La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (Partido Socialdemócrata), anunció la semana pasada su plan para prohibir el uso de prendas como el niqab en los colegios y universidades de todo el país.
La prohibición se aplica a los estudiantes, el personal docente y el personal de las instituciones educativas, tanto en horario escolar como en actividades o clubes extraescolares. La declaración oficial del gobierno danés afirma que los niqabs y burkas «impiden la comunicación entre estudiantes y maestros». El ministro de Educación e Investigación dijo que no quieren ropa que cubra la cara, ya que “Dinamarca es una sociedad abierta donde estamos acostumbrados a vernos cara a cara”.
Este proyecto no es exactamente nuevo, ya que los primeros movimientos y llamamientos a la prohibición del burka y niqab fueron hechos por primera vez por el Partido del Progreso en 2003, mucho antes de que se unieran al gobierno de coalición en 2013. Esta moción fue rechazada. En 2016, el tema se llevó a consultas formales al Parlamento danés, pero la ministra de Integración en ese momento, Sylvi Listhaug, declaró que el gobierno no perseguiría una prohibición nacional de los niqabs y otras prendas de cobertura facial. Listhaug consideró que la cuestión no tenía el apoyo de la mayoría del Parlamento, ya que el Partido Laborista y el Partido Liberal estaban en contra en ese momento.
En la actualidad, el gobierno es de coalición, y ante una petición del Partido Liberal (a través de su ministro de Educación), se ha vuelto a hacer la propuesta. Esta vez la propuesta fue vista favorablemente y en junio se aprobó con 91 votos a favor y 8 en contra. Los votos en contra del proyecto de ley fueron de representantes de los partidos Rojos y Verdes, mientras que la Izquierda Socialista estaba a favor de la prohibición, pero solo para los maestros, no para los estudiantes.
Según la primera ministra, las razones de la prohibición son claras y ha afirmado que “Dios debe quedar a un lado” para que “la democracia prevalezca” cuando se trata de la educación. Frederiksen remarca y advierte de la existencia de “represión inherente al control social dentro del islam”.
Su plan continúa con la retirada de salas destinadas al rezo en instalaciones educativas. “Tenemos derecho a ser creyentes y a practicar nuestra religión, pero la democracia va primero”. Con esto, se busca “dejar claro que las universidades no deben contar con instalaciones religiosas”, y ha instado a los ministros implicados a “lograr soluciones conjuntas”.
Las nuevas medidas contemplan multas para aquellas mujeres que lleven un velo que cubra el rostro. A pesar de haber sido discutido durante un período prolongado, Dinamarca no es el primer país en aprobar dicha prohibición.
Estas medidas ya se han tratado de aplicar o han comenzado a aplicarse en otros países como Francia, que prohibió por primera vez el uso de prendas de vestir en público en 2011. Esta ley divide a la población hoy en día y ha sido criticada por Amnistía Internacional, que cree que todas las mujeres deben ser libres de usar ropa que exprese su identidad o creencias. El director europeo de Amnistía ha declarado que “aunque es posible que algunas restricciones específicas al uso de velos de cara completa por motivos de seguridad pública sean legítimas, esta prohibición general no es necesaria ni proporcional y viola los derechos a la libertad de expresión y religión”.
Otros países como Holanda y Suecia se lo están planteando. En España, ha habido algunos intentos, como en el Ayuntamiento de Terrassa. Caso aparte es el movimiento «Por una España libre de velos», iniciado por las profesoras universitarias Sonia Sierra y Elena Ramallo, que en abril de 2025 propusieron legislar la prohibición del hiyab en centros escolares y del niqab y burka en espacios públicos.
Las profesoras argumentan que estas prendas, especialmente cuando son impuestas a menores, vulneran los principios de libertad, igualdad y dignidad humana consagrados en la Constitución española. Señalan que el uso del velo puede dificultar la audición en el aula y transmitir un mensaje de sumisión femenina, mientras que el ocultamiento total del rostro compromete la seguridad ciudadana.
La iniciativa ha generado un amplio debate social y político, con más de 8.700 firmas recogidas hasta la fecha. Las promotoras apelan a la ciudadanía para respaldar esta propuesta, destacando que no se trata de una cuestión de racismo o intolerancia, sino de defender los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.