vamos a la actualidad vemos el caso italiano donde gobierna Giorgia Meloni, quien pretende en los próximos tres años, importar a 500.000 extranjeros extracomunitarios para cubrir puestos de trabajo.
La realidad es que los partidos liberales populistas calificados de «extrema derecha», solo hablan de inmigración ilegal, cuando el problema es la legal y la ilegal en su conjunto. Se advierte en este tipo de formaciones un populismo electoralista que en realidad ni soluciona ni pretende solucionar el problema, como se muestra claramente en el caso italiano. La cuestión de fondo es importar mano de obra más barata –por lo que no importa que sea legal o ilegal– para devaluar los salarios y las condiciones laborales, pudiendo abaratar costes y obtener más beneficios económicos.
Para ir al fondo de la cuestión debemos observar quién está constantemente exhortando a importar mano de obra extranjera, y quien celebra las regularizaciones masivas de inmigrantes. Dejaremos de lado el negocio de las ONGs con la inmigración, que no dejan de funcionar como empresas, en plena colaboración con las mafias; también dejaremos de lado a los empresarios negreros que tienen a sus trabajadores extranjeros, principalmente ilegales, en condiciones laborales cuasi esclavistas, lo cual llevaría a extendernos demasiado.
Son los organismos representantes de la patronal (nacional e internacional) los que no paran de hacer llamamientos para que haya más inmigración. En el caso español tenemos a la CEOE. Solo basta una búsqueda en google para encontrar declaraciones de su presidente, Antonio Garamendi a favor de la inmigración. La CEOE se ha mostrado favorable a las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. La ultima ILP de 2024 contó con su apoyo, y en la mas reciente de este año, la CEOE se ha mostrado partidaria criticando solo el hecho de que no haya sido aprobada por el Congreso de los Diputados, como en la anterior de 2024 en la que solo Vox votó en contra. Por otra parte, el Banco de España no para de recalcar la necesidad de más inmigración, así como el Banco Central Europeo, alegando un supuesto impulso económico únicamente reflejado en el PIB y no en la vida de los ciudadanos de a pie.
Es un hecho claro que la patronal, la banca y las formaciones políticas sean del pelaje que sean, se encuentran en clara comunión. Lo que unos exigen los otros lo plasman en leyes y acuerdos. Esto se hace patente en el consenso que hay con los programas de migración circular con países como Mauritania o Gambia para importar trabajadores extranjeros. Ambos actores tienden a olvidar el desempleo nacional o a los españoles que viven fuera de España y priman al trabajador foráneo para cubrir empleos, devaluando y estancando de paso los salarios, como ya hemos mencionado anteriormente. Recordemos que en España según informes de la OCDE y del INE, los salarios llevan estancados 30 años. Esto se debe en gran parte a que las empresas disponen, empleando palabras de Karl Marx, un ejército industrial de reserva internacional.
Llegados a este punto, es imprescindible mencionar casos concretos de empresas que buscan mano de obra extranjera para clarificar la cuestión. Podemos hablar por ejemplo de la empresa cárnica Litera Meat en Aragón, que en lugar de atraer trabajadores del territorio nacional decidió buscarlos en Colombia para cubrir 400 puestos de trabajo. En la misma línea, también el año pasado, el Corte Inglés, Carrefour e Ikea declararon que era necesario un plan para cubrir 16.000 puestos de empleo, mientras tanto, se han dado protestas de los trabajadores del Corte Inglés debido a las malas condiciones de trabajo. Un caso más reciente ha sido la iniciativa impulsada por la patronal andaluza de transportes Usintra, la cual busca mediante un acuerdo con Turquía, traer a 30.000 camioneros a España.
El papel de la patronal en el conocido «efecto llamada» es fundamental y no se entiende sin la misma. Paralelamente los partidos del turno político se revelan como su principal representante y conceden lo que piden. Además, habitualmente gran cantidad de políticos son empresarios. Ni la patronal ni el gobierno tienen en cuenta el impacto negativo del actual modelo migratorio, que no se entiende fuera de nuestro actual modelo económico. Solo piensan en su beneficio particular y no en el bien común de la sociedad española.
