El CIS de este mes aborda la valoración del trabajo en la Administración y la percepción sobre la época de la dictadura de Franco.
Se ha publicado recientemente el barómetro mensual del CIS. Como cada mes, se difundieron los resultados de intención de voto, no exentos de polémica. El propio hecho de que todos los meses se financie con dinero público un estudio de este tipo es bastante atípico: España es uno de los pocos países europeos que lo hace.
Además de la intención de voto, se analiza de manera continua cuáles son los principales problemas o preocupaciones de los ciudadanos, tanto a nivel nacional como particular. Al margen de la intención de voto, este estudio pretende tomar el pulso a la realidad social española y evaluar temas de actualidad, aunque la elección de dichos temas también resulta bastante arbitraria y no exenta de fines políticos o ideológicos.
En el mes de septiembre, los temas tratados fueron la valoración del trabajo de los funcionarios y su comparación con el empleo privado, la actitud del Gobierno ante el conflicto de Gaza y… el comodín de Franco.
Las preguntas sobre la valoración del trabajo en la Administración resultan, cuanto menos, extrañas, ya que parecen buscar una confrontación entre el empleo público y el privado, creando una brecha artificial, sin sentido y difícilmente sostenible. Los resultados podrían considerarse preocupantes, dada la elevada valoración aspiracional del empleo público frente al trabajo en el sector privado o el emprendimiento.
Se consideran claramente mejores las condiciones laborales en la Administración en cuanto a retribución salarial, prestigio social, posibilidades de promoción, posibilidad de teletrabajo y flexibilidad horaria. Solo en aspectos como la autorrealización o el ambiente laboral (relación con compañeros y superiores) se perciben niveles similares a los del sector privado. Es destacable que el grupo de edad de 35 a 44 años sea el que mejor valora, en todos los aspectos, el trabajo en el sector público.
El votante del PSOE es quien considera mucho mejor el empleo público en términos de prestigio, capacidad de promoción, buen ambiente laboral y conciliación entre trabajo y familia. La valoración del salario público, sin embargo, se mantiene bastante igualada entre votantes de todos los partidos. Curiosamente, los votantes del PP y Vox son quienes creen en mayor medida que el teletrabajo está mejor regulado en la Administración.
La ecuación parece perfecta: para satisfacer al votante del PSOE de entre 35 y 44 años, la clave estaría en generar más empleo público. También se pregunta sobre el proceso de acceso al empleo público, un tema potencialmente polémico. La pregunta no distingue entre funcionarios (que acceden mediante oposición) y empleados públicos contratados por otros medios (como designación directa o “dedazo”). Además, puede alimentar el discurso de que ciertos puestos están reservados a los privilegiados —recordemos aquellas declaraciones que señalaban que solo las personas con alto nivel económico podían llegar a juez—, sirviendo así para justificar “otras” vías de acceso.
Por otro lado, esta pregunta podría haber buscado medir si existe la percepción de enchufismo en la Administración o, al contrario, poner en duda que los exámenes u oposiciones garanticen realmente la igualdad de oportunidades. Con Tezanos, nunca se sabe qué intenciones hay detrás. Lo cierto es que, aunque la pregunta no aclara a qué tipo de trabajadores públicos se refiere (si a los que acceden por oposición o por designación directa), la confianza en la imparcialidad de los procesos de selección es muy baja.
En una escala de 0 a 10, la nota media es de 5,4 (aprobado justo), y un 10 % de la población declara no tener ninguna confianza en dichos procesos (puntuación 0). No se observan grandes diferencias por edad, aunque los votantes de Vox son los más desconfiados: uno de cada cuatro les otorga un 0 en confianza.
Además de esta desconfianza, el estudio profundiza en otros aspectos del sistema con resultados demoledores: solo el 50 % cree que garantiza la igualdad de oportunidades; el 52 % opina que no selecciona a los candidatos más capacitados; el 78 % considera que favorece a quienes disponen de más tiempo y recursos para prepararse; el 63 % afirma que tiene una carga excesivamente memorística frente al contenido práctico; y un 49 % considera que no valora adecuadamente la experiencia previa. Por último, un 63 % cree que el empleo público resulta atractivo para los jóvenes.
