Más de 150 inmigrantes ilegales caminaron este miércoles seis kilómetros hasta la Plaza de la Constitución en Guardamar del Segura (Alicante), donde se encuentra el ayuntamiento. Su objetivo era visibilizar el limbo administrativo y legal en el que se encuentran en España, ya que no pueden trabajar pese a estar en acogida. Culpan a la ONG Cepaim de la lentitud en la tramitación de permisos laborales, asegurando que en otros centros el proceso es más rápido.
Estos jóvenes, en su mayoría senegaleses y malienses de entre 20 y 30 años, portaban carteles con la palabra «trabajo» durante la protesta. Residen en un hotel en la antigua residencia de los Hermanos Maristas, al norte del municipio.
El alcalde José Luis Sáez, el concejal de Servicios Sociales José María Hernández y un técnico municipal que habla francés aceptaron reunirse con representantes del grupo, pero aseguran que no pueden hacer más que escucharles. Los inmigrantes critican la falta de programas de formación en español y las deficientes condiciones de limpieza y servicios en el alojamiento.
Un pequeño grupo de senegaleses ha conseguido trabajos agrícolas en La Marina, pero la mayoría sigue sin acceso a empleo.
Procedentes de Canarias, fueron redistribuidos en varias comunidades debido a la saturación de los centros de acogida. En Guardamar del Segura, 260 personas viven en la antigua residencia de Maristas, gestionada anteriormente por CEAR y ahora por la Fundación Cepaim. El Ministerio de Migraciones e Inclusión Social firmó un acuerdo con los hoteles para su alojamiento y manutención, sin participación del ayuntamiento.
Llegaron a España tras viajes de hasta ocho días en patera, pagando a mafias. Ahora, sus países de origen rechazan la repatriación y su situación sigue sin resolverse. Reclaman una solución que les permita trabajar y dejar atrás la inactividad en la que llevan meses.
