Sergio Fernández contactó a los servicios de protección del menor de la Junta de Andalucía el 24 de agosto de 2019. Advirtió que su hijo, también llamado Sergio, estaba en peligro bajo la custodia de su madre, Ana María. Pese a realizar 11 solicitudes de auxilio en mes y medio, nadie intervino. El 10 de octubre, Ana María estranguló al niño, de 7 años, colocó su cuerpo en el coche y condujo desde Huércal de Almería hasta Las Norias de Daza, donde alertó a una conocida. Tres días antes del crimen, un juez le había retirado la custodia a la madre, pero esa resolución no llegó a ejecutarse.

El Consejo Consultivo de Andalucía concluyó que la Junta y la Diputación de Almería fallaron en proteger al menor, obligándolas a indemnizar al padre con 140.000 euros. Este órgano consideró evidente el riesgo para el niño debido a las denuncias previas y destacó que las administraciones debieron adoptar medidas cautelares. Entre el 24 de agosto y el 10 de octubre, no reaccionaron, a pesar de las reiteradas llamadas del padre los días 25 de agosto y 9, 15 y 23 de septiembre. Estas alertas, reforzadas por denuncias ante la Guardia Civil en junio, julio y septiembre, deberían haber generado una respuesta inmediata.

El 23 de septiembre, el propio niño pidió ayuda en mensajes a su abuela materna, revelando agresiones de su madre. Sergio Fernández, indignado, declaró que los servicios sociales minimizaron la gravedad del caso, incluso la misma mañana del asesinato.

El Consejo Consultivo determinó que la pasividad del Servicio de Protección de Menores influyó directamente en la muerte del niño. Además, destacó la falta de acción de la Junta y la Diputación, subrayando su responsabilidad al no intervenir pese a conocer la situación crítica de la familia.