Resulta paradójico que el trabajo público se perciba como mucho mejor que el privado, pero el sistema de acceso sea evaluado tan negativamente. ¿Los mejores empleos no están, entonces, asignándose justamente? Esta percepción social, desde luego, no es alentadora. Como en otros temas, se observan diferencias significativas por edad y sesgo ideológico.
El votante del PSOE es el más defensor del sistema, pues es quien más cree que garantiza la igualdad de oportunidades, selecciona a los más capacitados y valora adecuadamente las competencias previas y la experiencia profesional. Sin embargo, de forma contradictoria, es también —junto con los votantes de Sumar— el grupo que más considera (más del 80 %) que el sistema favorece a quienes tienen más tiempo y recursos para prepararse.
Por edad, hay una clara polarización: el proceso de selección se valora mejor entre los más jóvenes (18-24 años) y los más mayores (75 o más). Resulta alarmante que tantos jóvenes vean su horizonte profesional en la Administración pública, pues ello puede limitar la innovación y el crecimiento del país.
En esta oleada del barómetro también se pregunta por la actuación del Gobierno español —y de su presidente, Pedro Sánchez— ante la situación en la Franja de Gaza. Las entrevistas se realizaron entre el 1 y el 7 de octubre, antes del acuerdo de paz y también antes de la convocatoria de huelga general en protesta por la situación.
La mayoría de la población (54 %) indica estar poco o nada de acuerdo con la gestión del Gobierno. El cuestionario no aclara si esta valoración negativa se debe a considerar que la actuación ha sido excesiva o insuficiente.
Esta percepción crítica se mantiene en todos los grupos de edad. No obstante, quienes mejor valoran la gestión del Gobierno ante el conflicto son los encuestados que se identifican como clase trabajadora o proletaria: el 50 % de ellos declara estar muy o bastante de acuerdo con la actuación del Ejecutivo, frente al 35 % del conjunto de la población.
Aunque los votantes del PSOE y Sumar presentan valoraciones superiores a la media, también existe un sector crítico: un 28 % de los votantes del PSOE y un 29 % de los de Sumar dicen estar poco o nada de acuerdo con la gestión del Gobierno.
En septiembre, aunque no coincidió exactamente con el 50.º aniversario de la muerte de Franco, el CIS volvió a introducir el tema en el cuestionario.
Se preguntó cómo fueron, a juicio de los encuestados, los años de la dictadura franquista para España y los españoles. Un 65 % respondió que fueron malos o muy malos, pero 2 de cada 10 consideraron que fueron buenos o muy buenos.
Cuanto más lejos se está de haber vivido esa época, peor se valora. La dictadura se prolongó entre 1939 y 1975, por lo que quienes la recuerdan —pongamos, desde los 12 años— tienen hoy al menos 62 años. Los jóvenes de 18 a 24 años la valoran negativamente en un 71 %; el porcentaje baja al 68 % en el grupo de 25 a 34 años, al 67 % en el de 35 a 44, al 64 % entre 45 y 74 años y al 58 % en los mayores de 75.
Evidentemente, una dictadura nunca puede valorarse positivamente, pero los datos reflejan un claro sesgo generacional, probablemente influido por la educación recibida. Es la clase baja o pobre la que valora menos negativamente ese periodo: un 62 % lo considera malo o muy malo, situándose por debajo de la media nacional. Resulta especialmente destacable que solo un 17 % de los votantes de Vox valoren negativamente la dictadura.
Cuando se compara el régimen democrático con el franquista, un 18 % de la población considera que la democracia es peor o mucho peor. Que casi 2 de cada 10 españoles valoren la democracia por debajo del franquismo debería invitar a la reflexión. Un 35 % considera que la democracia es “mucho mejor” y un 41 % afirma simplemente que es “mejor”. No se observan grandes diferencias por edad.
Lo verdaderamente llamativo es que, medio siglo después de la muerte de Franco, el CIS siga preguntando por un régimen desaparecido, cuando las principales preocupaciones de los españoles son la vivienda, la inmigración, el paro y la precariedad laboral.
